Cuatro proyectos, con inversión de US$ 3.000 M, esperan ver la luz verde
Junto con el nuevo cambio de gabinete vienen nuevos retos para la minería. Si bien no hay un escenario muy favorable para la reactivación de proyectos en la cartera, hay algunas unidades que tendrían un futuro más promisorio hacia el 2021.
Así, proyectos como Coroccohuayco – Antapaccay (Glencore), San Gabriel (Buenaventura) y Yanacocha Sulfuros (Newmont), que comprenden una inversión cercana a los US$ 3,000 millones, tendrían más chances de ver la luz el próximo año.
Para Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y CEO de Buenaventura, estos tres proyectos están avanzados y, pese a la pandemia, apuntarían a un rumbo correcto de crecimiento en el sector.
“Esperamos que el permiso para San Gabriel (Buenaventura), que ya tiene EIA y cuyos trámites de construcción comprenden presentar planos que ya están hechos, salga este año, por lo que en el 2021 se daría el inicio de construcción. Yanacocha Sulfuros podría verse para el próximo año también”, indicó a Gestión.
Por su parte, Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, anota que actualmente se podrían clasificar algunas unidades en tres grupos: los que están maduros y a puertas de que les otorguen los permisos; los que están avanzados, pero tienen conflictos sociales vigentes; y los que están esperando financiamiento.
En ese sentido, Coroccohuayco (que es un nuevo tajo para cobre), San Gabriel (subterráneo) y Yanacocha Sulfuros estarían próximos a ver la luz para el inicio de construcción. Sin embargo, las fuentes consultadas inciden en que el hecho de no habilitar la consulta previa de manera virtual es un escollo que se debe revisar.
“Estos tienen mayores probabilidades de ejecutarse en el corto plazo, pero tienen un tema de permisos”, dijo el experto.
Causas. Financiamiento y temas sociales han detenido proyectos. (Foto: Bloomberg)
Pero no solo nuevas unidades mineras darían un vuelco al sector. De acuerdo a las fuentes, las ampliaciones en las minas –siempre y cuando se desarrollen en la misma huella existente– podrían tener un gran impacto positivo en la producción y recaudación.
“Cualquier mina se puede fácilmente expandir. Si le agregamos 10% de producción a unidades como Cerro Verde o Las Bambas, hablamos de un equivalente a lo que produciría Tía María en el año. Es un tema de regulación y esperamos que el nuevo reglamento contemple esto a través de un informe técnico sustentatorio”, explicó Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields para las Américas y expresidente del IIMP.
“Perú produce 2.5 millones de TMF al año. Si se aumenta la producción 10% de esto, estamos hablando de un equivalente a Quellaveco. No es un tema menor si se trata de huellas ya existentes, por lo que el impacto ambiental es mínimo”, precisó Gobitz.
Cabe recordar que, entre enero y abril del 2020 la inversión minera disminuyó 19.7% respecto al mismo periodo en el 2019 y alcanzó US$ 1,315 millones, recopiló Giovani Alarcón para Gestión.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se mostró a favor del mensaje del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, relacionado a la apertura y la necesidad de impulsar las inversiones.
“Yo creo que es muy saludable que el nuevo premier hable del diálogo y de sumar esfuerzos, es un momento difícil el que está viviendo nuestro país, es un demócrata que está llamando a un diálogo y a una unión de todas las fuerzas a nivel nacional”, dijo la presidenta del gremio, María Isabel León, a TV Perú.
“Creo que es un buen mensaje pensar en que tenemos que hacer este shock de inversiones tanto de trabajar en conjunto el sector público y privado para reconstruir el país”, añadió.
León aseguró que el país debe priorizar proyectos de inversión en minería e infraestructura para la generación de empleo, en un contexto donde más del 50% de la población en Lima perdió su trabajo.
“Hay que pensar que la minería genera más de siete puntos del PBI, es un sector muy importante que genera grandes recursos para el país, necesitamos reconstruir nuestra fortaleza fiscal y un proyecto como Tía María significa más de S/ 4,700 millones de inversión. Hay una serie de proyectos de inversión que es necesario priorizar porque no solo necesitamos recuperar la macroeconomía sólida y la fortaleza económica, sino los millones de puestos de trabajos que se han perdido en estas circunstancias difíciles de la coyuntura por el COVID-19”, apuntó.
De otro lado, la presidenta de Confiep cuestionó que hayan habido demoras en sectores como Trabajo y Producción, referidos principalmente a los procesos de suspensión perfecta de labores y la aprobación de protocolos para la reactivación económica.
“De casi más de 28,000 empresas que se han sometido a la suspensión perfecta, no llega ni al 10% aquellos que han sido aceptados, la mayoría han sido rechazados y allí hay una enorme responsabilidad de revisar caso por caso”, dijo León.
“Los protocolos han demorado demasiado tiempo. Siempre tenemos estos cuellos burocráticos que no permiten alinear la velocidad del deseo de reactivación económica con la realidad”, puntualizó, según Gestión.
En un segundo grupo se ubican unidades como Conga y Tía María donde existen problemas aún activos de conflictividad social.
Según el último relevamiento en 2019
Si bien se había dicho que Conga ya no seguiría, ante una mayor expectativa sobre el precio del oro que viene creciendo (US$ 1,800/oz), la situación podría cambiar para la minera Yanacocha.
En ambas unidades hay cerca de US$ 6,500 millones de inversión.
Por último, en un tercer grupo están proyectos como Corani y Pampa de Pongo, que tienen dificultades por conseguir financiamiento al día de hoy.
Entre ambos proyectos se estima una inversión de cerca de US$ 3,200 millones.
“Ahora, producto de la pandemia y la reactivación de la demanda por parte de China, tanto el precio del hierro como de la plata se han elevado y podría ser un escenario interesante. Podrían salir si hay plena voluntad”, explicó Shinno.
La agenda del sector minero en torno a la conflictividad social debe ser atendida y con mayor urgencia ante las circunstancias inéditas que plantea el actual estado de emergencia en el marco de la pandemia, sostuvo la Defensoría del Pueblo.
A los conflictos mineros ya existentes en el país se han sumado otros 36 que nacen por las diferencias entre empresas y trabajadores en relación a los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19.
Así lo comentó Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo durante la presentación del informe para el primer semestre del Observatorio de Conflictos Mineros.
“En Espinar y en otros lugares del país, la sociedad ya comienza a moverse porque hay agendas pendientes y porque se han presentado nuevos problemas a los que hay que darles alguna solución. Es necesario que el Estado se comunique con ellos y renueve su compromiso con el diálogo que se vieron interrumpidos en el marco de la pandemia”, acotó.
En esa línea, el responsable del Programa de investigación e incidencia de CooperAcción, José De Echave advirtió que garantizar la seguridad de los trabajadores en las operaciones mineras será uno de los retos que deberá enfrentar el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas.
“Lo último que se sabe es que los protocolos para el sector han sido modificados en las últimas semanas de junio. Se ha reducido el distanciamiento social en las operaciones mineras de un metro y medio a solo un metro y los comités de seguridad y salud en el trabajo han perdido facultades. Estos cambios generan mayor preocupación. Además, la Federación de Trabajadores Mineros recalcó que no fueron consultados cuando los protocolos fueron elaborados”, aseveró.
A su turno, la congresista por el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, remarcó que los casi 3 mil trabajadores mineros contagiados por el coronavirus son una evidencia del manejo inadecuado que ha tenido el país en la citada actividad económica.
“Ante la crisis, se ha priorizado la economía sobre la salud de la gente. Lo que debemos priorizar es la vida. Cajamarca, que en las últimas semanas presenta un registro alto de casos de COVID-19, es una suerte de campamento minero de Yanacocha. Los trabajadores pernoctan en la ciudad. Habría que preguntarnos en qué medida estas idas y venidas ha provocado este escenario”, sostuvo.
El panel consideró necesario entender que la conflictividad resulta un suceso histórico para comunidades a lo largo del país, por lo que evitar decisiones arbitrarias y definir apropiados mecanismos de diálogo como la solución a conflictos resulta necesario bajo las actuales circunstancias.
Encuesta: 56% de los peruanos creen que los conflictos mineros tienen impacto negativo en la economía
“Hubo conflictos serios y graves, que han generado muertes. Para que no se den, debemos ir a la fuente y hacer el esfuerzo por generar este consenso y resolver temas. No quiere decir que la minería va sí o sí. Buscando el consenso y viendo las bondades y riesgos, se puede llegar a definir si en esa región puede haber minería o no”, dijo el exviceministro de minas, Miguel Incháustegui.
Según la Defensoría del Pueblo, del 2006 al 2019 se registraron 282 personas fallecidas a causa de conflictos sociales. Sin embargo, en el 2019 solo fallecieron dos personas. Para continuar reduciendo la cifra, es necesario fortalecer los canales de diálogo.
“No se puede hacer una consulta previa a la distancia. Entendemos que ha sido desestimada, pero es importante remarcar que cualquier intento de acortar el diálogo o simplificar procesos en consulta previa no puede vulnerar derechos sociales”, agregó Rolando Luque y señaló que a la fecha existen 45 procesos de diálogo ante proyectos mineros.
En esa línea, David Velazco director de Fedepaz, señaló que cualquier intento por establecer procesos como la consulta previa a través de mecanismos virtuales está vulnerando convenios internacionales. Asimismo, pidió al Estado reforzar su posición ante las vigentes mesas de diálogo.
“En Las Bambas hubo mesas de diálogo y reuniones donde no se han llegado a acuerdos importantes. Hay promesas, pero no se cumplen. Los dirigentes se esfuerzan para señalar que el diálogo es la solución. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad, no hay una voluntad expresa por parte del Estado para solucionar los conflictos”, agregó. Este es uno de los casos que recoge el informe para el primer semestre 2020 del Observatorio de Conflictos Mineros.
