El pájaro canta hasta morir. Las terminantes declaraciones del juez de Minas de Catamarca, saliendo del cruce de proyecto gubernamental de reforma del Código de Procedimientos Mineros de la provincia, no son más que la expresión pública de una puja que mira con atención la minería argentina.

La llegada al poder del fuerte empresario peronista Raúl Jalil ha roto el status quo de la minería, en una provincia que tuvo a la UTE YMAD-Alumbrera como su principal fuente de ingresos durante dos décadas y que hasta hoy no ha conseguido empalmar el ocaso de la gran mina de oro, cobre y molibdeno con la apertura de nuevas explotaciones que alivien al fisco provincial y promuevan el desarrollo.

Los inversores con intereses en Catamarca están viendo con suma atención los últimos acontecimientos en la política minera, los cuales se vienen dando en el marco de las medidas de urgencia con motivo de la pandemia que ha permitido al Estado modificar cuestiones clave como la potestad de los municipios sobre el reparto de regalías, lo que se plasmó en la reciente Ley 5.128, promulgada a comienzos de junio pasado.

En cuanto a Cerda, el veterano magistrado ha advertido sobre la posible insustancia de un escenario en el cual las Declaraciones de Impacto Socioambiental puedan ser esfera de la autoridad administrativa.

La administración de Jalil arguye para sus motivaciones que está siguiendo el ejemplo de la vecina San Juan, donde disposiciones angulares son dictadas por el Ministerio de Minería después del dictamen del Consejo Minero, un órgano multidisciplinario y multisectorial.

Cerda, tras una reunión con Jalil, ha dicho: "Estoy acuerdo con algunas cosas y no con otras. Es importante desdoblar los juzgados (De Minas por lado y Electoral por el otro). Cuando hay elecciones durante seis meses uno está abocado a esa tarea y descuida la actividad minera" .

Pero también ha advertido que "no se pueden modificar las reglas de juego para la inversión. Es un error muy grande que le puede traer serios dolores de cabeza a la Provincia. Si hay algo con lo que hemos presumido a nivel país y mundial es que la seguridad jurídica en la provincia la da un juez y eso para un inversor extranjero es muy importante", dijo a Radio Ancasti.

En Catamarca, recientemente, la autoridad minera, que es la Secretaría de Minería,  ha cambiado de timonel para ser ejercida por una abogada joven y afín al círculo áulico del gobernador, secundada por un staff nobel que está aprendiendo de la cuestión minera a medida que avanza su gestión.

En los últimos días, el gobierno ha ralentizado el tratamiento de la nueva normativa, mientras busca consensos con el sector justicialista liderado por la ex gobernadora y hoy diputada Lucía Corpacci.

Al justicialismo catamarqueño, si actúa sin fisuras, no le faltan votos para aprobar sus proyectos. Pero observadores del sector dicen por estas horas que han llegado a la casa de gobierno las señales de preocupación de exploradoras y mineras.