PATRICIA BLANCO

La fiscal Fabiana León envió las actas y defendió los acuerdos por escritos de los arrepentidos. El tema había sido cuestionado por las defensas. En la causa está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y los principales empresarios del país.

La ‘cruzada’ que decidió llevar adelante hace dos semanas la Cámara Federal de Casación Penal terminó: ya quedó acreditado que no hay registros de filmaciones o audios de las declaraciones que hicieron los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos. Aunque no es ninguna sorpresa y el Ministerio Público defiende que esas confesiones hayan quedado labradas en actas, ahora el máximo tribunal penal deberá ahora definir cómo seguir.

Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña tienen a su estudio determinar si, como pretenden las defensas, se dicta la inconstitucionalidad de la ley del imputado-colaborador, su aplicación en la megacausa de los cuadernos y la nulidad todo lo actuado en un expediente en donde la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a sus ex funcionarios y los principales empresarios del país.

Este martes, la fiscal federal Fabiana León, que se encargará de la acusación en el juicio oral de la causa de los cuadernos, remitió las actas de 24 acuerdos de colaboración que firmaron acusados para convertirse en arrepentidos en el expediente por las anotaciones de Oscar Centeno. Entre esos documentos, no solo está la declaración del remisero del ex funcionario Roberto Baratta, sino también los arrepentimientos del ex secretario de Obras Públicas José López o el ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, asesinado en julio pasado en Santa Cruz.

La sucesora del fiscal Carlos Stornelli en la instancia oral y acusadora a la hora de que el caso llegue a debate fue contundente: defendió los acuerdos en papel tal como llegaron de instrucción, en cumplimiento de la ley del arrepentido. Esas confesiones son claves en la causa. Pero además León aprovechó para disparar por elevación contra la pesquisa iniciada por Figueroa, como presidenta de la Sala I dela Cámara de Casación, a pedido de la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, uno de los acusados en el proceso.

“Esta Fiscalía General al igual que Vuestras Excelencias y el resto de las partes (acusadoras o defensas) cuenta con acceso total e irrestricto a los legajos de colaboración celebrados en su respectiva instancia por el Fiscal y las defensas correspondientes -imputado junto con su abogado defensor-; los cuales fueron luego homologados por ante el Sr. Juez Federal en presencia y con rúbricas de la partes intervinientes”, respondió.

“Dichos legajos impresos y también digitalizados -añadió- están disponibles para su compulsa y evaluación, al igual que el resto de la documentación y legajos digitalizados para todas las partes acreditadas al proceso art. 204 CPPN y art.6delaley27.304). En tales términos he de añadir que resulta posible constatar, y evaluar, en el marco de la causa CFP 9608/2018 -la que resulta materia de consulta y además sujeta a jurisdicción de la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal”, señalo.

En estos términos, León cumplió así con lo que le había requerido el Tribunal Oral Federal 7, que –a su vez- remitió los documentos a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Puntualmente, envió copias de 24 actas en el expediente cuadernos.

Se trata de las declaraciones de Bernardo Oscar Centeno, Juan Carlos De Goycoehechea (ex Isolux), Ángel Jorge Antonio Calcaterra (ex IECSA), Héctor Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi) y Héctor Alberto Zabaleta (Techint). También las confesiones de Carlos Guillermo Enrique Wagner (ESUCO, ex presidente de Cámara Argentina de la Construcción), Jorge Guillermo Neira (Electroingenía), Claudio Javier Glazman ((Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Aldo Benito Roggio (grupo Roggio), y Juan Chediack (Cámara Argentina de la Construcción).

La lista siguió con el ex titular del organismo de control de autopistas Claudio Uberti, Juan Mauricio Balan (Industrias Secco), Benjamín Gabriel Romero (EMEPA), el financista político Ernesto Clarens y el ex secretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito. Y se completó con las declaraciones de Marcela Edith Sztenberg (Equimac), Patricio Gerbi (Coarco SA), Gabriel Pedro Losi (constructora Luis Losi), Alberto Tasselli (grupo Tasselli), Marcelino Aznar (Decavial SA), Francisco Rubén Valenti y Enrique Pescarmona (del grupo Pescarmona) y el ex secretario presidencial Víctor Fabián Gutiérrez.

La fiscal avisó que hay “otros acuerdos arribados en el marco de la ley 27.304”, celebrados en la causa que investiga que manejó el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, conexa al expediente de los cuadernos, pero que está bajo análisis de la Sala III de la Cámara de Casación. Son los jueces que la semana pasada ratificaron el procesamientos de Cristina Kirchner en el marco de otro de las causas que se abrieron por las confesiones de los cuadernos: la que puso la lupa sobre la cartelización de la obra pública.

De esta manera, el Ministerio Público se abroqueló para defender las declaraciones que están en la mira de las defensas. Ya lo había hecho el fiscal de Casación Raúl Pleé, que reclamó la nulidad de las búsqueda de esas filmaciones. La discusión sobre cómo se dejó constancia de las confesiones ya había sido analizada por el juez Claudio Bonadio, que entendió que se cumplía con los requisitos previstos en la ley, decisión ratificada por la Sala I de la Cámara Federal.

Audiencia en Casación en donde se planteó la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos

La polémica surge respecto de si se cumplió o no con el artículo 6 de la Ley 27.304, sancionada en 2016, que dice: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Tras las respuestas tanto del juez Marcelo Martínez de Giorgi como del Tribunal Oral Federal 7 -vía la fiscal León-, la Sala I de la Cámara Federal de Casación definirá qué hacer. Lo que las defensas de De Vido, el ex funcionario de Planificación Hernán Gómez, el empresario Juan Lascurain y el titular de Electroingenieria Gustavo Ferreyra le pidieron que es que se declare la nulidad de lo actuado en el expediente a partir del no cumplimiento de la ley del arrepentido.

El tema de las filmaciones de esas grabaciones fue sólo uno de los argumentos que puso en juego la defensa de De Vido. Tal como lo reveló Infobae, la defensa de Gómez planteó también cuestionó que la ex esposa de Centeno nunca debió haber sido escuchada como testigo contra su ex marido y que el remisero mintió en su declaración. El abogado de Lascurain señaló que su cliente estaba acusado por un delito menos grave que el propio Centeno y por lo tanto debe ser considerado inválido -lo cual podría terminar haciéndose extensivo a todos los empresarios arrepentidos si tuviera éxito-.

El argumento de de la defensa de Ferreyra, en tanto, también reclamó que todo sea declarado nulo por la teoría del fruto del árbol envenenado, la misma argumentación que terminó derribando la primera parte de la investigación de la causa AMIA. Aunque solo estas cuatro defensas fueron a la audiencia, todas las partes de la causa esperan la respuesta de Casación que no tiene plazos.