KAREN PEÑA

Diversas reacciones ha provocado la decisión que tomaron los accionistas de Mina Invierno de poner fin de forma definitiva a la historia de exploración y producción de carbón en Isla Riesco a siete años del inicio de su operación.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó el anuncio de cierre definitivo de Mina Invierno, yacimiento ligado a Empresas Copec y Ultramar, especialmente considerando que el proyecto cumplió con la legislación vigente y contó con la aprobación de todos los organismos técnicos.

"No obstante ello, sus detractores han logrado su paralización y la pérdida de más de mil empleos, en una región donde la actividad minera más relevante era precisamente esta faena", sostuvo.

A juicio del dirigente gremial, "el cierre de esta operación afectará a una región del país que necesita desarrollar alternativas productivas y, ello, es particularmente urgente en la actual coyuntura. Creemos que Chile no puede darse el lujo de descartar esta importante actividad y perjudicar a los habitantes de la Región de Magallanes".

Sin embargo, el timonel de la Sonami valoró la decisión de la empresa de continuar la pelea judicial que lleva en la Corte Suprema para revertir la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizaba la utilización de tronaduras como método complementario para la extracción de estéril.

No obstante la decisión de los accionistas de Mina Invierno, reiteró su "esperanza" en el fallo pendiente aún en el máximo tribunal, el que debe resolver en torno al recurso de casación presentado por la compañía.

"Esta decisión es clave y puede establecer un precedente, considerando que la minería en Chile no podría competir en el mundo de los commodities sin permitir el uso de la técnica de tronadura", indicó Hernández. En esa línea, enfatizó que "lo que aún es más grave es el hecho que, al no permitir tronadura en una explotación a rajo abierto en Magallanes, como lo autoriza la legislación en el país, en definitiva cierra la posibilidad de desarrollar minería en esta región del país".

El titular del gremio minero añadió que, en el actual escenario producto de la pandemia, se necesita reactivar la inversión en nuestro país y para ello es fundamental mejorar la eficiencia y coordinación de estos procesos, con el objetivo de evaluar adecuadamente los proyectos atendiendo a altos estándares ambientales, sociales y económicos. "Para esto, es clave que impulsemos cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica", afirmó.

Mientras, desde la otra vereda, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, indicó que desde sus inicios en el año 2011, junto a varias organizaciones ambientales, se opusieron a una mina de carbón en Isla Riesco que "exportaría ese mineral combustible a termoeléctricas en zonas de sacrificio, calentando el planeta, pero también contaminando su territorio y dejando graves secuelas en sus habitantes".

"Hoy al final los inversionistas que mantuvieron operando Mina Invierno han declarado su cierre y han reconocido que el negocio del carbón y sus números no dan para esta operación, sincerando al fin que nunca fue viable una operación como la que originalmente prometieron, solo con un rajo abierto", destacó el dirigente. Y agregó que "siempre fue el secreto oculto, tal como lo habíamos denunciado, utilizar explosivos en el corazón de la Patagonia sin haberlos evaluado adecuadamente en sus impactos y costos".

Pero advirtió: "Esto aún sigue. Queda pendiente hacerse cargo de los impactos humanos y ambientales que se produjeron en la zona, pero se abren para Magallanes caminos hacia un desarrollo más limpio y sustentable que aproveche la enorme riqueza ambiental y social que tiene este territorio".