El Gobierno buscará mejorar el marco legislativo de las contrataciones públicas, para evitar casos de corrupción, por lo que en dos meses presentarán un proyecto de ley para modificar la ley de contrataciones públicas.
Así lo anunció hoy la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Maria Antonieta Alva. “Vamos a mejorar el marco de contrataciones públicas. Se ha reportado mucha corrupción en el país. En un par de meses presentaremos un proyecto de ley que reformule el ámbito de las contrataciones”, señaló Alva durante su participación en el webinar organizado por el BID con motivo de la presentación de su informe “De estructuras a servicios. El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe”.
La ministra no ofreció detalles sobre los cambios que se propondrán a la ley de contrataciones con el Estado, un proyecto que tendrá que ser aprobado por el Congreso.
Por otro lado, la titular del MEF señaló que su cartera trabaja en un plan para cerrar brechas de infraestructura en las zonas de influencia minera, lo cual buscará reducir el nivel de conflictividad social.
“Tenemos conflictividad minera. El corredor minero es estratégico para nuestra economía y tiene muchos retos sociales. Las actividades como la minería genera muchos ingresos pero no se ha reflejado en la calidad de vida de las personas. El reto es lograr que las brechas sean cerradas de forma más contundente, en zonas con actividad minera”, refirió la ministra.
En esa línea, Alva reiteró la apuesta del Perú por sacar adelante el plan de infraestructura nacional, el cual cuenta con 52 proyectos con inversiones por S/ 100,000 millones.
“La implementación del plan es una de nuestras metas. Para los Juegos Panamericanos nos fue muy bien con los PMO y ahora los estamos implementando para proyectos en salud y educación”, agregó la ministra.
El informe del BID remarca sobre la importancia de invertir en infraestructura, sobre todo en agua, saneamiento, transporte y energía. Ya que en varios países de la región se replica el desbalance donde las personas de menos recursos reciben peores servicios a un costo mayor.
Tomás Serebrisky, asesor económico principal del BID, también subrayó que la regulación en el uso de esta infraestructura será fundamental para beneficiar a la población, publicó Gestión.
“Las empresas prestatarias tienden a hacer monopolios, por lo que la efectividad de la regulación es fundamental para lograr el crecimiento”, anotó.
Alva Luperdi destacó que el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, que fue elaborado sobre la base de prácticas internacionales en temas de planeamiento y priorización, y que incluye una cartera de 52 proyectos de más o menos 100,000 millones de soles.
“Este plan se hizo con un proceso bastante consensuado, donde se escuchó a los sectores público y privado, las multilaterales y la academia. Entonces, es un plan que recoge cuáles son los proyectos que contribuirán a que el Perú pueda dar el salto al desarrollo”, afirmó.
“Habiendo compartido esa situación de consenso con muchos actores políticos, esta cartera también le da mayor predictibilidad a los inversionistas sobre cuáles son las opciones que tendrá el país”, dijo.
“La ruta de haber aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, con todo este proceso consensuado, que además define unas labores técnicas de cómo se van a conceptualizar los proyectos, también es una enorme señal de lucha contra la corrupción”, agregó.
María Antonieta Alva recordó que el Perú, como para muchos países de la región, sufrió el flagelo de la corrupción.
“Acá teníamos al ‘Club de la Construcción’, los casos de Lava Jato, entonces, definitivamente como país tenemos un enorme reto en desterrar la corrupción en todo el manejo de las obras públicas”, enfatizó.
“Muchos de los proyectos que están cuestionados ahora en casos de corrupción, no solo se les cuestionaba su viabilidad técnica, sino que realmente no jugaran a favor de los intereses del país”, agregó según El Peruano.
El monto ejecutado en proyectos públicos en junio ascendió a S/797,6 millones, lo que representó una contracción de 71,5% respecto al mismo mes del año pasado. Este registro estuvo al mismo nivel del desempeño de mayo, cuando la caída fue de 72,7%.
De este modo, al primer semestre de este año, la inversión pública fue de S/6.861 millones, anotando una caída de 39,7% respecto al mismo período del 2019.
Sin embargo, el resultado de junio no era el esperado y, por consiguiente, tampoco sería una buena señal. En mayo se dispuso el reinicio de actividades económicas y para la fase I se consideraron un grupo específico de proyectos (56 obras, entre puentes, puertos, proyectos de telecomunicaciones y otros). Pero para el sexto mes del año, que calzó con la fase II, se estableció la inclusión de todos los proyectos de obras públicas.
Alfredo Thorne, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que este registro respondería, en cierto modo, al proceso de levantamiento gradual de la cuarentena, en el que, si bien se anunciaron la reanudación de actividades, recién en julio (fase III) se concretaría el reinicio de los proyectos en su totalidad.
Pero también hay una responsabilidad que recae en los tres niveles de gobierno, pues se observaron descoordinaciones para el reinicio de obras, agregó.
“Hubo descoordinaciones entre el MEF y los gobiernos subnacionales a cargo de las obras por no saber quién debe pagar los costos de reanudar las actividades. Algunos contratistas dijeron que este debía ser el Estado, pero los subnacionales decían que el MEF no les transfirió el dinero. Ahora bien, la inversión pública es el instrumento más potente para reactivar la economía y tiene que abordarse como tal”, indicó Thorne.
A su turno, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), también criticó que la caída de la inversión pública en junio se haya dado al mismo nivel que en mayo.
“Observo que el reinicio de la inversión pública aún va lento, no se ha recuperado. En junio debió activarse todo, pero no fue así y no había excusa para que sea así. Lo que se esperaba era una caída pronunciada en mayo, pero para junio se preveía una caída de entre 30% o 40%, no superior al 70%”, criticó Carrillo.
El economista del CPC acotó que la inversión pública tiene una mayor relevancia en este contexto porque será el “gatillador” para que la privada -que mueve realmente la producción nacional- no demore en reactivarse.
“Para empezar a mover la rueda se necesita de la inversión pública”, indicó.
Thorne explicó que, en la actualidad, el reinicio de importantes proyectos depende directamente del MEF y de gobiernos subnacionales, por lo que los pendientes que existan deben ser atendidos con celeridad.
“Estos proyectos, que son importantes como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, tienen que acelerarse en julio. También hay ciertos hilos comunes [entre el MEF y los subnacionales]. No hay ningún argumento para que no se reactiven este mes”, subrayó.
En tanto, Carrillo reconoció que el programa Reactiva Perú -que contempla ejecutar S/6,436 millones en obras públicas en el segundo semestre del año- es un esfuerzo interesante por parte del Gobierno para recuperar el terreno perdido, pero dijo que es insuficiente.
Obras públicas. (Foto: GEC)
“Arranca Perú es una propuesta interesante porque abarca obras de rápida ejecución, tiene un impacto relevante en la población porque son generadoras de empleo. Sin embargo, hablamos de un monto bajo cuando el promedio en los tres niveles de gobierno es de S/50.000 millones. No digo que esté mal [el programa], sino que el esfuerzo no debe quedar ahí”, dijo.
En esta línea, el economista del CPC propuso que el Gobierno se enfoque, por ejemplo, en los proyectos bajo Asociaciones Públicos Privadas (APP) y programe planes que apunten a su ejecución en el corto plazo.
“Hay más de 50 APP en el país. El Gobierno debe juntarse con estas, preguntar qué inversiones planean hacer, consultar qué es lo que falta y atenderlo. Se requieren acelerar procesos. Los concesionarios tienen que ser vistos como lo que son: socios”, remarcó.
