ANDREA DURÁN

El gobierno provincial accionará contra la firma Trident Chile SpA para tratar de cobrar las deudas que dejó su filial argentina como concesionaria del proyecto minero de Andacollo. La estatal Cormine también se presentó ante el juez comercial de Buenos Aires que tramita el concurso de acreedores para pedir que rechacen la pretensión de la empresa por considerar que declaró un domicilio “ficticio”.

Un grupo de funcionarios del gobierno provincial viajó a Andacollo para reunirse con los trabajadores como parte de la mesa de trabajo que se acordó en la mediación judicial. Allí informaron los avances judiciales contra la firma y comprometieron el pago de la asignación de emergencia de 30.000 pesos para los mineros en la semana del 15 de junio.

“La mesa tiene por objetivo fundamental recuperar el proyecto aurífero para la zona, pero también hacer un seguimiento del compromiso del gobierno provincial en la asistencia a los trabajadores y el proceso legal que encaró contra la empresa”, indicó el intendente de Andacollo, Manuel San Martín.

El funcionario, quien participó de la reunión, señaló que se les ofreció a los mineros asistencia legal para accionar judicialmente contra Trident Southern de Explorations de Argentina por sus salarios adeudados. También detalló que Cormine le envió una carta documento a una filial de Chile “solicitando que la empresa pague a la provincia lo que deben por canon y garantía”.

El presidente de la minera estatal, Martín Irigoyen, se presentó la semana en la justicia comercial y le pidió al juez Federico Güerri el rechazo del concurso preventivo solicitado por Trident.

Dio como argumentos que la empresa se prevalió “de un domicilio ficticio” (en Buenos Aires en lugar de Neuquén) para quedar en una jurisdicción ajena y que se presentó al concurso con el fin de “dar vigencia a un contrato extinguido legítimamente”.

La provincia le rescindió a Trident el contrato de usufructo de la mina de Andacollo el 8 de mayo luego de reiterados incumplimientos. La empresa dejó, además, deudas millonarias con proveedores y con la provincia.