CARLOS PAGNI

+ Cuando Napoleón invadió Egipto hubo una crónica muy interesante que les llamó la atención a muchos historiadores occidentales. Se trata de la visión que tenía un cronista egipcio llamado Al-Jabarti sobre lo que estaba pasando en ese momento en su país. Cuando él ve la llegada de Napoleón se lamenta porque empezó una secuencia de desgracias. Y la primera desgracia fue, para él, que ese año no se realizó la peregrinación a La Meca. Este historiador egipcio cuenta la visión escandalosa que tenían sus conciudadanos de los franceses que invadían Egipto. Al-Jabarti observó que tenían costumbres extrañísimas: por ejemplo, no usaban velo; orinaban al aire libre; los hombres elegían a las mujeres que querían y las mujeres a los hombres que querían; también lo espantó que usaran papel higiénico. Pero hay algo que les llamó la atención para bien. Un soldado se levantó contra su jefe y, a diferencia de lo que pasaba entre los egipcios, fue juzgado en un juicio justo. Napoleón llevó a Egipto una cantidad de prodigios de la ciencia y de la tecnología de entonces, pero lo que llamó la atención a ese cronista fue un rasgo cultural, civilizatorio, político: se le podía oponer una verdad al poder; el débil fue juzgado y mereció un juicio justo. Es un tema central hoy en la Argentina. De esto se está discutiendo.

+ Pertenecemos a una tradición que, desde hace tres o cuatro siglos, está basada en la siguiente idea: somos personas libres que cedemos parte de nuestra libertad para constituir un Estado que nos administre mejor, pero que preserve más nuestra libertad, que nos permita ser más libres. Para eso delegamos parte de nuestro libre albedrío para tener una Justicia en común, una seguridad, un sistema de salud, un sistema educativo. Pero, como sabemos que ese Estado puede desbordarse y venirse en contra de nosotros, caer sobre nuestras libertades, establecemos una cantidad de dispositivos que nos salven de eso. Uno es la libertad de prensa, la posibilidad de criticar libremente al poder; la otra, una serie de garantías sobre la libertad económica; y otro de los dispositivos que inventó la sociedad occidental para preservarse es la independencia del Poder Judicial. Eso que admiraba Al-Jabarti, la posibilidad de un juicio justo para el débil, para quien no tiene poder.

+ Estos temas, que están garantizados por la Constitución Nacional, están puestos en tela de juicio en la Argentina, desde hace por lo menos una década. Hay un conflicto ideológico que se proyecta sobre la política. Un país empatado acerca de si estos deben ser los valores o las reglas que nos deben regir.

+ A medida que la crisis económica, muy alentada por la cuarentena, pone en tela de juicio, hace resquebrajar determinadas seguridades, nos coloca en una emergencia material la discusión sobre estas reglas y valores se vuelve más intensa. La pregunta es hasta dónde una economía más autoritaria no requiere de una política más autoritaria.

+ En el centro de esta cuestión aparece un tema aparentemente intrascendente, técnico, pero que por el contexto en el que emerge condensa toda esta discusión. Es como si en un hecho anecdótico se concentrara el destino de toda la sociedad: me refiero al caso de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Es una discusión técnica acerca de si están ocupando sus lugares correctamente, porque fueron trasladados desde otros tribunales. Los tres tienen una peculiaridad: dos de ellos ya juzgaron y sancionaron a Cristina Kirchner. Uno de ellos, Castelli, forma parte del tribunal oral que la va a juzgar en el caso de los cuadernos.

+ Cristina Kirchner como presidenta del Senado y como líder inapelable de la mayoría los desplazó, siguiendo un procedimiento que está cuestionado en la Justicia pero, además, desobedeciendo una acordada de la Corte, de 2018. Cuando aparecen estas anomalías institucionales ocurren rarezas. Cuando una sociedad sabe acordadas de la Corte con nombre y número se trata de una sociedad bastante enferma, porque quiere decir que se están cuestionando cosas muy elementales, que en otros lugares se desconocen, porque no se discuten. La presidenta del Senado, el Consejo de la Magistratura, la ministra de Justicia y el Presidente ignoraron una acordada de la Corte y los reemplazaron. Para ponerle el sello a este problema, la vicepresidenta no presidió la votación.

+ Los jueces fueron a la Justicia. El caso está en la Cámara Contencioso Administrativa. Tiene tres miembros la Cámara: el juez Pablo Gallegos Fedriani, que se excusó porque también es un juez trasladado; Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quien forma parte de esa Cámara a partir de un concurso que en su momento fue anulado por la Justicia. Vemos que todo el campo está minado, donde uno mira de cerca, hay fisuras.

+ La Cámara viene con bastante lentitud tratando este tema. Por ejemplo, el viernes pasado pidió por oficio al Senado que le envíe la versión taquigráfica de la sesión donde se desplazó a los jueces. Raro porque esa versión está online. Los jueces, ante la urgencia de verse desplazados, le reclamaron a la Corte que tome el caso con un per saltum. El procedimiento del per saltum fue reglamentado en la Argentina y es, con lógica, excepcional. Supone pasarse por encima todo un procedimiento, que es que un tema en discusión pase por la primera y segunda instancia hasta que finalmente llega a la Corte. Estos jueces quieren que se aplique el per saltum, que fue aplicado solo una vez en el tiempo en que esa institución está reglamentada, que fue justamente con la famosa "democratización" de la justicia que pretendía Cristina Kirchner, por la cual ataba el Consejo de la Magistratura a la elección presidencial.

+ Hay una enorme expectativa respecto de lo que va a hacer la Corte, sobre todo por lo que, se presume, podría ser una lentitud de Alemany y Treacy, los dos camaristas contenciosos administrativos. La Corte está ante un tema complicado, porque cada vez que hace algo genera antecedentes de larga duración. Entonces, si cualquier tema, que tiene que ver con traslados de jueces, con medidas organizativas va a merecer un per saltum los habría todo el tiempo y estaríamos pasando por encima de los procedimientos. Pero, claro, el caso Bertuzzi, Bruglia y Castelli tiene tanta significación política e institucional que merecería, a lo mejor, el per saltum.

+ Todo esto es muy difícil de discutir dentro de la Corte porque está políticamente pulverizada. Son cinco miembros que casi no se hablan entre ellos. O, peor todavía, se hablan a través de los diarios, se hacen operaciones de prensa. Hay un pésimo clima interno en la Corte. De nuevo, uno mira de cerca el edificio institucional y hay fisuras por todos lados. No sabemos qué va a hacer el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Él podría poner a consideración el per saltum. Nadie sabe qué decidirían los jueces, pero daría una señal de que es sensible a la demanda de la opinión pública. Probablemente haya una manifestación el miércoles sobre este tema. Rosenkrantz podría ponerlo a consideración y que se lo rechacen. O no, que la Corte asuma el per saltum y trate el tema. Podría suceder que lo rechacen, pero diciéndole a la Cámara: "Ponete las pilas, resolvé rápido". De este modo, si no les dieran la razón, los tres afectados podrían recurrir a la Corte por el curso normal del proceso. Hay mucha tensión porque el desplazamiento de los tres jueces simboliza, en el fondo, una especie de autoamnistía que estaría pretendiendo darse Cristina Kirchner en los temas que la involucran.

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+ Esto es importante porque va de la mano con otros temas. Por ejemplo, la pretensión de remover al Procurador General de la Nación, al jefe de los fiscales, que es el que da instrucciones o puede dar instrucciones a los fiscales que van a acusar al kirchnerismo, a Cristina, o a cualquier otro funcionario también del gobierno de Macri en los tribunales orales. El Procurador puede reemplazar fiscales, les puede decir "esta acusación la mantenemos o la bajamos", ejerce un enorme poder sobre los que acusan. Todo va adquiriendo los rasgos de una operación para buscar impunidad.

+ Por eso todo el mundo mira a la Corte. Porque ocupa un rol estratégico. Es la que dice qué dice la ley, es la que dice cuándo el gol es gol. En culturas institucionales que entienden este rol estratégico, la presencia de un juez virtuoso o no virtuoso en la Corte puede ser conmocionante. Lo estamos viendo hoy en Estados Unidos por la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que era una jueza ejemplar. Muy probablemente demócrata, pero admirada hasta por Trump. Esto es lo que simboliza la Corte, por eso todo el mundo se está fijando en ella a ver cómo juega en esta encrucijada institucional donde se condensan tantos significados.

+ Pero, además, se mira por una segunda razón: porque el Senado (con Cristina Kirchner a la cabeza, Alberto Fernández al obedecerle, y el Consejo de la Magistratura al proponer que se revisen estos procedimientos y la situación de estos jueces) no se está burlando de Bruglia, Bertuzzi y Castelli solamente. Se está burlando de la Corte, que es la que ya en una acordada definió que la situación de esos jueces es correcta. Y no sabemos dónde va a terminar esta burla hacia la Corte. Si se limita a esa acordada o, seguirá, hasta poder reemplazarlos a los jueces, si es que algún día la vicepresidenta obtiene los dos tercios en el Senado, para los cuales le faltan cuatro votos. Es decir que la Corte, defendiendo esta situación, también se defiende a sí misma.

+ Lo que está en tela de juicio es la forma en que limitamos al poder. La forma en que nos garantizamos nuestras libertades frente al que manda. El sistema institucional que nosotros adoptamos tiene dos mecanismos para hacer eso. Uno ya lo mencionamos, la división de poderes y, centralmente, la justicia independiente. Hay otro mecanismo para limitar el poder del que manda y garantizarnos determinado espacio de autonomía o libertad: la división del poder territorial, el federalismo. Es otra institución agredida. A la Ciudad de Buenos Aires se le quitaron recursos por un decreto sin siquiera pedir la autorización de la propia ciudad, como es de práctica, porque hay un convenio entre ambas.

+ Hay un cuestionamiento a la autonomía del Poder Judicial, que es uno de los instrumentos que nos damos para defendernos del poderoso, y hay otro cuestionamiento a la autonomía territorial de algo que la Constitución prácticamente establece casi como una provincia, que es la ciudad de Buenos Aires, declarada autónoma en la Constitución del '94.