El Secretario de Estado supervisó en terreno el cumplimiento de los protocolos sanitarios específicos para el sector, los cuales fueron acordados con las entidades gremiales respectivas, como parte de las gestiones para avanzar en la reactivación de diversos sectores económicos, entre ellos la construcción que genera 700 mil puestos de trabajo en todo Chile.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto a los ministros de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, además del Intendente metropolitano, Felipe Guevara, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, supervisó en terreno la puesta en marcha del plan piloto para el funcionamiento del sector construcción, que contempla la apertura de tres faenas de menor tamaño en tres comunas que ya se encuentran en paso 2 de transición del Plan Paso a Paso.
El plan piloto permite el traslado de trabajadores que viven en comunas con cuarentena a través del uso de transporte privado, el cual será pagado por la empresa, desde sus domicilios a las faenas, y de regreso a sus hogares. En total, el plan piloto movilizará a 380 personas, como parte del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Economía y la Cámara Chilena de la Construcción, para reducir al máximo la posibilidad de contagios.
El titular de Economía remarcó la importancia que tiene este plan piloto para poder avanzar en la reactivación económica. “La economía de nuestro país está en una situación igual que esta obra: paralizada. Y tenemos que ir haciendo los esfuerzos para reactivarla. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Todas las obras, todo lo que construimos, lo construimos en conjunto con los trabajadores y ellos son los más interesados en que este plan piloto funcione y se pueda ir replicando en otras obras porque la gente necesita llevar ingresos a sus casas, necesita llevar plata para sus familias, necesita levantar la vista y ver el futuro con un poco más de optimismo”, sostuvo el ministro Palacios.
En tanto, el ministro Ward relevó el acuerdo entre la CChC y el Ejecutivo que permitió poner en marcha este plan piloto. “Creo firmemente en la alianza público-privado, por eso hemos firmado protocolos con distintos organizaciones, industria y gremios de forma de dar pasos y señales en la línea correcta. Por eso, respaldamos plenamente lo que se está haciendo, creo que este es un muy buen ejemplo a replicar, felicitamos a quienes han sido protagonistas de esta iniciativa y creo que este es el camino por el que el país debe transitar”, dijo el titular de Vivienda y Urbanismo.
A su turno, la ministra Zaldívar valoró la puesta en marcha del piloto como parte del proceso de reactivación. “Lo que estamos buscando con este plan piloto es ir viendo cómo esta actividad, que es la de la construcción privada, podemos seguir reactivándola, así como muchísimas otras actividades que han estado estos cinco meses funcionado, como los mismos medios de comunicación, los supermercados y farmacias, asegurando la seguridad de sus trabajadores, y hacerlo, entonces, más masivo para que podamos tener más personas que puedan también ser parte de esta reactivación”, dijo la titular de Trabajo.
En el caso particular de la obra que visitaron las autoridades, ubicada en la comuna Lo Barnechea, ésta emplea a 130 personas, pero en esta primera etapa del plan piloto volverán 30 trabajadores. Actualmente la empresa constructora tiene 10 proyectos de los cuales 8 están paralizados, razón por la cual destacaron la importancia de fomentar iniciativas cómo estas.
Además del protocolo de traslado, también se considera la realización de un examen PCR previo al reinicio de las obras, y el resultado de cada test deberá ser informado a la autoridad sanitaria. Asimismo, los trabajadores de cada obra firmarán una carta de compromiso con el autocuidado mientras no estén en la faena. Esta y el resto de las medidas sanitarias serán verificadas de manera presencial por la Mutual de Seguridad de la CChC.
En tanto, se dispondrá de un canal de denuncias para que, tanto trabajador como comunidad, puedan informar eventuales incumplimientos.
El presidente de la CChC, Patricio Donoso, enfatizó el compromiso de su gremio por avanzar en un regreso seguro que permita seguir retomando la actividad en forma paulatina. “Este es un primer paso y como industria estamos preparados para ampliar este piloto a todas las obras de la Región Metropolitana, siempre con el resguardo sanitario que se necesita y mediante un esfuerzo conjunto de parte de todos los actores. Reiteramos nuestro compromiso con un retorno seguro, cuya principal prioridad es la salud de los trabajadores. Estamos seguros que como sector podemos ser parte de la solución en una situación tan compleja como es la pandemia en nuestro país”, señaló.
Trabajar en una “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” es parte del acuerdo que el fin de semana pasado cerró el gobierno con los parlamentarios y que además de apoyar con mayores ingresos a las familias en medio de la crisis, también contiene una batería de medidas que pretenden incentivar la economía y la inversión. Y por eso, el gobierno ya venía trabajando en el tema, cuenta el ministro de Economía, Lucas Palacios. De hecho, desde el Ejecutivo ya se tiene identificado que en los próximos siete meses debería comenzar la construcción u operación de 90 iniciativas, de cinco sectores -Minería, Energía, Inmobiliario, Infraestructura e Industria- que involucran inversiones por US$20 mil millones y que generaran 31.000 empleos directos en fase de construcción y otros 10.500 en operación.
Es más, para 2021 Economía ya contempla que 111 proyectos iniciarían su construcción u operación, generando más de 30.000 puestos de trabajo en fase de construcción y unos 9.300 durante la operación.
“Desde el inicio de la pandemia, el Presidente de la República me solicitó que lidere esta mesa Público Privada, con la triple finalidad de coordinar y garantizar la cadena de producción y abastecimiento de productos y servicios básicos durante la crisis sanitaria, canalizar, a través de una ventanilla única, las donaciones y ayudas de distintos ámbitos privados -las que vale reconocer que han sido muy significativas-, y agrupar propuestas de colaboración público- privada hacia el futuro, dentro de lo que ha surgido el levantamiento de dificultades o trabas burocráticas para la inversión”, cuenta Palacios.
Añade que desde abril la Oficina de Grandes Proyectos (GPS) está realizando una consultoría institucional con el fin de hacer un diagnóstico de la estructura, capacidades, procesos, sistemas y presupuesto de algún servicio público que requiera implementar mejoras en su eficiencia. El proceso se demorará entre tres a cuatro meses, cuenta. En definitiva, detalla, se está acelerando e intensificando el proceso de modernización del Estado, a través de una estrategia que contempla siete ejes de trabajo, entre los que se encuentran la generación de mejoras de gestión interna en los organismos del Estado, simplificación los procesos de tramitación de permisos y corrección de ineficiencias, corregir problemas de coordinación entre organismos del Estado, incorporar aclaraciones y mejoras a los procedimientos del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), institucionalización de la Oficina GPS y fortalecimiento de GPS Pymes, entre otras. “Este trabajo es crucial para permitir que se gatillen las inversiones ahora, pero también para favorecer las inversiones del futuro”, dice.
¿Se habla de digitalizar permisos y reforzar el SEIA, ideas que son muy antiguas en el mundo de la evaluación ambiental, ¿qué tan factible es que eso se logre en tan poco tiempo? “Estas mejoras al SEIA han sido planteadas anteriormente, pero la realidad que vive hoy nuestro país nos obliga a concretarlas cuanto antes. La crisis sanitaria que enfrentamos es la peor de los últimos 100 años, y su impacto en la economía nos plantea no solo un desafío, sino que también una necesidad en materia de inversión”, responde.
En el mundo privado aplauden la propuesta del gobierno, pero recalcan que esta no es la primera vez que se busca agilizar el trámite de aprobación ambiental de los proyectos de inversión. Por eso, la CChC, propone que se designe a un delegado presidencial en cada región para velar que el proceso ambiental sea expedito. “Dado que nos encontramos en un momento excepcional, que demanda respuestas excepcionales, proponemos que se designe un delegado presidencial en cada una de las regiones del país, cuya principal responsabilidad sea velar por la eficiente tramitación de los proyectos de inversión y, por ende, por la creación de empleo. En la medida en que tengan objetivos y metas claras, así como un sistema público y periódico de reporte, podrían acelerar el proceso de transformar las decisiones políticas en actividad productiva y nuevos puestos de trabajo”, propone Patricio Donoso.
Desde la minería celebran la iniciativa y destacan que el gobierno esté usando como base las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, las que incluyen, enumera Diego Hernández, presidente de la Sonami, aumentar la eficiencia en la tramitación, eliminar duplicidades, mejorar la coordinación entre los órganos de la administración del Estado, promover el establecimiento de criterios claros y uniformes para el otorgamiento de permisos y abordar la falta de recursos en los Servicios mediante distintas estrategias. “Esto incluye la consideración de colaboradores externos para disminuir la presión de trabajo sobre los organismos competentes y la instauración del silencio administrativo positivo”, destaca Hernández.
En la Sofofa también proponen el silencio administrativo en el otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales como posible herramienta para agilizar las inversiones así como también implementar mecanismos que permitan la trazabilidad de dichos procedimientos y la estandarización de criterios de las autoridades que los otorgan. “Considerando la incertidumbre que existe respecto a la duración de la pandemia, es urgente implementar sistemas telemáticos para los procesos de participación ambiental ciudadana y consulta indígena en el SEIA a través de dispositivos tales como la participación telefónica, plataformas web y entrevistas focalizadas”, propone Rafael Palacios, director de Políticas Públicas del gremio.
Claudio Seebach, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, estima que la meta que se impuso el gobierno se debe cumplir “sin disminuir la calidad de la evaluación ambiental” de los proyectos. Por eso, indica, “es necesario allegar mayores recursos al SEA y a los organismos con competencias ambientales relevantes en la evaluación ambiental de proyectos y otorgamiento de permisos sectoriales. Asimismo, se debe permitir realizar procesos de Participación Ciudadana y Consulta Indígena sin poner en riesgo la salud de las personas, mediante el uso de medios tecnológicos adecuados y que aseguren los principios básicos de participación a todas las partes, de forma que dichos procesos no detengan las evaluaciones”, detalla Seebach.
El hecho que la agilización de los plazos de tramitación no implique un relajo de las exigencias ambientales es un tema que en las organizaciones ambientales preocupa. La directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, indica que la reactivación económica debe enfocarse en el bienestar de las personas y en el medio ambiente. “La agilización de los proyectos de inversión no debería equivaler a la disminución de los estándares ambientales que se les piden. Por el contrario, debemos exigirles a los titulares de proyectos que presenten estudios de mayor calidad, lo que evitará las múltiples observaciones que se generan en las evaluaciones ambientales”, señala.
Añade que la evaluación ambiental no es una traba a la inversión, sino más bien una forma de hacerla sustentable en el corto, mediano y largo plazo. “La tardanza en la aprobación de los proyectos no está dada por una burocracia intencional, sino más bien porque los titulares entregan proyectos con declaraciones pobres que deben ser mejoradas en el camino”, dice.
La preocupación es abordada por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien indica que como gobierno “no vamos a flexibilizar ninguna medida ambiental, sino que impulsaremos un desarrollo sustentable con el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado y que tienen tremendos beneficios sociales, económicos y ambientales para el país”.
Señala que ve con “muy buenos ojos” todos los consensos que permitan que el país se recupere del impacto de la pandemia, pero enfatiza que este acuerdo nacional “señala en reiteradas oportunidades que la reactivación económica tiene que ser sustentable, con acento en la protección del medio ambiente, es decir, una recuperación verde. La institucionalidad ambiental preservará los altos estándares y exigencias, procurando siempre la adecuada participación ciudadana”, señala Schmidt.
En Economía también destacan esto. De hecho, Palacios indica que las medidas que impulsa el gobierno apuntan a generar un sistema de tramitación “más moderno y eficiente, pero manteniendo altos estándares medioambientales y de relacionamiento con las comunidades”, dice,según publicó La Tercera.
