La deuda de las distribuidoras de electricidad con Cammesa que llega a $125.000 millones
JUAN MANUEL ABUD*
Cuando hablamos de un proyecto político que se sustenta en el concepto de generación de empleo, producción y desarrollo de la industria resulta indudable que la planificación de la política energética se convierte en un eje central. Por eso resulta imprescindible entender que el sector necesita un horizonte certero en pos de ese proyecto político, que marque el rumbo y defina las reglas en las que deben jugar los distintos actores involucrados.
Perder un año de gestión en la toma de decisiones estratégicas puede llegar a ser muy dañino, ya que se trata de un sector en el que se debe planificar mirando al mediano y largo plazo, de modo de evitar la formación de un cuello de botella que provoque una estrangulación de la economía producto del crecimiento del PBI.
Es importante destacar que allá por el año 2003, cuando Néstor Kirchner tomó las riendas de un país económicamente destruido, el sector venia de varios años de falta de inversión: solo se pensaba en la obtención de la renta por el rubro exportador mientras el país estaba sumergido, con 54% de pobreza y miles de industrias cerradas.
Algo muy similar es lo acontecido durante los años del gobierno anterior a causa de las políticas económicas implementadas, que generaron una abrupta caída del consumo de energía industrial y comercial, rondando promedio el 8% interanual, y una baja del poder adquisitivo de los sectores asalariados. Quizás el objetivo del gobierno anterior haya sido provocar una fuerte baja en la demanda de los servicios energéticos, tanto de gas como de electricidad, generando excedentes que indudablemente no fueron producto de inversión privada del sector, sino de una política energética inmersa en un proyecto político económico destinado a destruir el consumo interno.
Para ello es importante tener en claro que en los tiempos que se avecinan, cuando nos encontramos con un combo perfecto entre la difícil situación económica heredada por el gobierno anterior y el surgimiento de la pandemia a nivel mundial (que generó un cimbronazo a nivel global en el rubro de la energía, un recorte profundo en la producción de petróleo llevado a cabo por la OPEP y una baja muy fuerte en los precios de los hidrocarburos, paralizando inversiones a escala mundial) es necesario retomar la planificación y colocar al Estado al frente del sector como actor principal.
Así lo entendió Kirchner cuando lanzó el Plan Energético Nacional como un hito fundamental en materia de recuperación energética. Es decir, puso al sector energético como eje central del desarrollo federal del país. Hasta ese momento la política energética se concentraba en traer la energía solamente a los centros de consumo y a la exportación. No por nada la mayor cantidad de inversiones de la década de los 90 fueron líneas y gasoductos de exportación. A su vez, el recordado expresidente pidió a las empresas responsabilidad para ponerse a la altura de las circunstancias y compromiso para lograr el abastecimiento de todos los argentinos a un valor razonable, para que los sectores más populares puedan satisfacer sus necesidades y fomentar la recuperación económica de los sectores Pymes.
Más allá del rumbo que se decida adoptar, es importante “definir” a dónde se quiere ir. Por ejemplo: ¿Qué rol queremos que cumpla YPF en los próximos 20 años? ¿El Estado debería retomar actividades del sector que son esenciales? ¿Cómo queremos desarrollar nuestra matriz energética? ¿Queremos generar excedentes de gas con visión exportadora dentro de un modelo productivo o no? ¿Cuáles son las prioridades del sector? ¿Deberíamos encarar acuerdos a largo plazo con países que son grandes consumidores y con demanda creciente de gas vía el sector privado o impulsadas por el Estado que los incluya? ¿Tenemos una visión de desarrollo energético Federal o solo empresarial?
¿Cómo queremos que funcionen a futuro los Entes Reguladores creados con visión anglosajona con marcos regulatorios redactados con fuertes directrices del FMI y el Banco Mundial, y que en su mayoría son cooptados por las empresas del sector, donde hoy objeto principal es la aplicación de multas a las distribuidoras que se cobran compensando importes en las facturas de los usuarios que emiten las mismas distribuidoras que a su vez facturan consumos erróneos que los benefician a ellos? ¿Vamos a estar eternamente en la discusión del precio del barril criollo o deberíamos firmar un acuerdo federal a largo plazo? ¿Fue efectivo el Plan Gas, que ya tiene casi 8 años de implementación o es necesario darle una vuelta de tuerca para mejorar su efectividad y se vea reflejado en un verdadero aumento de la producción?
Estas y muchas preguntas más. Creo que deberíamos ir definiendo y planificando, ya que el sector energético es un vector central de la economía y del desarrollo nacional y se debe colocar en el centro de la gestión de gobierno.
En estos últimos días, por ejemplo, se habla de la deuda de las distribuidoras de electricidad con Cammesa que llega a $125.000 millones, de los cuales, Edenor y Edesur, deben alrededor de $35.000 mil millones. Para entender un poco cómo funciona el sector, digamos que las distribuidoras de energía eléctrica, es decir, las que hacen llegar la luz a los usuarios, son accionistas de Cammesa, representadas por ADEERA (Asociación de distribuidores de Energía Eléctrica). Cammesa les vende en bloque la electricidad que compran a un precio denominado “Precio medio Estabilizado”. La diferencia entre el “Precio medio estabilizado” al que compran la electricidad las distribuidoras y luego trasladan a los usuarios y el denominado “Costo Monómico” que refleja lo que cuesta generar un MWH en la Argentina, es solventado por el Estado Nacional. Es decir, el Estado asume parte del costo de la generación de electricidad.
El “Precio medio Estabilizado”, que luego es trasladado a los usuarios en su factura, se compone del “Costo de la Energía” que compran a Cammesa, del “Costo del Transporte” en alta tensión y del VAD (valor agregado de distribución). Ahora bien, esos $ 125.000 millones adeudados a Cammesa, son por la factura corriente de compra de energía eléctrica en bloque que dejaron de pagar las distribuidoras que reflejan el “precio medio estabilizado” y no el verdadero costo del sistema, con lo cual, si el Estado Nacional decide cubrir esa deuda generada por el no pago de las distribuidoras de electricidad, deberá desembolsar casi el monto del costo total del sistema.
Desde el sector empresario, sobre todo de las dos principales distribuidoras del país, manifiestan que dejaron de pagar la energía dado el congelamiento tarifario decretado por el gobierno. Surgen varias preguntas: ¿en los últimos 4 años, cuando tuvieron ingresos monstruosos en dólares, no generaron un colchón suficiente como para hacer frente al pago de su energía? ¿Si dejaron de pagar la energía eléctrica que compran a Cammesa, por qué se la siguen cobrando a los usuarios? ¿Cuánto es la facturación mensual real de cada una de las distribuidoras? ¿Qué análisis hace el Ente Regulador respecto a este tema y el contrato de concesión? ¿Debería el Estado condicionar el pago de la deuda de las distribuidoras a cambio de obtener una participación accionaria, la cual podría recaer sobre la empresa IEASA?
El gobierno debería tomar las riendas del rumbo de la política energética y definir un horizonte esclarecedor, que sirva de rumbo para el sector privado y permita planificar el desarrollo del mismo, teniendo al Estado como ordenador del sistema.
*Ex Director del Ente Regulador de electricidad, Ex Gerente General de CAMMESA, Participe de la Nacionalización de YPF y Ex Director de Legales de IEASA, Ex Enarsa-
