FRANCISCO SOTELO*

El progresismo argentino tiene una marcada tendencia a adoptar conductas retrógradas. Parece que su verdadera revolución apunta contra la lógica y el pensamiento racional. La evidencia más clara de esa contradictoria conducta es la contemplación con que siguen disimulando los disparates y el despotismo de Nicolás Maduro.

Es cierto, porque esto no hay que pasarlo por alto, que quienes ocupan los primeros lugares de esa militancia no son contradictorios en su mirada de fondo: piensan una revolución, estatista, clasista y antioccidental. Consideran que el capitalismo está agotado y que su último estertor es el neoliberalismo globalizado.

Para ellos, el ideal es una sociedad igualitaria, en la que el trabajo no es un valor y la propiedad privada está subordinada al alineamiento ideológico. Un vocero visceral del progresismo, Luis D'Elía, lo expresó con brutal transparencia: el 10 de diciembre de 2013, mientras la expresidenta y Moria Casán celebraban el Día de los Derechos Humanos y los 30 años de democracia, 13 personas murieron en saqueos; D'Elía ensayó entonces una curiosa explicación: "Los muertos son agentes del imperialismo; los que murieron el 19 y 20 de diciembre de 2001 eran luchadores del pueblo".

Un intelectual del ultrakirchnerismo, Hernán Brienza, publicó en el diario Tiempo Argentino que la corrupción es importante para la democracia porque hace posible que el pueblo llegue al poder. El progresismo duro, en general, piensa así. El proyecto está por sobre todo lo demás, incluida la lógica. El problema es que ese progresismo se disfraza porque por ese camino no llega a ningún lado y necesita camuflarse de peronismo. Así piensa una pata del oficialismo actual.

La otra pata, representada por Alberto Fernández no es progresista en el sentido antes descripto. Su prioridad es reacomodar el desfase estructural de la economía, el empleo y la pobreza en el país. Casi ingenuamente intentan endilgarlo a Mauricio Macri, como si fuera posible en cuatro años hacer semejante desaguisado. No pueden hablar del "neoliberalismo" en general (el enemigo de los progre) porque el Presidente, la vice, la mitad del Gabinete, muchos gobernadores y muchos legisladores estuvieron muy cerca de Carlos Menem. Cada cual tiene su historia.

Y la historia de la Argentina es una historia de decadencia. Hace 45 años, el sinceramiento llamado "rodrigazo" mostró que una nueva era, de decadencia socioeconómica, comenzaba para la Argentina. El fin de la dictadura no significó el final de esa decadencia. La realidad laboral de hoy habla por si sola. El cepo inaugurado en 2011 tuvo un correlato: la designación de 700 mil personas en el Estado, en cuatro años, debido a la destrucción del empleo y el crecimiento del gasto público del 24 al 42% del PBI.

El déficit, la inflación, la recesión y la deuda pública son partes de un mismo combo (histórico).

La estatización de la empresa Vicentin, esencialmente, se explica por la apetencia de dólares por parte de un Estado voraz y desfinanciado (pero con restos de retórica restauradora).

Los gastos de asistencia social que anuncia el Gobierno son el síntoma de una emisión que supera los indicadores de los últimos treinta años. Nadie hace milagros: el otro combo es el de la presión impositiva, el desaliento a la inversión y una enorme capacidad de quemar las naves todos los días. Y, entre tanto, el Gobierno y la oposición vuelven a reabrir "la grieta". Una grieta que en cada orilla muestra a militantes de distintos fracasos.

Si el dogma neoliberal y la ilusión bolivariana solo han demostrado poder de destrucción: ¿por qué no hacer una verdadera revolución y comienzan a realizar consensos basadas en el sentido común? Los dogmas y las ilusiones sirven para pelear por el poder; el sentido común y la proyección histórica son esenciales para gobernar. Pero la seducción del poder es mucho más fuerte que el compromiso con la sociedad y con la historia.

* Periodista. Editor de El Tribuno