JAIME PORRAS FERREYRA
El freno a la economía mundial por la covid-19 y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí provocaron a principios de año la peor crisis que se recuerde en la industria petrolera, pero el sector se está recuperando. La consultora Eurasia vaticina un reequilibrio para finales de 2020, mientras que Deloitte predice que el barril de Brent (petróleo de referencia para Europa) podría alcanzar 46,50 dólares estadounidenses por barril en 2021 (ahora está en 43 dólares) y llegar a los 64 dólares en 2023, aunque todo dependerá, entre otros factores, de la reactivación del transporte a grandes distancias y la segunda ola del coronavirus.
Canadá, cuarto productor mundial de petróleo y quinto de gas, no fue la excepción a esta crisis. La cotización del crudo Western Canadian Select tocó por momentos cifras negativas y, según el Consejo de Información del Mercado Laboral, el sector de hidrocarburos perdió unos 13.000 empleos entre febrero y mayo; la mayoría en Alberta, principal provincia productora. El Gobierno de Justin Trudeau autorizó apoyos a la industria: unos 1.720 millones de dólares canadienses (1.120 millones de euros) para recuperar empleo y 750 millones de dólares en un fondo de reducción de emisiones. No obstante, las dificultades para las empresas petroleras y gasistas canadienses no surgieron con la pandemia. En 2014, el precio del barril sufrió un bajón considerable del que nunca se recuperó (se llevó el 23% de empleos perdidos entre agosto de 2014 y febrero de 2020). En diciembre pasado, Ottawa anunció ayudas, principalmente préstamos, por 1.600 millones de dólares.
Pero los hidrocarburos canadienses se enfrentan desde hace tiempo a desafíos que no solo tienen que ver con los dólares. Carlos Murillo, investigador principal en políticas de energía y medio ambiente de la Conference Board of Canada, comenta: “El factor económico tuvo durante muchos años un peso casi total en la aprobación y desarrollo de estos proyectos. Su importancia sigue siendo grande, pero ya hay otras variables en juego, tales como el cuidado medioambiental, la aceptación social y las relaciones con los grupos indígenas”.
Trudeau expresa —desde su llegada al poder en 2015— que es posible para Canadá conciliar desarrollo económico y protección medioambiental. Por ejemplo, lanzó el plan de impuestos al carbono y nacionalizó el oleoducto Trans Mountain. Sin embargo, su estrategia levanta críticas. Antes de la llegada del covid-19 a Canadá, varias situaciones ya habían puesto en evidencia la dificultad de la ecuación que persigue resolver Trudeau.
Por ejemplo, Ottawa debía autorizar o anular, antes de marzo, el proyecto de la mina de arenas bituminosas Frontier (en Alberta). Las opiniones favorables subrayaban una inversión de 20.000 millones de dólares canadienses y la producción diaria de 260.000 barriles de petróleo durante 40 años. Los opositores denunciaban que emitiría anualmente cuatro megatoneladas de gases de efecto invernadero y destruiría 3.000 hectáreas de bosque. El 23 de febrero, Teck Resources, la compañía al frente del proyecto, anunció que tiraba la toalla. “El potencial de Canadá no se realizará hasta que los Gobiernos lleguen a un acuerdo sobre cómo abordar la política climática en un contexto de uso responsable de la energía”, dijo su presidente, Don Lindsay.
Murillo considera que la decisión pudo obedecer, como señaló Lindsay, a asuntos relacionados con políticas públicas, aunque reconoce que los motivos económicos no eran menores. “Fue un proyecto originalmente planeado hace más de una década, cuando los precios del barril eran altos y se preveía que seguirían así. La situación del mercado del petróleo ha cambiado drásticamente desde 2014. Ya no era viable”, explica.
Diversos analistas han señalado que la renuncia de Teck Resources a Frontier marca el final de los grandes proyectos de minería a cielo abierto en las arenas bituminosas canadienses. “Los costes de producción de este petróleo y su impacto medioambiental son altos. Además, no hay capacidad suficiente para transportarlo. Recordemos los problemas del oleoducto Keystone XL y las dificultades de Trans Mountain. Trudeau lo nacionalizó y autorizó su expansión, pero bajo constantes protestas”, comenta Jean-Thomas Bernard, profesor de Economía en la Universidad de Ottawa. A principios de julio, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por tres comunidades indígenas para frenar la expansión de Trans Mountain. En este punto, conviene recordar que Royal Dutch Shell y Statoil, entre otras compañías, se retiraron de las arenas bituminosas canadienses por altos costos de producción, elevadas emisiones y reputación pública.
También en febrero pasado, varias rutas ferroviarias fueron bloqueadas en apoyo a miembros del grupo indígena Wet’suwet’en, quienes se oponen a que el gasoducto Coastal GasLink (en Columbia Británica) pase por su territorio. Jason Kenney, primer ministro de Alberta, declaró sobre la anulación de Frontier: “Esto sucede cuando los Gobiernos carecen del coraje para defender los intereses canadienses frente a una minoría militante”, dando a entender que los bloqueos habían influido.
En marzo, Berkshire Hathaway se retiró del proyecto gasista GNL Quebec; iba a inyectar 4.000 millones de dólares canadienses. La dirección de GNL Quebec señaló que se debía al “contexto político actual en Canadá”, pero varios diarios de Montreal subrayaron también el precio del gas, ya que un aumento de la oferta mundial puede dificultar la predicción de precios en los próximos años.
Si algunas voces señalan que Trudeau incumple con sus promesas medioambientales y es muy complaciente con las petroleras, otras afirman que ignora los gritos de auxilio del sector y ahuyenta las inversiones. Para Carlos Murillo, inversores y clientes buscan cada vez más un marco de políticas públicas “que equilibre la explotación de recursos naturales con el cambio climático”.
Shawn McCarthy, consejero de energía en Sussex Strategy Group, escribió en un reciente informe que la meta de Trudeau —lograr la neutralidad de carbono en 2050— necesita fuertes inversiones en hidrocarburos. “Es muy dudoso que los mercados proporcionen la financiación necesaria para un esfuerzo tan costoso. Al menos, no sin enormes subsidios gubernamentales para cubrir los cambios tecnológicos”, señaló. Jean-Thomas Bernard comenta por su parte: “Los gravámenes al carbono son un buen instrumento y los costes de producción de energías limpias están bajando, pero la transición no puede darse de forma acelerada”.
