La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el proyecto que propone crear, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los $200 millones, tal como se debate en el Congreso. “terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo”, y propuso “excluir de la base de imposición a los activos productivos, permitiendo capitalizarlos para inversiones productivas y nuevos empleos”.

El llamado Aporte Extraordinario y Solidario establece que las personas que tengan más de $200 millones pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5% y determina que se tomarán como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año, pero no diferencia entre los patrimonios personales y los activos financieros o inmuebles y de allí surge el cuestionamiento de la entidad fabril más grande de la Argentina.

Para la UIA, esta iniciativa -que ya cuenta con dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados- “terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria”.

“La redacción actual del proyecto de ley no diferencia entre la composición de los patrimonios personales formados por capital productivo -empresas, máquinas e inversión tecnológica en el país- de la proporción compuesta por activos financieros o inmuebles”, explicó la entidad fabril en un comunicado de prensa.

Ante esta situación, propuso “excluir de la base de imposición a los activos productivos, permitiendo capitalizarlos para inversiones productivas y nuevos empleos”. También pidió “incluir las exenciones de títulos públicos y de obligaciones negociables de empresas argentinas, la incorporación de un mínimo no imponible y la corrección de las alícuotas para evitar tratamientos desiguales”.

El proyecto generó controversias entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja, a las que ahora se sumó la UIA reclamando modificaciones para no afectar los recursos que el sector productivo vuelca a la economía.

De acuerdo con los datos del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se presentó en la comisión, el objetivo es recaudar unos $307.000 millones, lo que representa un 1,1% del PBI, alcanzando a 9298 personas. Aún resta que de ese total, 1860 presenten sus declaraciones juradas de Bienes Personales.

La propuesta es que del total que se recaude en concepto de este aporte extraordinario un 20% de destine a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; otro porcentaje igual al sostenimiento del sector pyme; un 25% a exploración y desarrollo de gas natural de Ieasa (exEnarsa); un 20% a becas del Progresar y un 15% a programas para el desarrollo de barrios populares.

Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si estuviera en el país.