Como un loop que lleva ya 14 años, desde que Néstor Kirchner y Julio Cobos acordaran en 2006 saldar una deuda nacional a Mendoza con la represa de Portezuelo del Viento, este viernes retornará la puja entre mendocinos y pampeanos por el futuro de la obra. Ahora, el clima adverso a Mendoza que parecía irradiar desde Nación a la obra tomó otro color con la reunión de esta tarde entre el gobernador radical Rodolfo Suarez y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, quien alentó el proyecto que el mendocino puso sobre la mesa para convencer a las otras provincias que comparten la cuenta del Río Colorado.

La oferta para destrabar la obra contemplará un fondo de garantía por si Mendoza incumple el acuerdo y perjudica a sus socios, más la posibilidad de que participen en calidad de veedores en todo el proceso de construcción y manejo de la represa, que tendrá una inversión superior a los u$s1.000 millones.

Este 26 de junio se llevará a cabo la reunión virtual del comité que regula la cuenca del Río Colorado (COIRCO) convocada por el Gobierno nacional para rediscutir por un proyecto que hasta hace pocas semanas atrás parecía encaminado, con fecha de apertura de ofertas de las ofertas pautada para el 3 de julio. Además de Suarez por el distrito cuyano y del peronista Sergio Zilliotto por La Pampa, tendrán cámara encendida la rionegrina Arabela Carreras, el neuquino Omar Gutiérrez y el bonaerense Axel Kicillof, además de representantes de Nación. 

Esta vez, estarán los propios mandatarios, en una cuestión que se reavivó con los dichos del Alberto Fernández en La Pampa sobre la posible stand by de la financiación (en verdad es el pago de una deuda a la provincia, más allá del destino de los fondos), días después de que el ministro del Interior convocara al COIRCO y desarchivara una resolución de su antecesor Rogelio Frigerio sobre un segundo laudo presidencial. Mauricio Macri se inclinó por Mendoza en 2018 y luego la Corte Suprema avaló el laudo, solicitado por La Pampa, única voz en contra en una votación para reactivar la obra (el reglamento del COIRCO deja esa posibilidad cuando no hay unanimidad).

Mendoza, de acuerdo a fuentes cercanas al despacho de Suarez, habilitará a que sus socios del Río Colorado (donde desemboca el Río Grande, sobre el que se hará la represa) a que sean veedores del funcionamiento de Portezuelo. “Quieren tener una oficina en Portezuelo, no hay problemas. Que estén acá y hagan los peritajes que crean necesarios”, dijeron a este medio desde Mendoza. Una forma de responder a los reclamos, por ejemplo, de Río Negro, que exigía poder de policía, además de audiencias públicas y un estudio de impacto ambiental en toda la cuenta (Mendoza insiste en que ese punto ya está cumplido).

El documento, al que accedió Ámbito de forma exclusiva, menciona al respecto que la propuesta “garantiza que el manejo del agua de Portezuelo del Viento, ya estipulado por el COIRCO en cuanto al primer llenado y al manejo de agua posterior, pueda ser auditado y controlado por las provincias integrantes de la cuenca. Además, la propuesta incluye la constitución de un fondo de garantía, para el caso de que Mendoza se aparte de dichas normas de manejo del agua”

El documento presentado detalla que: “En caso de ser requerido por el resto de las provincias, Mendoza se compromete a ratificar la ampliación de facultades del COIRCO como autoridad de aplicación de las normas de manejo de agua y primer llenado”. Y ratifica que “las normas de llenado y operación del embalse se encuentran acordadas y aprobadas por la autoridad de cuenca, que en este caso es el COIRCO, quedando bajo esta normativa el manejo del agua del Embalse Portezuelo del Viento”.

Suarez explicó al ministro del Interior que “la obra ha cumplido todos los pasos. Ya se hizo el estudio ambiental sobre toda la cuenca. Tanto el estudio integral que hicieron universidades de La Plata y del Litoral como el de la Universidad Nacional de Cuyo fueron votados favorablemente en el seno del Consejo Ejecutivo del COIRCO”.

En cuanto al Fideicomiso Público de Garantía, el fiduciario será un comité técnico, integrado por un representante de cada provincia integrante del COIRCO, más uno por el COIRCO y un representante del Gobierno Nacional. Este Comité será quien determinará el incumplimiento y la sanción. En caso de no existir sanciones, los intereses del patrimonio inicial serán computados como aportes al desarrollo del plan integral del COIRCO, los que se liquidarán anualmente.

El fideicomiso será por cinco millones de dólares o el importe equivalente en energía producida por la obra, a partir de que la misma comercialice la energía generada. “Proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias, y que se cobren automáticamente”, agregó Suarez.

“La suma será integrada por la provincia en su calidad de fiduciante, en forma previa al inicio de la ejecución del contrato. Deberá afectarse única y exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas y a las sanciones que se determinen como consecuencia de posibles incumplimientos”, dice el documento entregado a Nación.