FABIÁN ANDRÉS CAMBERO

Las inversiones en la vital industria minera en Chile se retrasarán en los próximos dos años mientras el mayor productor mundial de cobre avanza en la discusión de una nueva Constitución, dijo a Reuters un alto ejecutivo del sector.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) -que agrupa al sector-, estima que en la medida que se avance en la discusión de temas se van a entender mejor los límites que tendrán los cambios a la carta magna.

El ejecutivo consideró que dado el impacto de la pandemia en el mercado del cobre, no se requerirán iniciativas adicionales a las que se construyen en un plazo de 2-3 años, lo que coincide en los tiempos y da un alivio a los inversionistas para esperar la evolución de la situación en el país.

"Difícilmente un proyecto de una magnitud muy grande se va a empezar a ejecutar en estos próximos dos años hasta que no haya claridad en la nueva Constitución", comentó.

El "Apruebo" a avanzar en la redacción de una nueva carta fundamental obtuvo cerca del 80% de los votos en un referendo a finales de octubre, con lo que se abre un proceso de más de un año para elegir constituyentes y elaborar el nuevo texto.

Durante ese lapso, las empresas aprovecharán de continuar con estudios y tramitar los eventuales permisos que requerirán sus proyectos, agregó Hernández.

Sin embargo, el veterano ejecutivo -que desempeñó altos cargos en empresas como Collahuasi, BHP, Codelco y Antofagasta Minerals-, consideró que buena parte de los ajustes de una nueva carta magna están limitados por tratados internacionales firmados por el país.

"No hay un campo abierto 100% para hacer cualquier cosa. Hay limitaciones que ya están establecidas y cualquier decisión arbitraria que tome Chile contra la inversión extranjera, contra cualquier compromiso son decisiones muy caras", señaló.

Además cree que el quórum necesario para aprobar el marco legal garantizará que no avancen las ideas más polarizadas de cualquier espectro político.

"Si dos tercios quisieran un cambio radical habría que respetarlo, pero no creo que sea el caso. Chile se ha polarizado en estos últimos años y hay que volver a juntarse en el centro, si no, vamos a tener dos países", afirmó.

El sector minero considera clave que se mantengan en la nueva Constitución puntos referentes a garantizar la propiedad minera y sus derechos, que fue la clave para el desarrollo de una exitosa industria en el país.

Y aunque reconoce que hay modificaciones por demandas justificadas que pueden recogerse en el nuevo marco, subraya que la industria minera ha mostrado ser resiliente y necesaria para generar ingresos para la nación.

"Chile no se puede permitir el lujo de prescindir de la minería y se puede hacer minería respetando el medio ambiente y todas esas exigencias", comentó sobre eventuales mayores requerimientos para desarrollar la actividad.

En temas como la propiedad del agua, el ejecutivo recordó que la industria solo mantiene un 4% de los derechos y que la mayor parte de los nuevos proyectos incluye el uso de agua desalada.

EFECTO PANDEMIA

En cuanto a la pandemia de coronavirus, Hernández dijo que la empresas se concentran en viabilizar las operaciones en las condiciones actuales durante el próximo año y no trabajan con el escenario de la pronta disponibilidad de una vacuna.

La industria minera no solamente logró mantener la continuidad operacional pese a las restricciones de personal en faenas para evitar los contagios, sino que algunas han mostrado incluso mejoras en su desempeño.

Hernández consideró que la pandemia sirvió a la industria cuprífera local para evolucionar luego de años mostrando una pérdida de competitividad frente a otros países.

"El COVID-19 nos empujó a la piscina. Todos teníamos los cursos de nadar, teníamos salvavidas pero nadie se tiraba al agua y ahora hemos estado obligados a hacerlo", comentó.

Pronosticó que la crisis llevará a una transición de puestos de trabajo en el sector mientras las empresas adaptan tecnologías como equipos autónomos e internet de las cosas, lo que resultará en la creación de nuevos empleos, además de la reactivación de proyectos pendientes.

"Parte de los puestos de trabajo que se perdieron se van a recuperar pues están relacionados con proyectos y ya se están reactivando", apuntó.

Sonami: Crece levemente empleo minero y disminuye desocupación en el norte del país

DF

Karen Peña

Buenas señales dio cuenta el último informe de la gerencia de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). El empleo en el sector minero en el trimestre julio-septiembre de este año alcanzó a 191 mil ocupados, cifra que se compara con 189 mil del registro inmediatamente anterior.

"Hoy el empleo minero es superior en 6.000 nuevos puestos de trabajo respecto del trimestre mayo-julio de 2020. Si bien el incremento en la ocupación es moderado, esperamos que en los próximos meses aumente a mayor velocidad con la reactivación de los proyectos mineros", indicó el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino.

Si bien la cifra es positiva respecto de lo que ocurría en el registro inmediatamente anterior, al analizarlas y compararlas con datos de un año atrás, la caída en la ocupación alcanza a 50 mil puestos de trabajo, pues en el trimestre julio-septiembre de 2019 el dato alcanzaba a 241 mil empleos.

Sin embargo, según explicó Merino, se debe tener presente que el descenso en un año en el empleo minero, respecto del registro anterior que llegó a 46 mil empleos, se debe fundamentalmente por la alta base de comparación. "Esperamos que en los próximos meses el nivel de ocupación minera se vaya incrementando, a medida que se retome con más fuerza la construcción de proyectos mineros", destacó el ejecutivo.

Asimismo, Merino valoró la disminución de la desocupación en el norte del país. Mientras a nivel nacional la tasa de desempleo disminuye 0,6 puntos desde 12,9% en el registro anterior a 12,3% en la actualidad, en las regiones del norte retrocede desde 14,4% en el trimestre junio-agosto de 2020 a 13%; es decir, una caída de 1,4 puntos.

En Tarapacá, en la medición anterior, la desocupación alcanzaba a 15,5% y disminuyó a 12,4%, en el registro correspondiente a julio-septiembre de 2020. En Antofagasta, retrocedió desde 12,8% a 12,5%; y Atacama desde 12,9% a 11,8%. En tanto, en Coquimbo, cayó desde 15,8%, en el trimestre móvil inmediatamente anterior, a 14,2%.

Constitución Chile: Qué miran los inversores extranjeros

La Tercera

CARLA CABELLO

Las miradas de los inversionistas extranjeros con presencia en el país están puestas en el desarrollo del proceso constituyente. Incluso, desde antes del plebiscito, en el cual se aprobó por amplia mayoría tener una nueva Constitución.

Pulso contactó a varios estudios de abogados que asesoran a inversionistas extranjeros, para conocer sus consultas e inquietudes sobre el proceso constituyente. A modo general, hay interés por parte de ellos en la evolución del mismo, pero confían en que las instituciones públicas podrán contribuir para que el país continúe su recuperación económica, simultáneamente con el avance del proceso constitucional.

Juan Enrique Allard, socio de Guerrero Olivos comenta que más que preocupación, ven interés en entender el proceso y que no se ha alterado su interés en invertir en Chile. En ese sentido, dice, “da la impresión de que los inversionistas extranjeros tienen una visión menos ideologizada de lo que pasa en el país, por tanto lo ven a largo plazo, incluso como una oportunidad”.

Ana María Yuri, socia de Bofill Mir & Alvarez Jana, también señala que “no veo una especial preocupación, el inversionista extranjero que está disponible a invertir en Latinoamérica considera el factor político en su mérito. De hecho hace unos días y previo al plebiscito, asesoramos una relevante transacción de inversión extranjera en el sector de construcción y la situación que se vive en Chile no inhibió el cierre exitoso del negocio”.

Manola Quiroz, counsel de DLA Piper Chile, añade que “desde la perspectiva del inversionista extranjero, muchas veces a diferencia de los clientes locales, se concibe el futuro tomando en cuenta no sólo la contingencia, sino que la historia de nuestro país, que ha sido -en general- bastante amable con la inversión extranjera. Nuestro país hasta ahora mantiene su consideración como una democracia relativamente ejemplar en el concierto de naciones latinoamericanas”.

Hay coincidencia en que los inversionistas extranjeros están con buena disposición para entender la evolución del proceso constitucional. Y en ese sentido, son varios los focos en que centran su mirada.

Francisco Javier Illanes, socio principal Cariola Díez Pérez-Cotapos, comenta que “todos están muy atentos a la dirección que puedan tomar los cambios constitucionales en las materias que son más relevantes para sus actividades en Chile, como por ejemplo sobre varias de las garantías constitucionales que hoy están vigentes. Y también respecto a los derechos y los compromisos adquiridos por el Estado de Chile, los que esperan se respeten”, menciona.

Cristián Edwards, socio de Puga Ortiz, dice que las preguntas -que empezaron el año pasado- apuntan hacia “los efectos que podría tener un cambio constitucional en el orden público y económico, y en el derecho de propiedad básicamente”. Ahora bien, tras el plebiscito -dice- nota menos inquietud.

Yuri cuenta que entender los plazos involucrados en el proceso y los efectos sobre sus inversiones actuales, son consultas habituales. “En ese sentido, la determinación de límites de la Convención para la redacción de la nueva Constitución en materia de régimen político democrático, y los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes, son consideraciones que valoran positivamente”, añade.

Quiroz señala que “en nuestro rol consultivo, hemos manifestado que -de conformidad a la actual Constitución y a la reforma de diciembre de 2019- la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por otra parte, la exigencia de un quórum de dos tercios para redactar la nueva Constitución podría limitar mayores impactos en el actual orden público económico”.

Allard comenta que “más que resguardos, es probable que existan consideraciones que antes no se hacían, pero esto dependerá también de la industria de que se trate y de cuán expuesta esta esté a eventuales cambios que puedan derivar del proceso constituyente”.

Por su parte, Illanes cree que “sin duda, habrá muchas decisiones de inversión sujetas a la rigurosidad con la que se desarrolle el proceso constitucional, en especial respecto a las materias que son más atinentes a sus actividades”. Añade que a los inversionistas “les preocupa que nuestro proceso pueda entramparse o distorsionarse en el camino. En especial, por algunas experiencias de otros países de nuestra región”.