Los reguladores mexicanos están tomando medidas drásticas contra la inversión privada en el sector energético. Es lo último intento del gobierno nacionalista de proteger a las empresas estatales de petróleo y servicios públicos, según documentos a los que tuvieron acceso Financial Times.

La iniciativa lleva a un nivel superior los esfuerzos que desde hace meses hace el gobierno por cambiar abruptamente las reglas del sector . Esa política amargó el ánimo de los inversores, provocó un aluvión de medidas cautelares y aumento la posibilidad de que se inicien acciones judiciales basadas en los tratados comerciales internacionales, incluido el nuevo pacto comercial de América del Norte, USMCA.

Según los documentos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cumple con un pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador a los reguladores y que consiste en prohibir los nuevos permisos para la industria energética -medida que abarca todo, desde la generación de energías renovables hasta las estaciones de servicio.

Los analistas y ex funcionarios sostienen que las políticas son un intento encubierto de favorecer a la castigada empresa petrolera estatal de México, Pemex, ya la compañía estatal de servicios públicos CFE, sin antes modificar la ley.

López Obrador, ferviente nacionalista en cuestiones energéticas, ve a los ex monopolios como campeones nacionales y asegura que las políticas anteriores permitieron la "conquista" extranjera del sector energético del país.

El gobierno ha demostrado "un grado espectacular de obstinación" al seguir buscando formas nuevas de frenar la participación del sector privado, dijo el CEO de una empresa de energía renovable.

Los documentos ordenan a los funcionarios a "abstenerse de implementar los procesos" establecidos en tres regulaciones de 2017 y 2018, relacionados con la actualización y autorización de permisos, habilitación de la actividad generadora, importaciones y exportaciones. Tales decisiones ahora deben pasar por el directorio de la CRE, contó un ex funcionario de energía.

López Obrador nombró gente leal a él en el directorio de la CRE, incluyendo un experto en refinerías de 91 años que la semana pasada aprobó nuevas restricciones para algunas generadoras privadas diciendo: "Voto a favor, de acuerdo con las instrucciones del presidente".

López Obrador es un feroz crítico de la histórica reforma energética de 2013, que incluía permitir la inversión privada en el sector de petróleo y gas mexicano, que durante mucho tiempo estuvo cerrado. Pero dice que sólo buscará cambiar la ley si fallan sus intentos de "rescatar" a Pemex ya CFE.

Piden no acatar memorándum del presidente López Obrador

Energía a Debate

ULISES SUÁREZ

La senadora por el Estado de Baja California Sur, María Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó este miércoles un punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de diversas instituciones y de las empresas estatales del sector energético a abstenerse de acatar las instrucciones contenidas en el Memorándum que el presidente de la República les remitió el pasado 22 de julio, en el que les instruye a pensar medidas para dar preponderancia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado energético mexicano y dejar de otorgar permisos a las empresas privadas para nuevos negocios en el sector. 

Asimismo, advirtió que acatar tales instrucciones presidenciales traería como consecuencia, entre otras, que los funcionarios públicos que negaran permisos a particulares, además de ser anti-constitucional, serán sujetos de responsabilidad administrativa y, en su caso, de responsabilidad penal. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) un memorándum con 17 compromisos, acciones y cambios, con la finalidad de exponerles los “lineamientos de la nueva política energética” orientada al “rescate” de Pemex y la CFE.

 Asimismo, en el documento les solicitó pensar la forma de hacer este rescate con el marco legal actual, aunque no descartó que, de ser necesario, promovería cambios constitucionales. 

En este contexto, la senadora Saldaña Cisneros hizo énfasis en la negativa de la actual administración para seguir otorgando permisos a las empresas privadas para desarrollar sus actividades en diferentes áreas del sector energético. 

“Particularmente es importante señalar que la realización de reformas reglamentarias –entiéndase a los dos Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos, al de la Ley de la Industria Eléctrica, al de la Ley de Transición Energética y a los reglamentos ambientales– y la detención de permisos para la realización de actividades relativas al sector energético, cuya finalidad sea la eliminación de la competencia privada, son inconstitucionales”, afirmó la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN).

 “El régimen jurídico de los permisos no lo determinan los reglamentos del Poder Ejecutivo, sino las leyes del Poder Legislativo”, expuso categórica. “Los permisos, autorizaciones, concesiones y otros de naturaleza similar, se rigen por el principio de legalidad, establecido en el artículo 16 Constitucional y por ello las leyes establecen como limitaciones o restricciones al derecho de realizar obras y actividades productivas –modalidades que dicte el interés público–, la obligación de obtener permisos, autorizaciones, licencias y concesiones según sea el caso de bienes públicos o privados”, añadió.

 Además, recordó que los hechos de detener el otorgamiento de permisos y modificar reglamentos desatan una oleada de juicios de amparo “cuestionando la validez jurídica de esos actos por su contravención a la Constitución a la que juraron obedecer y respetar”.

 Por ello, advirtió: “Queda recordarles a los servidores públicos que nieguen permisos con base en una instrucción presidencial, que sería anticonstitucional, que serán sujetos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de ser el caso, de una posible responsabilidad penal, que harán valer los sujetos afectados. En este sentido debe recordarse que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite”. 

Derivado de lo anterior, la senadora Saldaña incluyó en su punto de acuerdo la recomendación para el Poder Ejecutivo reconsiderar los 17 puntos contenidos en el Memorándum del presidente López Obrador.

 Igualmente, también solicitó para el Estado que representa que se retome el proyecto de cable submarino, propuesto por la administración federal anterior y cancelado por el actual gobierno, para conectar el Sistema Interconectado de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional. 

Como segunda petición, Saldaña Cisneros pidió iniciar el proceso para la instalación de una planta de energía eléctrica en La Paz y como tercera solicitud incluyó fortalecer la generación solar fotovoltaica en combinación con el ciclo combinado, “flexibilizando la decisión del Cenace de limitar la expansión de las energías renovables en Baja California Sur condicionado a que éstas financien las obras de interconexión a la red, en aras de que esta entidad federativa cuente con energía eléctrica suficiente, permanente, de calidad, asequible, sana y sustentable social, económica y ambientalmente”. 

Por último, cerrando lo expuesto en los Motivos, el punto de acuerdo exhorta “de manera respetuosa a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y demás autoridades involucradas con el desarrollo del sector energético, a abstenerse de detener, negar, prolongar más allá de los plazos de ley el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias, concesiones, sin sujetarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales comerciales y ambientales de los que México es Parte y las diferentes leyes secundarias relativas a dicho sector”.

Los 17 puntos del Memorandum

1.- Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, el disesel,  el gas y la electricidad.

2.- Alcanzar la autosuficiencia energética.

3.- No exportar petróleo, sino extraer solamente el que se necesita para las refinerías del país y dejar de importar combustibles.

4.- Aplicar el programa de producción de petróleo crudo con meta de 1.8 millones de barriles diarios promedio en 2020, de 1.9 en 2021, de 2.0 en 2022, de 2.1 en 2023, y de 2.2 en 2024.

5.- Continuar con el programa de rehabilitación de las seis refinerías del país y alcanzar para 2022 un nivel de procesamiento de 200,000 barriles diarios y, ese mismo año, terminar la construcción de la refinería de Dos Bocas que agregaría otros 340,000 barriles.

6.- Definir “lo antes posible” la conveniencia de construir el nuevo tren de refinación en La Cangrejera para alcanzar la autosuficiencia en combustibles antes de finalizar la actual administración.

7.- Priorizar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas de generación eléctrica para satisfacer la demanda del sureste del país, en particular la Península de Yucatán, además de dar suficiente energía a la Península de Baja California.

8.- Potenciar la generación en las hidroeléctricas del país.

9.- Pemex y CFE deben reconocer contratos suscritos en administraciones anteriores, siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de las empresas públicas ni de la nación.

 10.- De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las pruebas.

11.- Supresión de subsidios a empresas privadas del sector energético.

12.- El sistema eléctrico nacional debe alimentarse en este orden: a) generación hidroeléctrica, b) generación de otras plantas de CFE, c) energía solar y eólica, y d) energía de ciclos combinados privados.

13.- La CFE debe aplicar un plan para el uso y venta de gas natural adquirido “en demasía” por el gobierno anterior, a fin de evitar multas y pagos exagerados.

14.- Detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazos.

15.- Apoyar a Pemex y CFE para que no sigan perdiendo participación en el mercado nacional.

16.- No se descarta la asociación con inversionistas privados en extracción de petróleo, refinación y en generación eléctrica, siempre y cuando se trate de acciones complementarias y que no afecten el interés nacional.

En este punto aclara que se respetarán los contratos derivados de las rondas petroleras, pero apunta que ya no se convocarán “nuevas subastas, pues el potencial petrolero que quedó fuera de tales concesiones solo podrá ser explotado por Pemex”, explica.

Reitera que en generación eléctrica, la participación privada no podrá superar el tope de 46% del consumo nacional.

En materia de petroquímica, se permitirán las asociaciones público-privadas y mayor inversión de empresas particulares, siempre y cuando eso no implique la entrega de insumos a Pemex, “como sucedió con la planta de etileno de Odebrecht", refiriéndose a la planta Etileno XXI en Veracrzu, propiedad de Braskem Idesa, filial de Odebrecht.

17.- Desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad de Pemex y de CFE y hacer más eficiente su administración y su operación en el manejo de los planes, programas y proyectos de ambas.