Compromete una inversión cercana a US$ 1.200 millones
KAREN PEÑA
Como una iniciativa única en su tipo y clave para el proceso de descarbonización, se impuso en el sector energético después de varios intentos el proyecto Kimal-Lo Aguirre, una obra de transmisión en corriente continua (HVDC) de 1.500 kilómetros que involucra una inversión cercana a US$ 1.200 millones, la que permitirá conectar el norte y el centro del sistema eléctrico nacional. Pero en la industria desde hace meses hay incertidumbre por su futuro, lo que llevó al Ministerio de Energía a tomar definiciones, aplicando relevantes ajustes que buscan acelerar su entrada en operación.
En mayo del año pasado comenzó a caminar en tierra derecha la iniciativa cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó el Informe Técnico Definitivo que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2018, incluyendo dentro de sus obras la red de transmisión Kimal-Lo Aguirre.
Cuatro meses más tarde, el Ministerio de Energía determinó que la obra se sometería al denominado estudio de franjas según lo dispuesto en la Ley de Transmisión aprobada el gobierno anterior, la que fue concebida como una herramienta para incorporar variables ambientales, sociales y económicas en la definición de los trazados. Así, se buscaba facilitar la puesta en marcha de las líneas de transmisión de energía, las que están expuestas a la oposición de comunidades y complejas tramitaciones ambientales. Prueba de ello, fue la megalínea Cardones Polpaico de Interchile, la que tuvo diversas postergaciones por conflictos con las comunidades.
Sin embargo, el actual escenario impone que la nueva infraestructura de transmisión debe ser desarrollada en tiempos que sean ajustados al proceso de cierre de las centrales a carbón -la que según el plan se contempla el retiro al 2040- para reforzar los principales corredores de transmisión del sistema eléctrico nacional y cumplir el compromiso de descarbonización.
Por esto, el compás de espera en que está el estudio de franja daba cuenta en la industria que no habría dudas de un retraso en la puesta en servicio de la megalínea y, en consecuencia, en el ingreso de plantas de generación de energía renovable necesarias para el reemplazo de las centrales a carbón que se retirarán.
Fue así que en julio el Ministerio de Energía solicitó al Coordinador Eléctrico informar acerca de los impactos de un eventual retraso en la entrada en operación del proyecto Kimal-Lo Aguirre, considerando los nuevos requerimientos del sistema y el plan de descarbonización.
El organismo que supervisa el sistema eléctrico concluyó diversos efectos. Entre ellos, la postergación del proyecto para el cuatrienio 2029-2032 varía entre US$ 80,4 a US$ 205,5 de mayor costo de operación y falla dependiendo de la fecha efectiva de puesta en servicio contemplada entre los años 2030 y 2032.
Pero no solo eso. Entre más tarde, mayor sería el efecto de congestiones de transmisión, en particular en la línea 500 kV Nueva Pan de Azúcar-Polpaico.
El mismo ejercicio se repitió con la CNE que, en línea con el Coordinador, recomendó adelantar la fecha de entrada en operación del proyecto, agregando que existiría un perjuicio económico mayor de no adoptarse la medida de anticipar la iniciativa.
Todos estos antecedentes hicieron tomar una definición: no realizar el estudio de franjas y ajustar el cronograma completo de la iniciativa.
Al ser consultados, desde la cartera detallan que al dejar sin efecto la obligación de realizar el estudio de franjas para el proyecto Kimal-Lo Aguirre se logra anticipar la puesta en servicio del proyecto para diciembre del año 2028, sin desatender el fundamental cuidado del medio ambiente ni el relacionamiento con las comunidades para desarrollar este proyecto. Así, confirman que se adelantará la puesta en servicio del proyecto en a lo menos tres años del actual cronograma vigente.
Los nuevos plazos fijados por el gobierno contemplan tres hitos para el próximo año: el lanzamiento de la licitación el 1 de marzo, la adjudicación del proyecto el 1 de noviembre y el decreto de adjudicación para el 19 de noviembre. Mientras, el inicio de la construcción quedó programado para el 1 de enero de 2022 y la puesta en servicio el 31 de diciembre de 2028.
Frente a las potencialidades que ofrecía el estudio de franjas, en el Ministerio de Energía explican que la decisión tomada por la cartera de someter o no a un proyecto de transmisión a un estudio de franjas "no afecta la obligación de someter el proyecto de transmisión a evaluación de impacto ambiental y de obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable previo al inicio de las obras, ni tampoco de dar cumplimiento a las normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT".
Es decir, según precisaron, "todos los proyectos de transmisión tengan o no estudios de franjas, deben cumplir con la totalidad de la normativa ambiental aplicable".
Fuentes comentan que el hecho que el estudio de franja no fuese vinculante también podría entregar la certeza necesaria, ya que podría resultar en cambios posteriores.
Incluso, algunos actores del sector advertían en el último tiempo por la posibilidad de que existiese duplicidad de algunos trámites, por lo que habían enviado algunas propuestas a la cartera de Energía para ajustar el instrumento.
La metodología de estudio de franjas será utilizada por primera vez con los proyectos Entre Ríos- Ciruelos y Ciruelos – Pichirropulli, obras para las que con fecha 26 de agosto de 2020 el Ministerio de Energía publicó la licitación para el estudio de franjas.
