FRANCISCA O'RYAN
Hace unas semanas se levantó la polémica por decenas de denuncias realizadas por clientes, debido a alzas en sus cuentas de luz. Desde el ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) han informado estar monitoreando de cerca el asunto.
Sin embargo, para la Cámara no fue suficiente, por lo que a petición de 76 parlamentarios se decidió crear una comisión investigadora para indagar sobre las alzas detectadas estos últimos meses y que se explicarían en lecturas de consumo presuntos o sobre la base de promedios estimados. En esta también se contempla analizar, los actos del gobierno, en particular, de la SEC y del Ministerio de Energía. La Comisión fue aprobada por 105 votos a favor, 15 en contra y 20 abstenciones.
Para el cumplimiento de su propósito, la Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Explicación
A principios de junio el Superintendente de la SEC, Luis Ávila, fue citado a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara para explicar la situación. Al respecto, dijo que debido a la contingencia sanitaria en diversas zonas no se ha podido tomar la medición, por lo que se han hecho facturas provisorias, es decir, se cobra el promedio de los últimos seis meses. Señaló que el promedio de facturación provisoria antes del Covid-19 era de entre 2% y 3% y que en marzo la cifra se elevó a 17%. Sin embargo, en abril, el aumento fue mayor, superando el 50%.
“Cuando no se produce la lectura real, que permite saber el consumo de un hogar o local comercial, la norma define que se debe hacer una facturación en base a promedios: facturación provisoria. Es provisoria hasta que la compañía averigua el valor real. Una vez que eso sucede, se ajusta a lo que efectivamente se consumió”, señaló Ávila. Agregó que actualmente la situación está normalizada en una gran proporción, salvo en la Región Metropolitana, que está mayoritariamente con cuarentena.
FRANCISCA O'RYAN
Hoy es el día clave para el futuro del proyecto de ley de servicios básicos, que aunque fue aprobado por el Congreso la semana pasada, el Ejecutivo se encuentra analizando posibles vicios constitucionales. Precisamente, hoy es el último día que tiene el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para informar si llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC) o no.
Por lo mismo, estos últimos días los ministerios sectoriales estuvieron trabajando para lograr un segundo acuerdo voluntario con las empresas de agua, luz, telecomunicaciones y gas de red; con el fin de seguir beneficiando al 60% de la población más vulnerable en el pago de sus cuentas. El primer acuerdo -anunciado a fines de marzo- termina su vigencia el día de mañana.
Y aunque aún no hay un anuncio oficial del gobierno, algunas empresas ya anunciaron que extenderán el beneficio a sus clientes y que a diferencia del acuerdo anterior, esta vez será para el 60% de las familias vulnerables.
“El Estado de Catástrofe ha sido prorrogado por 90 días más, y en consecuencia Enel Distribución ha extendido en esa misma medida el plazo para solicitar sus convenios especiales de pago por la pandemia, junto con ampliar su alcance desde el 40% al 60% de los grupos familiares más vulnerables, de acuerdo al Registro Social de Hogares, para aquellos que así lo soliciten”, informó Enel, la mayor empresa del sector por número de clientes.
La compañía agregó que podrán solicitar este paquete de beneficios la población adulta mayor de 60 años, las personas acogidas a alguna de las causales de la Ley de Protección del empleo y los trabajadores independientes e informales cuyos ingresos hayan caído significativamente lo que justifique la solicitud del beneficio.
Misma decisión tomó la distribuidora eléctrica Saesa, que indicó que ampliará el número de clientes beneficiados “desde el 40 al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, adultos mayores, y personas desempleadas o con una disminución significativa de ingresos, quienes podrán solicitar prorratear las deudas en hasta 12 meses sin intereses ni multas".
La sanitaria Essbio, en tanto, señaló que “ampliará voluntariamente los beneficios que desde el comienzo de la pandemia ha estado entregando en el marco del Plan Especial de Ayuda Covid-19, para quienes tengan problemas para pagar sus cuentas”.
“Desde marzo suspendimos todos los cortes de agua por deuda, beneficiando a 19 mil familias, es decir, unas 85.000 personas. Junto con ello, cerca de 6 mil familias se han suscrito a nuestro plan de beneficios Covid-19 que permite postergar los pagos y regularizarlos una vez que termine el Estado de Catástrofe, sin multas ni intereses”, indicó el gerente general de la sanitaria, Cristian Vergara.
Igual medida adoptó Esval, sanitaria que abastece a la Región de Valparaíso.
