La nueva ley afectará 32.000 empleos
El emblemático proyecto de ley para proteger los glaciares vuelve a estar cuestionado. Este miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado pactó votarlo, sin embargo, el presidente de esta, Rafael Prohens (RN) informó que la dejaba sin efecto.
La decisión molestó a la Senadora Yasna Provoste (DC) quien manifestó que “Estando ya en el Congreso nos enteramos q han dejado sin efecto la sesión en la q votaríamos la ley de glaciares. No podemos aceptar más dilaciones del gobierno, por lo que pediremos que en la próxima sesión se despache el proyecto. Urge proteger cuanto antes a nuestros glaciares”.
El proyecto preocupa -y mucho- en el Ejecutivo, que teme que si este avanza, con la redacción actual, podría incluso obligar a paralizar importantes faenas mineras que se ubican en zonas cercanas a glaciares.
La industria también está alerta y ha acusado que el efecto de esta ley sería de en torno a 40 mil empleos que se perderían.
Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, restringiría el funcionamiento de yacimientos que representan hoy el 20% de la producción local de cobre.
En una columna de opinión grupal, los sindicatos indican: "Reafirmamos que nuestra actividad minera es totalmente compatible con la protección de los glaciares. Tenemos la plena convicción que sin actividades en los entornos de los glaciares y zonas de suelos congelados, éstos podrán ser preservados y conservados y como reservas estratégicas de recursos hídricos".
Nuestra sociedad nos exige un profundo cambio en los ámbitos de desarrollo socioeconómico ambiental, elementos que deben ser la base de un nuevo Pacto Social. Por ello, debemos adaptarnos a los nuevos escenarios y desafíos. Cambios que como trabajadores (as) hemos estado impulsando desde hace ya bastante tiempo, con propuestas viables y responsables, incorporándoles como pilares fundamentales, acuerdos de gobernanza social y generación de regulaciones que nos permitan alcanzar procesos productivos sustentables y sostenibles en el tiempo.
Como trabajadoras y trabajadores, reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la protección del medio ambiente y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el cuidado de los glaciares. En este sentido, resaltamos el compromiso público asumido desde el año 2015 de no intervenir, ni ahora ni en el futuro los glaciares, impulsando así una minería sustentable.
Estamos conscientes que nuestro país cuenta con herramientas normativas de protección de glaciares por la Ley N° 19.300 de 2010, que establece que todo proyecto cercano a glaciares deberá evaluarse mediante un Estudio de Impacto Ambiental y, desde 2012, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dispone que las obras o actividades que impliquen la alteración significativa de glaciares debe someterse al SEIA. Además, aquellos glaciares que están considerados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y otros instrumentos de protección de la biodiversidad, están afectos a las prohibiciones y restricciones de intervención o actividades definidas para cada categoría de resguardo. Estas normativas podrían perfeccionarse, sin necesidad de legislar específicamente sobre la protección de los glaciares.
Del total 24.114 glaciares en el territorio nacional registrados por la Dirección General de Aguas, un 86% está bajo protección del SNASPE y el 14% restante se encuentra tutelado por las normas que obligan a la evaluación ambiental de cualquier actividad u obra que pretenda desarrollarse en sus proximidades o sea susceptibles de alterarlos. En este contexto, respaldamos la necesidad de perfeccionar dichas normativas, considerando la información científica de la que actualmente se dispone sobre la composición, características y comportamiento de los glaciares, así como de su aporte a los sistemas hídricos de las cuencas en que se encuentran.
Por ello, reafirmamos que nuestra actividad minera es totalmente compatible con la protección de los glaciares. Tenemos la plena convicción que sin actividades en los entornos de los glaciares y zonas de suelos congelados, éstos podrán ser preservados y conservados y como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Lamentamos que la discusión del actual Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares en su tramitación en el Senado de la República, se haya centrado en un falso dilema entre la protección de glaciares versus la actividad minera, pese a que sólo el 5% de la superficie de estas masas de hielo está en la zona centro-norte del país, que coincide con áreas donde hay presencia de operaciones y proyectos mineros, mientras el 95% está en las zonas Sur y austral, donde no hay minería. Por ello, reiteramos nuestro compromiso en preservar los glaciares que hay en la zona, no operando en las zonas prohibidas y salvaguardando los recursos hídricos.
Creemos que el proyecto de ley, tiene algunas imprecisiones, buscando eliminar la actividad minera, promoviendo también instalar prohibiciones absolutas respecto de las definiciones generales de glaciares, ambientes periglaciares y permafrost, impidiendo dimensionar el alcance de lo que busca normar, es decir, aquello que quedará sujeto a la normativa, y por ende, de sus impactos económicos, sociales y territoriales. De hecho, dependiendo de las definiciones que se aprueben en la Comisión de Minería para esos tres conceptos, la prohibición de actividades productivas podría extenderse sustancialmente, más allá del sector minero (situación que no ha sido considerada).
En el caso particular de División Andina, tal como ya señalamos, ninguna operación o proyecto futuro intervendrá glaciares, lo que fue refrendado a principios de 2018, cuando se rediseñó la Mina Rajo y los depósitos ya autorizados, para alejarnos de la zona de glaciares, renunciando a explotar un sector del yacimiento minero.
La planificación de los futuros proyectos se basará en el respeto a este compromiso. El monitoreo científico y la protección operacional a los glaciares y control de tronaduras en el Rajo, vienen a complementar los esfuerzos de protección y cuidado medioambiental.
Las consecuencias de regulaciones absolutas y generales pueden perjudicar significativamente la producción, el empleo y la recaudación fiscal. De hecho, las Divisiones Andina y El Teniente, de Codelco; Los Bronces, de Anglo American, y Los Pelambres, de AMSA, tendrían que detener sus operaciones inmediatamente, 32 mil de puestos de trabajo, directos y de empresas colaboradoras, sin considerar a los proveedores que se verían igualmente afectados y significaría la pérdida de al menos, el 25% de la producción de cobre de nuestro País, con el consecuente impacto negativo en las arcas fiscales: la industria dejaría de generar ingresos por US$ 9.139 millones (valor dólar de 2018). Estos indicadores podemos graficarlos en: materia de exportaciones nacionales, equivalente a 1,6 veces las exportaciones del sector frutícola, 4,5 veces las exportaciones de vino y otras bebidas alcohólicas, 2 veces las exportaciones de la industria del salmón. En transporte público, corresponde a 5 nuevas líneas de Metro similares a la Línea 3; en viviendas sociales, se podrían construir 438.000 viviendas de UF 520 cada una; en educación, 6 mil nuevos liceos bicentenario para Chile y 40 hospitales de alta complejidad como el Félix Bulnes.
Como trabajadores (as) y ciudadanos (as), creemos posible establecer restricciones adecuadas, eficientes y razonables para conciliar la preservación de los glaciares, sin intervenirlos directamente, con la realización de actividades económicas controladas y mitigadas.
Por ello, hacemos un público llamado a las señoras y señores parlamentarios, para incorporar, en la tramitación legislativa, las opiniones de los expertos glaciólogos, para que tanto el objeto de protección (los glaciares), como las definiciones que determinarán el alcance de la regulación, tengan el necesario sustento científico.
Cabe señalar que por ejemplo el proyecto omite la definición oficial contenida en la Estrategia Nacional de Glaciares (2009), que busca compatibilizar el desarrollo sostenible de la economía con el medio natural que nos rodea, tema de la más alta relevancia en un Chile golpeado por la crisis económica a causa de la pandemia de coronavirus.
Exigiremos de la Corporación Nacional del Cobre, la incorporación en su plan de negocios, de un fuerte incentivo para la contratación de mano de obra y empresarios locales, así como el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan garantizar la protección del medioambiente y el desarrollo de una minería sustentable.
Finalmente, hacemos un llamamos a todas y todos los trabajadores del cobre, para estar alertas a las distintas etapas de tramitación del proyecto de ley y a la respuesta de los parlamentarios, de quienes esperamos estén a la altura de sus importantes responsabilidades, poniendo por delante el futuro de todos las chilenas y chilenos.
Firman:
- Sindicato Codelco Chile- División Andina
- Sindicato Industrial de Integración Laboral
- Sindicatos Codelco Chile - División Ventanas
- Sindicato Codelco Casa Matriz
- Sindicato Angloamerican S.A. El Soldado
