MAR CENTENERA
El campo es el único superviviente al derrumbe económico de Argentina, agravado ahora por la pandemia de covid-19. El sector más productivo del país, al que Argentina se aferró en 2002 para salir de la crisis del corralito, aumentó las exportaciones de productos primarios un 9% en el primer cuatrimestre del año, mientras las demás sufrieron grandes retrocesos: las manufacturas de origen industrial cayeron un 26% y combustibles y energía un 20,7%. Aún así, los productores miran con recelo las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin, las restricciones cambiarias y la posible oferta a los acreedores externos de un bono atado a las exportaciones.
“En el campo nunca hemos estado en cuarentena porque desde el primer día estuvimos entre las excepciones”, dice Hugo Viga, un productor de Marcos Juárez, en la cuenca productiva de la provincia de Córdoba. “Hemos estado abastecidos de insumos y de repuestos y también ha funcionado el transporte”, agrega Viga sobre los trabajos ininterrumpidos en los últimos meses, que han llevado a un nuevo récord histórico: entre enero y abril, el volumen de exportaciones agroindustriales referidas a granos, harinas y aceites vegetales alcanzó los 32,3 millones de toneladas, superando la marca de 30,8 del primer cuatrimestre de 2019, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El aumento del volumen compensó el descenso de su valor. Las citadas exportaciones totalizaron 8.400 millones de dólares, un 1% menos que el año anterior debido “a la caída de los precios internacionales”, según aclara Julio Calzada, director de Estudios económicos del organismo bursátil. "Los precios ya venían a la baja el año pasado y en estos meses siguieron cayendo, pero menos que otros commodities como el petróleo o las materias primas industriales”, agrega Calzada.
En los alrededores de Rosario, una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires a orillas del río Paraná, está el mayor polo agroindustrial de soja del mundo, con una veintena de terminales portuarias de granos y fábricas aceiteras repartidas por la costa fluvial. El complejo agroexportador se adaptó con rapidez a los nuevos protocolos sanitarios de la covid-19 para seguir en funcionamiento, señala Calzada. “Los transportistas antes llegaban al puerto, se bajaban e interactuaban con otros, por ejemplo. Ahora se los provee de elementos de limpieza y permanecen dentro del camión cumpliendo las normas”, explica el economista. El carácter extensivo en grandes superficies de cultivo con menor empleo de mano de obra facilita también el cumplimiento de los nuevos protocolos.
“El campo siguió trabajando, y menos mal, porque el 70% de las divisas que ingresan al país las genera el campo. La frustración es que podría ser más si no tuviese tanta presión impositiva, si no hubiese costos por las aduanas interiores y costos extras en cada provincia”, señaló el exministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere en una reciente entrevista con EL PAÍS
Mauricio Macri redujo impuestos al campo al inicio de su mandato pero los volvió a subir en 2018, después de que el FMI aprobase un rescate financiero de 57.000 millones de dólares para el país, el mayor de su historia. Aún así, el sector agropecuario se mantuvo como uno de sus grandes aliados de Macri hasta el final. Como muestra de la desconfianza hacia el nuevo Gobierno peronista, los productores aceleraron la liquidación de divisas entre noviembre y diciembre ante el previsible aumento de retenciones a las exportaciones, que Alberto Fernández concretó en su primera semana como presidente.
Con el paso de los meses, el sucesivo endurecimiento de los controles cambiarios ha tensado aún más la relación. Los insumos agrícolas se cotizan en dólares, pero el precio de la divisa estadounidense en el mercado oficial varía mucho del fijado en mercados paralelos. “El desdoblamiento cambiario nos está afectando mucho porque nadie sabe a qué precio se va a pagar lo que compra y las facturas quedan abiertas”, lamenta Viga. “No es que el campo esté bien, es que todo lo demás está mucho peor”, agrega.
La intervención de Vicentin —la sexta mayor exportadora de granos, harinas y aceites de Argentina— ha provocado un terremoto político. “Había que salvar una compañía en crisis cuya caída podía implicar problemas muy graves”, declaró a este diario el ministro argentino de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El ministro recordó que pequeños y medianos productores diseminados por el centro del país llevan meses sin cobrar las materias primas que suministraron a Vicentin, en concurso de acreedores por una deuda de 1.350 millones de dólares. Para la oposición, en cambio, la intervención es “peligrosa, ilegal e inconstitucional” y acerca al Ejecutivo a las ideas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Según el proyecto oficial, la gestión de Vicentin pasará a manos de YPF Agro, la empresa de la petrolera estatal que se dedica a la comercialización de granos, fertilizantes y combustibles para el campo, y convierte al Estado en un actor de peso en el principal mercado exportador de Argentina.
En un comunicado conjunto, las Bolsas de comercio y cereales de Argentina se mostraron a la espera de mayores precisiones sobre el proyecto de expropiación de Vicentin, pero resaltaron la “gran eficiencia y capacidad” de la cadena agroindustrial argentina y la necesidad de mantener “los usos y costumbres del mercado de granos”.
La noticia de que el Gobierno negocia con los acreedores de deuda externa un bono atado a las exportaciones también ha intranquilizado al sector. “A nuestro entender, un bono de estas características implicaría instaurar una nueva señal antiexportadora, puesto que este instrumento financiero impulsaría incentivos que resultarían en más estancamiento de la producción de bienes transables”, alertaron las mayores entidades agrarias de Argentina en una carta dirigida al ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los productores advierten de que los precios internacionales de los granos son la mitad que una década atrás, lo que supone una fuerte pérdida de rentabilidad, agravada por impuestos elevados, restricciones cambiarias y falta de acceso a créditos. La incertidumbre económica local e internacional pesa más que la tensión política, que el campo argentino ha superado ya en otras ocasiones. Calzada augura una buena campaña agrícola 2020/2021 “si las condiciones climáticas acompañan”, pero ve como un desafío a largo plazo dar más valor agregado a las materias primas para duplicar los valores actuales de exportación, que oscilan entre 25.000 y 28.000 millones de dólares por año.
Infobae
JUAN MELO
En momentos del país donde el coronavirus avanza e ingresa en la zona de mayor cantidad de contagios diarios, el campo no detuvo su motor. Es clave, como actividad exceptuada de la cuarentena, que siga funcionando para abastecer de alimentos el mercado interno y cumplir con los compromisos asumidos con el mercado internacional.
Sin embargo, los productores están nerviosos y con elevada incertidumbre. Hay temor a que el gobierno de Alberto Fernándezavance sobre la propiedad privada, a partir de la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y que se instrumente un mayor intervencionismo del Estado en la actividad agropecuaria. Es por eso que un grupo de productores ya solicitaron asesoramiento a un estudio de abogados.
“Si vienen por nosotros y la democracia, nos van a encontrar parados. En el reclamo de todo el interior se están involucrando otros sectores que sienten el peligro, ya que pueden ir por la Constitución Nacional y no solamente por un porcentaje de las retenciones”, dijo a Infobae Juan Capózzollo, productor del norte de Santa Fe.
El interior productivo está una vez más movilizado. Ayer, la ciudadanía de Avellaneda, en Santa Fe, volvió a salir a las calles en contra de la intervención y expropiación de Vicentin, pero especialmente para que se cumpla la división de poderes. Ese reclamo se extendió a varias regiones del país. El sábado 20 de junio habrá una nueva concentración.
Las movilizaciones en el interior inquietaron al gobierno por el amplio rechazo que se expresa en cada una de ellas a la decisión de avanzar sobre la empresa agroexportadora. Además, no hay precisiones sobre el proyecto de expropiación que anunció la semana pasada Alberto Fernández que enviaría al Congreso de la Nación. Si llega al órgano legislativo, el mismo tendría un complicado escenario para que sea aprobado en la Cámara de Diputados. Anoche circularon fuertes versiones que señalaban diferencias internas en el oficialismo y la posibilidad de un cambio de estrategia.
Mientras tanto, y como sucedió 12 años atrás en la previa del debate de la Resolución 125 que promovía un esquema de retenciones móviles, productores y dirigentes del campo ya están tomando contacto con los legisladores nacionales que representan a las provincias. El pasado lunes, en la ciudad cordobesa de Jesús María, hubo un encuentro con integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio. En los próximos días habría reuniones con las otras fuerzas políticas.
Pero además, según pudo saber Infobae, productores autoconvocados de diferentes regiones también se encuentran realizando la misma tarea, con el objetivo de concientizar a cada uno de los legisladores sobre los efectos negativos que significaría aprobar la expropiación de Vicentin.
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“Estamos trabajando para no permitir que se compren voluntades como se hacía en 2008 con la resolución 125. Y a diferencia de aquel momento, ahora se están sumando otras agrupaciones que nada tienen que ver con el campo”, comentó el productor Iván Castellaro. Los grupos de autoconvocados que están trabajando en toda esta movida, son: Ruta 9 y 179 Armstrong, Ruta 34 y AO12, Mesa de Enlace del Nea y Noa, productores de Bell Ville, Villa María, Río Cuarto, San Nicolás y Sur de Buenos Aires.
Por otro lado, están analizando con abogados el alcance del DNU que firmó el presidente de la Nación. “Necesitamos determinar si el mismo es o no constitucional, y a partir de eso definir las acciones a seguir”, aseguró Castellaro, quien precisó que las reuniones con abogados comenzaron luego del último aumento de las retenciones anunciado por la administración nacional.
Para Raúl Victores, histórico dirigente agropecuario de la ciudad bonaerense de San Pedro, “el gobierno tendrá un duro revés en el Congreso de la Nación si avanza con el proyecto de expropiación y posiblemente tengamos un conflicto más grande que el de las retenciones móviles”. Por su parte, Alejandro Buttiero, integrante de la Mesa de Enlace de Córdoba, dijo: “Creo que en diputados no habrá cabida para la iniciativa del gobierno. No solo el agro sino también gran parte de la sociedad está en desacuerdo con esta medida tan arbitraria contra la propiedad privada”.
En un escenario en el que, más allá del caso Vicentin y con una falta de política agropecuaria que mejore la competitividad del campo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, planteó a este medio: “Sería importante que se deje avanzar al proceso judicial que estaba en marcha en el tema Vicentin, primero porque la ley lo estipula y segundo porque sería una forma que todo el mundo pueda saber qué pasó con la empresa. No es bueno que cualquier ciudadano de este país con los impuestos que paga termine comprando o con sus impuestos teniendo que participar en la compra de una empresa que está en una mala situación económica”.
A todo esto, Buttiero, agregó: “La alternativa es comenzar a dialogar con otros actores y formar una mesa de trabajo donde el aporte de ideas permita llegar de una manera democrática y organizada a la mejor solución. Hay que salvar la empresa, darle continuidad y que se pague la deuda”.
En medio de la protesta de ayer en Avellaneda y Reconquista, un productor que asistió a la misma y que además es acreedor de Vicentin, expresó: " Yo pierdo mucho por no cobrar, pero mis hijos van a perder más si no paramos una posible embestida sobre la propiedad privada".
Los productores y la ciudadanía que hoy se encuentran movilizados, reclaman que Vicentin pueda resolver su crisis, pero el mensaje más contundente es para el gobierno: “No vamos a permitir el avasallamiento de la división de poderes”.
