ANTONIO ROSSI
La disputa planteada entre los intendentes del Conurbano y Edesur podría empezar a descomprimirse en los próximos días con la implementación de un primer acuerdo parcial que está terminando de ser pulido e implicaría la ejecución inmediata de un paquete de obras destinado a garantizar el servicio en los barrios donde el suministro se encuentra más comprometido.
A casi tres semanas de la fuerte arremetida que iniciaron los intendentes de la zona sur y la administración de Axel Kicillof contra la distribuidora eléctrica y luego de la reunión que mantuvieron los directivos del grupo italiano Enel con el presidente Alberto Fernández, un primer atisbo de solución transitoria comenzó a tomar forma entre las partes.
El acuerdo, que sería oficializado en el transcurso de la semana, se sustenta en los siguientes puntos:
+ Con alguna ayuda de la Nación, la provincia de Buenos Aires cancelaría unos 40 millones de dólares de la deuda que mantiene con la distribuidora por los consumos de los barrios y asentamientos precarios.
+ Edesur aceptaría que esa suma, que al tipo de cambio oficial representa casi 2.900 millones de pesos, no ingrese en su caja y vaya a parar a una cuenta fiduciaria específica monitoreada por la Provincia y los municipios.
+ Esos recursos se utilizarán para una serie de obras y reparaciones prioritarias que se realizarán en las zonas más afectadas por los cortes del suministro.
+ Las obras serán ejecutadas por los contratistas de la empresa y los intendentes seguirán y controlarán los avances de cada trabajo antes de autorizar la liberación de los pagos.
La puesta en marcha de este acuerdo no borra el conflicto de fondo que tienen las autoridades locales y nacionales con Edesur por los reiterados problemas de abastecimiento que se registran cada vez que sube la demanda residencial por cuestiones estacionales.
La empresa reconoció que, en el primer semestre, las inversiones se redujeron un 52% respecto a igual período del año pasado. Según los datos comunicados a la Bolsa de Comercio, de un total de 7.274 millones de pesos en 2019, la inversión descendió en la primera mitad de este año a 3.500 millones de pesos.
La distribuidora sostuvo que sus ingresos cayeron 23% “como consecuencia del congelamiento tarifario vigente y los efectos de la pandemia” y que su cuadro de resultados cerró con una pérdida de 2.586 millones de pesos frente a los 12.267 millones de pesos que había ganado en 2019.
Más allá de los números, lo que irritó a los intendentes fue la afirmación de la empresa referida a que, gracias a lo invertido en los últimos cuatro años, había logrado bajar la duración promedio de los cortes un 29% respecto a 2019 y un 40% comparado con 2016.
Por su parte, la intervención del ENRE que comanda Federico Basualdo sumó un nuevo elemento a la discusión al plantear que la empresa le debe al Estado una diferencia de 6.000 millones de pesos que los funcionarios macristas habrían omitido de manera irregular.
En un informe elevado al juzgado federal N° 5 , que investiga el "Acuerdo de Regularización de Obligaciones” para el traspaso de jurisdicción de Edesur y Edenor firmado por el anterior gobierno, el ente regulador advirtió que fueron “subvaluadas” las deudas que tenían las distribuidoras con el Estado.
En el caso concreto de Edesur, los auditores denunciaron que la deuda real con el Estado que era de 15.500 millones de pesos terminó siendo recortada a un total de 9.453 millones de pesos.
La intervención del ENRE ya le avisó a Edesur que no renunciará a cobrar esa diferencia y que los 6.000 millones de pesos en juego serán descontados en la revisión tarifaria integral (RTI) que se efectuará antes de fin de año.
CUENTAS EN ROJO. Habían mejorado algo en junio y eso trajo alivio a los funcionarios, pero, con el correr de los días de julio, el panorama volvió a complicarse y las cuentas del negocio eléctrico cerraron con registros en rojo que podrían seguir agravándose en los próximos meses.
Tras alcanzar en junio un nivel de cobrabilidad del 85%, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sólo logró cobrar en julio el 52% de las facturas emitidas a las distribuidoras y cooperativas que prestan el servicio eléctrico en todo el país.
Tras alcanzar en junio un nivel de cobrabilidad del 85%, Cammesa sólo logró cobrar en julio el 52% de las facturas emitidas a las distribuidoras y cooperativas que prestan el servicio eléctrico en todo el país.
El último informe de “Cobranzas y Pagos” que elaboraron los técnicos de la firma muestra que, del total facturado de 24.177 millones de pesos de las transacciones de mayo, los distribuidores eléctricos cancelaron en julio solo 12.681 millones de pesos.
En el caso de los “grandes usuarios industriales y comerciales”, el porcentaje de pago, que había sido el 100% en junio descendió en julio al 74%. De los 5.156 millones de pesos facturados por los consumos de mayo, Cammesa pudo cobrar un total de 3.829 millones de pesos.
En marzo, las deudas por atrasos que ya tenían acumuladas las distribuidoras eléctricas rondaban los 60.000 millones de pesos y equivalían a un poco más de dos meses de facturación de todo el sector. Ahora, el total de las boletas impagas que arrastran las distribuidoras y cooperativas se ubica en 90.075 millones de pesos y representa casi cuatro meses de facturación de Cammesa.
El 16,7% del total de las deudas corresponden a las eléctricas de la región metropolitana. En el caso de Edenor -la empresa controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin-, la deuda es de 7.400 millones de pesos y Edesur debe 7.600 millones de pesos.
El ranking sigue con las siguientes empresas:
+ La EPEde Santa Fe concentra el 12,3 % de las deudas con una factura impaga que trepa a 11.058 millones de pesos y equivale a casi cinco meses de su facturación promedio.
+ La empresa estatal misionera, EMSA, acumula el 12% del total de las deudas por cobrar que tiene Cammesa. Debe 10.844 millones de pesos correspondientes a los últimos 16 meses de facturación.
+ La también privatizada rionegrina Edersa debe 16 meses con un total de 5.500 millones de pesos.
Por el lado de las cooperativas, los casos más relevantes se registran con las operadoras de Comodoro Rivadavia (21 meses de atraso con 3.600 millones de pesos de deuda), Trelew (2.289 millones de pesos por 29 meses impagos), Rawson (25 meses de mora que suman 863 millones de pesos) y Sarmiento (729 millones de pesos por 25 meses sin pagar).
Las que más meses deben son las prestadoras del servicio eléctrico más australes del país. La cooperativa de Río Grande adeuda el equivalente a 36 meses (1.600 millones de pesos) y la DPE de Ushuaia le sigue con una deuda de 30 meses por 830 millones de pesos.