Rechazan la entrega de tarjetas, quieren dinero en efectivo
LUIS ÁLVAREZ
La relación de la provincia cusqueña de Espinar con las empresas mineras que explotan cobre en Antapaccay está marcada por el conflicto. Se extiende hace tres décadas.
El último episodio de desencuentro fue cerrado el viernes pasado con un acta de compromiso firmada por una comisión de alto nivel del Gobierno, actores sociales y representantes de la minera Antapaccay. En ella, la compañía acepta destinar de manera extraordinaria, y por única vez, S/ 44 millones para repartirlo entre habitantes mayores de 18 años. Cada elector accederá a una tarjeta de uso múltiple por S/ 1.000. Con dichos fondos, los espinarenses comprarán alimentos, medicina, abrigo, equipos de bioseguridad y pago de servicios. Los S/ 44 millones provienen de un porcentaje de las utilidades que percibe la minera y que destina a proyectos productivos de la comunidad.
En la sierra peruana Espinar cumple una función clave. Por su territorio circula el corredor minero transitado por camiones con mineral rumbo al puerto de Matarani (Arequipa). El bloqueo de la vía no solo afecta a Antapaccay, también a Las Bambas y Hudbay.
Los conflictos se remontan a inicios del milenio. Uno de los más frescos se remonta a 2012 cuando la operación minera la explotaba Xstrata–Tintaya. Este año, los espinarenses denunciaron contaminación por metales pesados según un informe de la Digesa. El 2010, Censopas halló metales pesados en pobladores. Los estudios no precisaron si la contaminación era de la minería o fuentes naturales. También se pedía reformular los aportes de la empresa a la comunidad. Para llegar a un arreglo hubo violentos enfrentamientos. El humo blanco llegó con la promesa de un millonario plan de inversiones y ambiental.
En 2016, nuevamente se prendió la mecha contra Glencore-Antapaccay a cargo de la explotación del yacimiento. Los compromisos asumidos no se cumplieron. El Gobierno envió una comisión de alto nivel que asumió estos y nuevos compromisos.
El conflicto del bono no parece cerrado. El comité de lucha se negó a firmar los acuerdos el viernes. Rechazan la entrega de tarjetas, quieren dinero en efectivo. Calificaron de traidores a las autoridades ediles y dirigentes que firmaron el acta.
El excongresista Rubén Coa, radicado en Espinar, refiere que la solicitud del bono fue coyuntural. Ante la pandemia y el fracaso de los bonos del Estado, los pobladores pidieron un apoyo a la empresa minera. La demanda fue denegada.
Argumenta que de haberse aceptado ese requerimiento, el pedido del bono no habría prosperado. Vale preguntarse si la ausencia del Estado contribuye a detonar conflictos.
