Que sea “empresa testigo” en la exportación de cereales
Alberto Fernández señaló que tras dejar sin efecto el proyecto de intervención de Vicentin, el gobierno considera la posibilidad de hacer de YPF Agro, una división dentro de la petrolera de mayoría estatal, una sociedad autónoma que sirva de “referencia” para el sector cerealero.
En entrevista radial por “El Destape Web”, el presidente dijo que la idea de tener una “empresa testigo” en el sector agroexportador era precisamente lo que intentó con el DNU de intervención de la agroexportadora Vicentin, ya que esa división de YPF había desarrollado mucho el negocio de canjear combustibles y fertilizantes por cereales de los productores y luego comercializarlo y que se intentaba lograr “una buena sinergia” entre YPF Agro y los activos de la agroexportadora “para evitar que el mercado de exportación de cereales se concentre aún más”.
“La idea era esa. La conclusión que uno saca es que lo mejor es que YPF Agro se consituya en una sociedad autónoma y sirva de referencia en el sector cerealero sin tener que hacer una inversión millonaria en dólares para salvar a los accionistas de Vicentin”, dijo Fernández.
Según el presidente, la idea original de la intervención era que YPF Agro se pusiera al frente “para darle la potencia que Vicentin necesita, pero no nos dejaron; nos pusieron todos los obstáculos, me tuve que bancar cacerolas, bocinazos, insultos, nunca nos dejaron ver lo que había dentro de Vicentin, pero lo que conocemos es preocupante”.
Por eso, insistió el presidente, “tal vez sea hora de desarrollar (YPF Agro) de ese modo” (esto es, como sociedad autónoma paa operar en el sector cerealero. “No tenemos problemas con el sector privado en el mercado cerealero, sino que queremos prudencia y tener una empresa testigo donde se hacen las picardías”, justificó.
Fernández explicó largamente que su proyecto de intervención de Vicentin era conocer en un plazo de 60 días la real situación de la empresa, para salvarla, no para salvar a los accionistas o socios o para convalidar un desfalco. “Pero no nos dejaron”, insistió, y criticó la actitud de la oposición e incluso al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, al que acusó de estar muy influenciado por la empresa.
“Necesitábamos esos 60 días para conocer cuál es el conflicto económico de Vicentin, porque además de Vicentin hay un entramado de sociedades que había que desentrañar”, señaló el presidente. Sin embargo, prosiguió, el juez Lorenzini impidió ese trabajo y la Justicia en lo contencioso administrativo rechazó el pedido de traslado de la causa a la Justicia Federal.
“Instalaron que somos expropiadores seriales”, se quejó el presidente, “pero hay un conflicto real” y refirió que la información del Banco Nación, de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Ciudad e incluso de un proceso de “Discovery” en la Justicia de Nueva York que dijo “sigue investigando la fuga de dinero de ejecutivos de Vicentin”.
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La reunión del 11 de junio, cuando el presidente recibió en Olivos a ejecutivos de Vicentin acompañado del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y miembros del Gabinete
El presidente precisó también que los activos de Vicentin cubren apenas un tercio de su deuda y señaló que además de la deuda con el Nación y otros bancos locales, el principal acreedor de la agroxportadora es la Corporación Financiera Internacional (CFI), la ventanilla del Banco Mundial que presta al sector privado.
“El juez nunca aceptó que entremos en el Concurso, se hiciera un fideicomiso y nos dieran (a YPF Agro) el manejo de la empresa”, insistió Fernández, quien enfatizó que la intención del gobierno era “salvar a la empresa, no a los socios o accionistas”. La intención no era, subrayó, “salvarles las papas a ejecutivos y accionistas cuestionados penalmente, que fue lo que hizo el gobierno anterior”.
El presidente se quejó amargamente de la reacción social al DNU de intervención y eventual expropiación, que atribuyó a la influencia de la oposición y los medios. “Nos acusaron de expropiadores seriales y de atacar la propiedad privada”, señaló.
El primer mandatorio confirmó que habrá una prórroga del plazo para que los acreedores externos respondan a la oferta de renegociación de la deuda externa por USD 66.000 millones que hizo el gobierno, pero reiteró que no habrá mejora de la oferta financiera.
“No podemos hacer más esfuerzos, no le pedimos (a los acreedores) que pierdan, sino que ganen un poco menos”, dijo otra vez el presidente, pero se negó a confirmar si hasta ahora el porcentaje de adhesión a la propuesta argentina es sólo del 35%, muy lejos del umbral mínimo necesario para salir del default y evitar los juicios en los tribunales de Nueva York.
Fernández dijo que algunos fondos tienen una posición muy terca y dura e incluso criticó veladamente la renegociación del gobierno de Ecuador. “Ecuador renegoció con tasas de 5% en un mundo que paga 0% y aceptó eliminar las Cláusulas de Acción Colectiva” que se fijaron a partir de lo que los fondos buitres hicieron con la Argentina. Si yo acepto todo lo que me piden, yo también arreglo el tema de la deuda. Si yo hubiera aceptado todo lo que piden ya hubiera arreglado”, señaló.
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Lenin Moreno, presidente de Ecuador, cuya renegociación de deuda criticó Alberto Fernández.
En la entrevista, el presidente dijo también que ya tiene listas las 60 medidas que tomará el gobierno para la recuperación de la economía, pero que los ministros Kulfas (Desarrollo Productivo), de Pedro (Interior) y Guzmán (Economía) hablen con los gobernadores provinciales para acordar también medidas “región por región”.
Dijo a su vez que el gobierno no descartó un plan de “Ingreso Básico Universal”, pero que es “un camino más largo” y que “no me parece que en este momento podamos hacerlo”.
Además, dijo que mientras haya pandemia seguirá vigente el “Ingreso Familiar de Emergencia”, por el que el gobierno asiste (hasta ahora con $ 10.000 mensuales) a 9 millones de familias. “La pobreza es la mayor deuda de la democracia con los argentinos; de eso hablé en la campaña y lo voy a cumplir, porque es lo que estoy haciendo”. Por eso, consultado sobre si el IFE seguirá mientras siga habiendo pandemia, respondió “Sí, por supuesto”.
Ámbito
LILIANA FRANCO
El presidente, Alberto Fernández, firmó un DNU para anular la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin, según pudo confirmar Ambito. Minutos después, el presidente Alberto Fernández, hizo el anuncio en Twitter. "Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días", escribió.
En Presidente sostuvo que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. Y que ha “impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, destacó.
También alertó que el Estado no comprometerá recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, “ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, explicó.
Para Alberto, la intervención por 60 días “era fundamental” antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública, “para conocer su verdadero estado patrimonial”.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, completó.
Y cerró: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
En la víspera el Gobierno de Santa Fe dio por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que buscaba darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.
Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesina dieron por "cerrado el capítulo" y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia.
Los dueños de la firma pedían a cambio de aceptar el plan de rescate ofrecido por el Gobierno, una especie de “inmunidad” judicial. Pero lo cierto es que la Justicia federal avanza en su investigación por presuntas estafas y desvíos de fondos, independientemente del plan del Gobierno nacional para rescatar a la compañía que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones.
