SOFÍA TERRILE

Es una demanda que tiene origen en un mal negocio histórico de YPF: la compra de la compañía estadounidense Maxus durante la década del 90, bajo la gestión de José Estenssoro, luego empantanada por demandas de contaminación.

Años después, después de que la petrolera argentina intentara deshacerse de la firma y la enviara a la quiebra, enfrenta un reclamo de resarcimiento por US$14.000 millones. Hoy se conoció que el tribunal en Delaware, donde está radicado el caso, dispuso las condiciones para que se avance en la recolección de pruebas y, de ese modo, señaló el procedimiento para que comience formalmente el juicio.

La demanda, titulada "The Maxus Liquidating Trust v. YPF S.A. et al", podría tener un impacto significativo en las cuentas de la empresa argentina. Para ponerlo en perspectiva, el monto que debería pagar si prospera tal como pide la querella sería hasta siete veces mayor que la valuación de la petrolera. Según pudo saber LA NACION, YPF esperaba estas precisiones procedimentales por parte del juez y considera que es más una cuestión de forma que de fondo.

Así lo explicaba la empresa en su formulario 20F, un informe anual remitido al organismo regulador bursátil de Estados Unidos: "Dependiendo del resultado final de estos procedimientos (...) nuestra condición financiera y resultados de operación podrían verse afectados de manera adversa", dijo.

YPF hizo un mal negocio con Maxus desde el principio. Con la intención de expandir su presencia a Estados Unidos, la petrolera argentina adquirió la compañía en la década del 90. Pronto se conoció que la empresa tenía demandas por contaminación ambiental que arrastraba hacía al menos dos décadas, e YPF pasó entonces a ser responsable por esas demandas.

Por esa primera complicación, el negocio con Maxus no prosperó. En 2016, Maxus inició un proceso de Chapter 11 -el equivalente estadounidense a un concurso de acreedores- en una corte de Delaware como subsidiaria de YPF. En ese momento, ambas empresas llegaron a un acuerdo para resolver todos los reclamos. Para eso, la petrolera argentina pagó al menos US$130 millones y proveyó a la empresa estadounidense de US$63,1 millones en términos de financiamiento del deudor en posesión (DIP financing), una forma especial de financiamiento pensada para compañías bajo la ley de bancarrota en Estados Unidos.

Sin embargo, en 2017 Maxus presentó un plan de reestructuración alternativo que no incluía ese arreglo con YPF. En ese plan alternativo, un Fideicomiso de Liquidación (financiado por Occidental Chemical Corporation, un acreedor de Maxus) podía presentar demandas contra YPF. En mayo de 2017, el tribunal de Delaware a cargo de la bancarrota de la empresa emitió una orden que confirmaba el plan alternativo del fideicomiso.

En junio de 2018 el fideicomiso emitió una demanda contra YPF por US$14.000 millones relacionada con "reclamos por transacciones de reestructuración corporativa", explica YPF en su informe anual. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

Hoy se conoció que ese tribunal puso fecha para presentar la información recolectada por ambas partes y algunas condiciones, explica Sebastián Maril, socio de Research For Traders. "Lo que estaba en disputa era la amplitud y la cantidad de información", detalla.

Una de las condiciones, por ejemplo, es que se presenten hasta 20 testimonios por parte. YPF quería presentar 35 y Maxus, 15, aclara Maril. Adicionalmente, limitó las posibilidades a uno y a otro lado. A partir de este momento, las partes pueden seguir con la recolección de pruebas o discovery, dice el especialista. Este proceso estaba trabado porque había puntos en los que no había acuerdo.

A partir de ahora, las dos partes tienen que presentar al juzgado un cronograma sobre cómo sigue el juicio y designar testigos y expertos.

Este caso en particular avanza más ágilmente que otras demandas contra YPF por el tipo de tribunal que lo está llevando. "La petrolera intentó que este juicio pasara a una corte civil, como en el caso de Petersen [por la expropiación], porque una corte de este tipo es más burocrática. En cambio, hoy está en un tribunal de quiebras, donde todo pasa más rápido", cierra Maril.

YPF tiene otras dos demandas abiertas, ambas en Nueva York: la del fondo Eton Park (que tenía el 3% de YPF cuando fue estatizada) y la de Burford, que compró las quiebras de dos empresas que habían sido creadas por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones. Por la primera hay en juego unos US$495 millones; por la segunda, unos US$4000 millones.

Son dos demandas que podrían convertirse en un problema mayor: Burford Capital, un fondo buitre, adquirió el 75 y el 70% de los derechos económicos de cada juicio, respectivamente, y estima que los montos podrían convertirse en US$2300 millones y US$9000 millones.