“Conlleva un riesgo cierto de que sea utilizado como método sutil de disciplinamiento”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó este domingo su preocupación por la creación de un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación, y señaló que la instauración de este tipo de prácticas de vigilancia desde el Estado “conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento”.
A través de un comunicado, titulado “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”, la entidad señaló que “una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital”, pero otra muy distinta es cuando provienen de organismos públicos “que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta”.
En ese sentido, insistieron en que incluso se puede abrir una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, “como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”.
Desde ADEPA, plantearon que la propia formación del panel de especialistas convocados para la presentación del proyecto, cuyos integrantes casi en su totalidad se identifican con un sector político claramente determinado, representa un “indicio” del riesgo de que el organismo sea utilizado para llevar adelante “represalias por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.
En la presentación, la Defensoría del Público explicó que el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) tiene por objetivo generar insumos que permitan “reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y debatir “sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”.
Del acto participaron la defensora Miriam Lewin (foto); el director del organismo Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; la investigadora Adriana Amado Suárez; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane.
El observatorio trabajará en la “detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas, la identificación de sus operaciones de difusión, y los sistemas de alertas", entre otras acciones, “con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional”, indicó Lewin.
La funcionaria afirmó que “en un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”.
Para la Asociación de Entidades Periodísticas, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio “es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales”.
“Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”, detalla el comunicado.
Finalmente, remarcaron que el monitoreo del ejercicio de la opinión y la información por parte de un organismo público “siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa su preocupación por la creación, por parte de un organismo oficial, de un «Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)». Supuestamente, tendrá como objetivo «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias.»
La iniciativa, lanzada por la Defensoría del Público a 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue presentada en un panel del que participaron la defensora Miriam Lewin; el director del organismo Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; la investigadora Adriana Amado Suárez; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane. Según el organismo, el Observatorio busca generar insumos que permitan «reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet».
Como ha señalado Adepa respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello.
Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.
Como ha sostenido Adepa, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos.
Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía.
