LEONARDO DOMÍNGUEZ

Aunque manejan la cuestión con sumo hermetismo, en el Gobierno provincial están elaborando un proyecto para modificar la ley que fija el uso de las regalías mineras por parte de los municipios.

La intención de Sergio Uñac es volver a las raíces, no dejar margen para que el dinero se malgaste como sucedió en Iglesia en las pasadas gestiones de los hermanos Marinero y asegurar que se invierta en obras y acciones que ayuden al real crecimiento de la comunidad.

La reforma será presentada en el marco del Acuerdo San Juan como una propuesta, pero es un hecho que avanzará porque hay consenso entre todos los actores del sector, entre ellos los intendentes.

Las regalías constituyen el pago que las grandes empresas mineras le hacen al Estado por extraer minerales de los emprendimientos sanjuaninos. Es el 3% del valor al que exportan el metal y de eso, al municipio donde está el yacimiento recibe el 33%. Para los departamentos beneficiados son varias decenas de millones de pesos al año, al punto que en Iglesia implica un presupuesto más.

En los despachos oficiales aseguran que Uñac dijo basta. Que no quiere que lo que pasó en las gestiones de Mauro Marinero y su hermano Marcelo se repita. Ambos usaron gran parte de los más de $1.000 millones que recibió el municipio entre 2006 y 2019 del emprendimiento Veladero en designaciones, becas y contratos de todo tipo manejados políticamente. Conclusión: un departamento que nunca despegó, hasta hoy estancado.

Los Marinero lo pudieron hacer gracias a una modificación de la ley de regalías en 2007. La norma original establecía que el dinero que escurre la minería sólo podía ser utilizado en la ejecución de obras de infraestructura que propendan a un desarrollo sustentable del departamento, pero un pedido de los hermanos tuvo eco en la por entonces conducción provincial y se cambiaron las reglas de juego.

Aquella reforma facultó al Ejecutivo a fijar en el decreto reglamentario un porcentaje de dinero a utilizar en gasto corriente. La gestión giojista autorizó el 20% y sin fijar tope, dispuso que los fondos también se podían utilizar en prevención y reparación de siniestros.

Si bien se entendía como una excepción, los Marinero hicieron de eso un culto. Sin obras transformadoras de la economía departamental, Iglesia no creció a pesar de tener el emprendimiento más grande de la provincia. Se concentraron en usar dinero de la minería para incorporar personal y entregar ayudas económicas, lo que provocó que dirigentes de su propio partido, el bloquismo, no dudaran en denunciar públicamente que lo hacían como una forma de asegurarse votos para retener el poder.

Uñac quiere cerrar cualquier posibilidad legislativa de que los fondos sigan yendo a gasto corriente (sostiene que para eso está el presupuesto municipal) y busca retomar el espíritu de que se destinen únicamente a hacer obras de infraestructura que provoquen una verdadera transformación económica y social que beneficie a la gente.

Es una forma de ser consecuente con el concepto que primó en 2002 entre todas las fuerzas políticas sanjuaninas, cuando se sancionó la ley primera ley de regalías: que los recursos minerales se agotan y que el dinero que se obtiene por única vez, se debe aprovechar para impulsar otras actividades que traigan un desarrollo sostenible en el tiempo y den trabajo el día que la minería no esté en el lugar.

Por ahora no se conocen los detalles del proyecto que está preparando el Ministerio de Hacienda, desde donde lo girarán al Ministerio de Minería y a la Casa de Gobierno para su revisión. En términos generales, contaron fuentes calificadas, consiste es derogar el artículo que le cede facultades al Ejecutivo provincial, con lo que el polémico decreto reglamentario quedaría sin efecto.

En el Gobierno quieren que los términos de la nueva ley salgan del Acuerdo San Juan, la gran mesa de diálogo que convocó Uñac para fijar medidas que ayuden a superar la pandemia del coronavirus y trazar políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué en ese ámbito? Porque el espíritu de la reforma es fruto del consenso.

Los empresarios mineros están de acuerdo con la modificación y los intendentes también. El propio sucesor de los Marinero, el bloquista Jorge Espejo, había dicho en la campaña que iba a pedir la derogación del decreto reglamentario y fue de los primeros en levantar la mano a favor cuando la administración de Uñac empezó a trabajar en el tema.