JOSÉ CARLOS CUETO
Es el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe, pero el gobierno de Chile acaba de rechazar ratificarlo.
Se trata del Acuerdo de Escazú, un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuya adopción presidieron precisamente Chile y Costa Rica en 2018 tras cuatro años de negociaciones.
El acuerdo recibió ese nombre por adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe.
Tanto el ministerio de Relaciones de Exteriores como el de Medio Ambiente chilenos argumentaron el rechazo al tratado por incluir "ambigüedades" en algunas normas que "prevalecerían sobre la legislación interna", causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.
El acuerdo entra en vigor el próximo 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron.
De momento ha sido ratificado por nueve países.
Y aunque otros miembros como Colombia, Perú, México o Argentina no han puesto su firma final de momento, el caso de Chile resulta paradójico e "inconsistente" por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales.
Chile enfrenta la década más seca de su historia desde que comenzaron los registros de precipitaciones en 1915.
La decisión provocó duras críticas de la oposición y de organizaciones defensoras del medioambiente.
Firmado en 2018 por 22 países de la región, el propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, "garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados".
Andrés Allamand, ministro de Exteriores y Carolina Schmidt, ministra de Medioambiente, explicaron la decisión a través de una alocución virtual.
"Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático y facilitarles un mejor acceso a la justicia y a la información", amplía a BBC Mundo Pedro Cisterna Gaete, abogado e investigador de derecho y medioambiente de la Universidad de Concepción de Chile.
Se trata de un acuerdo regional alcanzado en negociaciones presididas por Chile y Costa Rica y otros cinco integrantes de la Mesa Directiva, conformada por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Si bien 22 países suscribieron originalmente el acuerdo, este ha sido ratificado, de momento, por solo nueve: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
A falta de las dos firmas requeridas para que el acuerdo entre en vigor y a cuatro días de cumplirse el plazo, Chile lo ha rechazado.
El 8 de septiembre, el ministro de Exteriores, Andrés Allamand, anunció que el acuerdo suponía un "inconveniente para Chile".
Este martes, a través de una alocución conjunta del propio Allamand y la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, se desarrollaron a fondo las razones de la decisión final.
Carolina Schmidt, ministra de Medioambiente de Chile, participó en la alocución en que se anunció por qué se rechazaba el acuerdo.
El ejecutivo chileno considera que el tratado de Escazú contiene obligaciones "ambiguas" que podrían condicionar las legislaciones ambientales de Chile, crear incertidumbre jurídica y exponerles a controversias internacionales.
Cita, por ejemplo, que el hecho de que se reconozcan derechos de defensores medioambientales otorgaría "un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley".
El análisis agregó que el acuerdo no define sus principios y que eso provoca "un problema interpretativo".
Al comienzo del documento que resume las razones, se asegura que "Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia".
Por otra parte, y apenas unas horas antes, el presidente del gobierno, Sebastián Piñera, aseguró que Chile está "totalmente comprometido" con el cambio climático ante la Asamblea de las Naciones Unidas.
La ola de reacciones y críticas por parte de la oposición y las organizaciones defensoras del medioambiente no se hizo esperar.
Matías Asun, director nacional de la organización Greenpeace en Chile, criticó la gestión del gobierno, acusándole de realizar "publicidad engañosa" por hacer creer a la gente que las políticas medioambientales están en el centro de su agenda.
"Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático".
"El gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar, el gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta que todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera", dijo Asun.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también se pronunció al respecto y dijo en Twitter que el gobierno "prioriza intereses empresariales por sobre los derechos ambientales de las comunidades"Vlado Mirosevic, miembro del Partido Liberal de Chile, calificó los argumentos del gobierno como "rebuscados y pobres".
Marcelo Mena, exministro de Medioambiente durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet, dijo en Radio Duna de Chile que "sacar estas razones ahora es totalmente poco serio y tiene que ver con que hay sectores empresariales que han presionado al gobierno, porque tienen desconfianza de lo que signifique una mayor participación".
Las razones del gobierno chileno están siendo un asunto de debate en el país. Para muchos son incoherentes y paradójicas.
"La decisión es un poco inconsistente porque Chile ya ha firmado en otros acuerdos algunos principios similares a los que ahora califica como ambiguos en el tratado de Escazú", dice Cisterna Gaete a BBC Mundo.
Chile fue organizador de la COP25, pero se celebró finalmente en Madrid por el estallido social ocurrido el pasado año.
"En Escazú se habla del principio de equidad intergeneracional, algo que está incluido en la mayoría de tratados medioambientales, como el de París, firmado por Chile. Realmente es difícil de entender la decisión", amplía.
El investigador teme que el rechazo de Chile tenga un "efecto rebote" y afecte la ratificación del acuerdo por parte de otros países.
"Sería lamentable que el futuro del acuerdo estuviese en peligro por una decisión de un solo país que, bajo mi opinión, no da razones fundadas para no firmar el acuerdo y que está siendo inconsistente con respecto a su postura histórica con Escazú", advierte Cisterna Gaete.
A la vista de las críticas recibidas, BBC Mundo contactó al ministerio de Relaciones Exteriores chileno, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.
La Nación
NATALIA LOUZAU
La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo de Escazú y, de esta forma, el tratado firmado por 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe quedó a un paso de materializarse. Sin embargo, aún no entró en vigencia ya que necesita de la ratificación de un país más. Se trata de un acuerdo regional que busca proteger: los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
Los expertos señalan que el acuerdo no tiene precedente. "Tiene características propias porque normalmente los acuerdos ambientales internacionales tratan temas específicos y este trata de derechos que son herramientas para la sociedad civil", asegura Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). A su vez, Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el Clima, explica: "Si bien fue promovido por la CEPAL en su armado tuvo muchísima participación ciudadana, eso es único".
"El Acuerdo de Escazú es como una caja de herramientas y habilita a que ejerzamos nuestros derechos con más fuerza", explica Nicole Becker, también cofundadora de Jóvenes por el Clima quien además se refirió al tratado como "una deuda de la sociedad con la juventud y con los que más sufren los impactos de la crisis climática".
A diferencia de su tratamiento en el Senado el pasado 13 de agosto, cuando el proyecto se aprobó por unanimidad, en la Cámara Baja recibió 240 votos a favor, 4 negativos y 2 abstenciones. Los diputados que votaron en contra fueron Gustavo Hein (Juntos por el Cambio), María Carla Piccolomini (Juntos por el Cambio), Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) y Pablo Torello (Juntos por el Cambio) y los que se abstuvieron fueron Romina Del Plá (Frente de Izquierda) y Alfredo Schiavoni (Juntos por el Cambio).
"Es el primer acuerdo ambiental al que van a suscribir los países de América Latina y el Caribe. Surge de lo que fue la cumbre de Río +20 y además se orienta en tres pilares básicos de la construcción de democracia ambiental", asegura Napoli, que además, junto con otros ambientalistas, estuvieron presentes en la histórica sesión de en la Cámara de Diputados.
Eyal Weintraub (Jóvenes por el Clima), Nicole Becker (Jóvenes por el Clima) y Andrés Napoli (FARN) en la Cámara de Diputados Crédito: Gentileza Jovenes por el Clima
El tratado no impone disposiciones específicas, pero funcionará como una figura a la que la ciudadanía podrá apelar. "Argentina tiene normativa ambiental pero tiene mucha falta de cumplimiento de esa normativa. Entonces ahí tenemos problemas fundamentalmente en el proceso de participación de la toma de decisiones donde la gente no es escuchada, se llama a opinar a la gente pero no se respeta las condiciones de lo que establece la población y no se los incluye en los procesos", dice Napoli.
Señala, además, que el acceso a la Justicia también es dificultoso: "Si bien existen casos importantes, en otros la Justicia hace caso omiso, no da respuesta o no puede llevar adelante lo que ellos mismos establecen. El Acuerdo tiene mucho para trabajar en lo que es la implementación en el país".
"Es un avance en la protección de quienes luchan por el medio ambiente en nuestra región", dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Esta no es una cuestión menor: Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Según el Global Witness América Latina es la región del mundo con mayor índice de peligrosidad para estos grupos: 212 defensores ambientales fueron asesinados en 2019. Además, en promedio, desde 2015 cuatro ambientalistas fueron asesinados por semana.
Marcha por el cambio climático en Buenos Aires Crédito: Ignacio Sánchez
Hasta el momento, solo diez de los 23 países que firmaron el Acuerdo de Escazú lo ratificaron. Se trata de Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina. Sin embargo, para entrar en vigencia falta que un país más lo haga.
"Nuestro país tuvo un rol fundamental en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado. Ahora, para que entre en vigor, se necesita alcanzar el aval de al menos un país más, por eso la Argentina debe mantener el compromiso de promover a aquellos que aún no han ratificado", explica Belski.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, por eso, es popularmente conocido con ese nombre. Mañana, 26 de septiembre de 2020 cierra el período para que el Acuerdo sea firmado por otros países. Después, esto continuará siendo posible, pero mediante un mecanismo distinto mediante el cual los países firman y ratifican el Acuerdo en un solo paso en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
