En medio de la crisis política que desde hace semanas vive Perú, el Congreso rechazó la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, tras un extenso juicio de cerca de doce horas llevado a cabo frente al pleno.
Se requerían 87 votos para destituir al Mandatario, pero a mitad de la votación se confirmó que ya no se alcanzaría el número necesario. Finalmente se obtuvieron 32 a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.
De esta forma, Vizcarra podrá seguir gobernando por los diez meses que le quedan en el cargo.
El Comercio
JONATHAN CASTRO
El fin del proceso de vacancia no conllevará automáticamente a un período de tranquilidad en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que podría deteriorar aún más la imagen de ambos poderes. Si bien la aprobación al presidente Martín Vizcarra ha disminuido en los últimos meses, aún se mantiene alta: un 57%, según la última encuesta de Ipsos. En frente, la popularidad de Manuel Merino, cabeza del Legislativo, ha sufrido más, pues solo llega a 19%.
Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, explica que el Ejecutivo no sale fortalecido de esta crisis, sino que hubo una mitigación de los daños a raíz de la difusión de los audios del Caso Richard Cisneros. “Esa tendencia a la baja no va a detenerse. Lo que va a pasar es que se va a amortiguar el efecto de esta crisis para no sumarse al efecto de lo que ya estábamos viviendo”, señala.
En los próximos días, habrá varios temas que serán motivo de tensión entre ambos poderes, y cada uno requerirá un tratamiento diferente. Para Lanegra, un eje central será los efectos económicos de la pandemia, sobre todo en relación con la recuperación de los empleos perdidos.
En el Congreso, se han planteado varios proyectos con la finalidad de poner más dinero en manos de los ciudadanos, como el congelamiento de deudas y la devolución de aportes de los fondos de pensiones. En este terreno será difícil que haya un entendimiento con el Ejecutivo, pues hay una relación directa entre las expectativas que algunos partidos quieran generar en sus electores y esas medidas que se tomen, explica el politólogo.
A lo largo del debate del viernes, las bancadas han intentado marcar distancia del Ejecutivo, pese a que incluso votaron en contra de la vacancia. “Pero eso es en esta coyuntura. Luego volverán a ver qué les conviene y reparten las cartas; por eso se vuelve tan incierta la política”, sostiene Lanegra.
Poco antes de las 5 de la tarde del viernes, mientras se debatía la vacancia presidencial, el Ejecutivo le devolvió al Congreso la norma observada sobre la devolución de aportes de la ONP hasta S/4.300. Lo hizo en el último día que tenía para pronunciarse.
El Ejecutivo calificó esta norma de inconstitucional, y señaló que podría generar un impacto de hasta casi S/16.000 millones en el Tesoro Público. Durante las últimas sesiones del pleno, fue constante el reclamo de los legisladores que exigían que el Ejecutivo promulgara esta norma.
Ahora hay dos caminos claros: ser apabullados o conciliar. El Congreso podría aprobar esta norma por insistencia, con lo cual se publicará y entrará en vigencia. En respuesta, el Ejecutivo podría presentar una demanda de inconstitucionalidad, como lo ha hecho contra la ley que exonera el pago de peajes y los nombramientos en salud, pero tardará meses en resolverse. Pero hay otro camino.
El 2 de setiembre, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con modificaciones al sistema nacional de pensiones, que incluía pensiones de S/250 y S/350 para los que tenían entre 10 y 15 años o entre 15 y 20 años de aportes. El Ejecutivo tiene a su favor que esta semana será de representación, por lo que no habrá sesión del pleno.
Durante las próximas semanas, la Comisión de Presupuesto se abocará a debatir la ley de presupuesto del 2021. Este grupo podría quedar descabezado durante la discusión debido a que su presidente, Humberto Acuña (APP), ha sido condenado en segunda instancia.
El Ejecutivo necesitará el respaldo del Congreso para aprobar sus iniciativas como el incremento del presupuesto en los sectores salud (13% más que este año), educación (4% más) y deuda pública (15,7% más), así como la reducción en orden público y otros.
Allí también se verán los detalles del anexo 5, donde los congresistas podrán incluir proyectos de su interés. Entre el 2016 y el 2018, el Congreso incorporó más de 900 proyectos de obras, valorizadas en más de S/2 mil millones, según informó este Diario.
Este anexo es atractivo para los congresistas que desean impulsar proyectos en regiones, ya sea con buenas o malas intenciones. En estas negociaciones, el rol de la presidencia es clave, según exmiembros de esta comisión. APP no solo lo preside, sino que es el partido con mayor cantidad de autoridades subnacionales: 4 gobiernos regionales, 26 alcaldías provinciales y 236 distritales. Le sigue Acción Popular.
Los exministros de Economía Alfredo Thorne y Carlos Oliva señalan que para el Ejecutivo no será un riesgo que el Congreso incluya proyectos, pues todos necesitan cumplir los filtros antes de recibir el dinero.
Seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tienen el mandato vencido por un año y tres meses. Pero la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos al TC tiene el trabajo retrasado. Se instaló el 24 de agosto, elaboró el borrador de un plan de trabajo sin plazos fijos y cada bancada presentó su propuesta de reglamento.
Hasta ahora se ha decidido que no habrá examen de conocimiento. La puntuación será tomando como base el currículo (85 puntos) y una entrevista personal (15 puntos). Con esta decisión se busca que la calificación sea más objetiva.
Hoy sostendrán una reunión en la que podrían definir el reglamento que el pleno tendrá que aprobar antes de la publicación de la convocatoria. En el mejor de los casos, la comisión podría terminar de seleccionar a sus candidatos en enero. Pero la elección dependerá del pleno.
Esta decisión corresponde por completo al Legislativo. El Ejecutivo tiene interés en este proceso, pues ha presentado la demanda competencial frente al proceso de vacancia, así como una acción de inconstitucionalidad contra la ley de ascensos en el sector salud, y podría presentar más recursos similares si el Congreso continúa aprobando normas que el Ejecutivo no respalda. Pero no tienen representantes en el Legislativo que lo apoyen.
Las dos últimas normas de la reforma política que el pleno aprobó fueron la segunda votación de los impedimentos para los candidatos para postular y las modificaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos. La primera ya fue promulgada por el Ejecutivo.
Sin embargo, aún no se ha zanjado la discusión sobre la modificación a la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios. El pasado 5 de julio, con 110 votos a favor, el pleno decidió eliminar la inmunidad para parlamentarios por delitos comunes, mas no por los de función; también suprimió el antejuicio de ministros y estableció que el presidente puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.
Esta reforma fue cuestionada pero no ha sido revertida. Como se trata de una reforma constitucional, para que entre en vigencia el Parlamento necesita aprobarla en segunda votación en una segunda legislatura. El Congreso podría volver a ponerla en debate hasta diciembre, o decidir que se archive.
La agenda del Legislativo contempla varios proyectos en terrenos económicos que podrían generar enfrentamientos. Otro de los temas pendientes de segunda votación es la reforma constitucional que incluye el presupuesto de educación a 6%, que se votó junto a la modificación de la inmunidad.
Una de las principales fuentes de emisión de estos proyectos es la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por José Luna (Podemos Perú). Allí se han elaborado dictámenes favorables para proyectos que buscan evitar la suspensión de los servicios de telecomunicaciones en el marco de la emergencia nacional, regular sobre cobros en entidades educativas, prohibir generar cargos adicionales a los establecidos para préstamos y otras obligaciones financieras por el COVID- 19, definir el control previo de las operaciones de concentración empresarial, entre otros.
Estos temas pasarán a debate en otras comisiones y el pleno del Congreso, y el Ejecutivo tampoco tendrá cómo lidiar con ello, a menos que se anticipe con otros proyectos.
