El Congreso convirtió en ley la ampliación de moratoria impositiva, que se extendera a casi todo el sector privado y permitirá refinanciar deudas vencidas al 31 de julio a 10 años de plazo.

Tributaristas valoraron la extensión del régimen de regularización que representa un respiro para las empresas que no pudieron afrontar sus obligaciones tributarias, en medio de una profunda recesión causada por el parálisis económica de la cuarentena. No obstante, cuestionaron algunos puntos del texto final de la norma.

"En términos generales es algo positivo porque era necesario incluir deudas hasta el 31 de julio para todas las empresas, más allá de que sean o no pymes. Respecto a si alcanza o no, se verá cómo evoluciona la economía, habrá que ver si no será necesario otro plan o ampliar este", comentó Sebastián Domínguez.

En ese sentido, Domínguez consideró que la tasa, si bien comienza en un 2% mensual, al ajustar por Badlar debería ser bastante más baja o tener algún tipo de bonificación.

"La tasa empieza siendo fija y después pasa a ser tasa Badlar, que hoy está en 29% anual, que no es una tasa baja. Habitualmente en los planes de pago se han puesto tasas bastante más bajas que las de intereses resarcitorios, que hoy está alrededor de 33% anual. Es poca la diferencia, entiendo que debió haberse fijado por ejemplo una tasa de 50% de la Badlar. Puede ser que genere una deuda compleja de pagar, pero como el plan es a 10 años las cuotas van a ser bajas", señaló.

Además, cuestionó los requisitos para ingresar al plan que exigen una repatriación del 30% de los activos financieros del exterior, al compararlo con el escaso volumen traído al país para evitar la doble carga de Bienes Personales que requería sólo un 5%, y la prohibición de distribuir dividendos.

"Estos requisitos que se exigen como repatriar el 30% o la prohibición de no distribuir dividendos por 24 meses ni operar dólar CCL son restricciones importantes. No era el momento para plantearlas, nunca en la historia de las moratorias hubo estos requisitos. Al menos tendrían que haber sido más flexibles. Muchos dueños viven de los dividendos. Está bien la idea de evitar que una empresa que tiene los fondos y use lo que no paga de impuestos para distribuir dividendos", dijo Domínguez.

Por su parte, José Luis Ceteri rescató la condonación de multas y la reducción de intereses de resarcitorios y consideró que la tasa de interés es relativamente baja, además de que el ingreso al régimen toma como cumplida la obligación. "Otro beneficio es que al ingresar se considera que el impuesto que se adeuda está pagado, eso tiene ventaja en cuanto a determinados requisitos", opinó.

En tanto, sostuvo que la ampliación de la moratoria se lanzó de forma demasiado anticipada, al señalar las preocupaciones de las empresas hoy se enfocan en cómo sostener la actividad en medio de la cuarentena en lugar de contraer nuevas deudas, y dudó sobre si va a tener una adhesión masiva.

"Hoy la cabeza de las empresas está en otra cosa. Creo que esta moratoria la gran contra que tiene es que se anticipó mucho, tendría que haber salido cuando la economía ya empezara a reactivarse, hasta entonces las empresas no van a hacer uso de esto porque van a tener que acumulando deudas y hoy la cabeza está puesta en cómo abrir y cumplir los protocolos", indicó Ceteri y resaltó: "Además, falta ver lo que reglamente la AFIP, que puede definir algunos detalles."

Iván Sasovsky, por su parte, sí considera que la cantidad de inscripciones será importante, al sostener que las empresas buscarán posponer pagos, y destacó que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo abre la posibilidad para que muchos contribuyentes que no necesiten ingresar se adhieran para licuar su deuda.

"La moratoria va a tener un grado de adhesión importante dado que por la caída en las ventas y evitar problemas como embargos o cobros compulsivos, la mejor decisión es posponer pagos hacia adelante. Además, la brecha cambiaria hace que muchos que no lo necesiten, se adhieran para especular con el precio futuro del dólar y de esa manera licuar sus deudas", estimó y agregó: "Muchos otros pueden aprovechar y rectificar impuestos no declarados y financiar ese 'blanqueo' hasta en diez años."

Sasovsky sostuvo que la norma "es un parche" que a corto plazo puede ser positivo para quienes adeuden pagos de impuestos, pero que a largo plazo "carcome el sistema tributario".

"Esta medida, sin tener en cuenta aspectos políticos ni amiguismos, es una manifestación del nivel de precariedad de nuestra economía que recurrentemente precisa de estas herramientas que deberían ser de carácter excepcional, y que en nuestro país tienen mayor estabilidad que las propias leyes que crean impuestos", concluyó.