El gobierno bolivariano asesinó a más de 2.000 personas entre enero y agosto
Luego del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, Michelle Bachelet, que reveló su preocupación por la represión en Venezuela, este martes, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, hizo una fuerte defensa al gobierno de Nicolás Maduro.
"Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo" -destacó- "por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países", sostuvo en su discurso en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del país caribeño.
Según la agencia Ansa, Raimundi recalcó también que la Argentina "no hace una lectura ideológica de los derechos humanos". Y agregó: "Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica".
"Lamentablemente estamos en una región en la que somos varios los países que hemos sufrido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje y una cantidad de problemas con los derechos humanos muy serios", dijo.
En tanto, señaló que en Venezuela existe "una situación crítica", con mucho apremio económico y que "no se le escapa el alto número de personas que abandonaron el país". Sin embargo, aclaró: "No compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que los llevaron a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla".
"Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo. Hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que generaron serias cuestiones de violación a los derechos humanos", concluyó.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, manifestó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos.
La ex presidente de Chile expresó su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obstruyen libertades, por los nombramientos no consensuados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cambios electorales. “Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático”, sostuvo, de cara a las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.
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Luego dijo que su oficina continúa documentando casos de represión en protestas pacíficas en Venezuela, bajo el “Estado de alarma”, incluyendo detenciones y muertes de manifestantes. “En Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas”, subrayó.
También denunció su preocupación por los discursos estigmatizantes de las autoridades del país, que responsabilizan a los que retornan de introducir el coronavirus en territorio venezolano. “El 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta del equipos de protección y agua”, denunció.
Por último, sostuvo que la pandemia se sumó a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria. Dijo que la tasa de desnutrición aguda infantil está en torno al 15% y que algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo.
Este actualización llegó luego de que una Misión Internacional a la que la ONU encargara investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela volvió a poner en foco la brutalidad del régimen venezolano. Es que la pandemia mundial, las consecuencias económicas y algunos cambios de color político en la región había quitado del centro de debate lo ya conocido, publicó Infobae.
En las 21 páginas, se señala al dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión constató numerosos actos de tortura. En un lista, identificó las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar a los presos políticos:- Fuertes golpizas.
- Asfixia con sustancias tóxicas y agua.
- Posiciones de estrés.
- Reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras.
- Violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación.
- Cortes y mutilaciones.
- Descargas eléctricas.
- Uso de drogas para inducir a la confesión.
- Tortura psicológica.
La embajadora de Venezuela en la Argentina, Elisa Trotta Gamus, opinó respecto de los dichos del representante argentino ante la OEA y fue contundente: "Estamos consternados, preocupados y queremos rechazar categóricamente las declaraciones del embajador Raimundi".
"No podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante la falta de conocimiento que el embajador demuestra en relación a lo que sucede en Venezuela. Todos los países que hicieron mención al informe señalaron la importancia del documento con respecto a las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro", sostuvo en diálogo con A24.
Por último, señaló: "La postura argentina realmente nos ha dejado perplejos. Me atrevería a decir, con todo el respeto que me merece el pueblo argentino, que es muy preocupante que Raimundi le pretenda dar una 'perspectiva' a los crímenes contra los derechos humanos. Yo le diría a él que vuelva a escucharse y a ponerse en 'perspectiva' de los familiares de quienes han sido asesinados por la Fuerzas Especiales de la Policía (FAES)", publicó La Nación con información de ANSA
El gobierno de Venezuela entregó este lunes a la Iglesia Católica una copia de su respuesta al reciente informe de la ONU que sostuvo que la administración del presidente Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, se informó oficialmente.
El documento, titulado “La verdad de Venezuela contra la infamia”, fue entregado por el canciller, Jorge Arreaza, al nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano, anunció la cancillería venezolana en su cuenta oficial en Twitter.
El trabajo, que el viernes pasado fue entregado al secretario general de la ONU, António Guterres, fue elaborado por la cancillería, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, según la agencia de noticias rusa Sputnik.
La misión en Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) informó el 16 de este mes en un comunicado que “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de derechos humanos”.
Agregó que algunas de esas violaciones, “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, y sostuvo que “se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos registró en tres meses 711 muertes resultantes de operativos de seguridad. La Alta Comisionada llama una vez más a levantar las sanciones económicas en Venezuela, diciendo que pueden “obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.
En los últimos tres meses y en el contexto del estado de alarma instaurado el pasado mes de marzo en Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió documentando casos de represión de las protestas pacíficas y de trabas a la libertad de expresión en el país.
Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en la nación sudamericana, Michelle Bachelet destacó que desde el inicio de julio hasta la fecha se produjeron detenciones de manifestantes que protestaban por los bajos salarios o las pensiones, las carencias de los servicios públicos o la falta de gasolina.
“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, explicó.
Entre las restricciones a la libertad de expresión mencionó “la aplicación de la legislación en contra del odio”, ataques contra los defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La Alta Comisionada mostró su preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020”, dijo.
Por ello, consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en el Estado de Zulia el pasado 21 de agosto
Bachelet agradeció los esfuerzos de las autoridades con los migrantes venezolanos que vuelven al país, pero mostró su preocupación ante “el discurso estigmatizador” de algunos dirigentes que responsabilizan a las personas retornadas por cruces irregulares de introducir el coronavirus a Venezuela.
Del mismo modo confirmó la puesta en marcha de protocolos de bioseguridad en los centros de detención, aunque llamó a mejorar “las condiciones de salud, el acceso a agua, alimentos y medicamentos; y a garantizar contactos regulares con los familiares y abogados”, ya sea física o telefónicamente. Pidió también explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Por último, indicó que, según los datos de asociaciones profesionales, el 33% de las muertes por coronavirus corresponden al personal de salud, principalmente por la falta de equipos de bioseguridad y agua en los hospitales.
A la emergencia por la COVID-19 le sumó la alimentaria ya que, según Caritas, la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020.
Bachelet reiteró su llamado a levantar las sanciones económicas que pesan sobre el país y manifestó que “la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.
Con relación al poder judicial, destacó su preocupación por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral”.
Asimismo, mostró su inquietud por la modificación “del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa” por parte del Consejo Nacional.
