modificar la Ley 28736 o Ley PIACI (mayo de 2006) con el objeto de volver intangibles todos los ‘territorios’ ocupados por dichas poblaciones
JUAN SALDARRIAGA
El Congreso de la República continúa generando incertidumbre entre los inversionistas en la era del COVID-19. El pasado 26 de mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos aprobó por unanimidad una propuesta para proteger de los estragos de la pandemia a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Se trata del dictamen del proyecto de ley 4044, que busca modificar la Ley 28736 o Ley PIACI (mayo de 2006) con el objeto de volver intangibles todos los ‘territorios’ ocupados por dichas poblaciones.
Según el análisis realizado por las asociaciones civiles DAR y Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) la norma busca excluir todas las actividades que puedan significar un contagio para los PIACI, incluyendo actividades económicas distintas a sus usos y costumbres ancestrales, es decir, caza y pesca.
Para la Sociedad Peruana de Hidrocaburos (SPH) eso significa hacer tabla rasa de los derechos adquiridos por los operadores de, cuando menos, cinco lotes de hidrocarburos que se superponen a las futuras reservas PIACI (que aún no han sido creadas).
Es el caso del lote 88 (Cusco), que suministra el gas natural que consumen Lima y otras regiones en la costa.
“Si el proyecto de ley se aprueba, tendrá un impacto económico inmenso porque afectará al 50% de la producción eléctrica en el país [generada con gas natural] y paralizará el plan de masificación de este hidrocarburo, además de la producción de petróleo [en la selva norte]”, apunta Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
La SPH y Perú-Petro han identificado otros cuatro lotes que son amenazados por la iniciativa congresal. Ellos son el 67 y el 39, de Perenco, el 95, de Petrotal, y el 107, de Petrolifera Petroleum.
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La nueva ley de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial afectaría las operaciones de cinco lotes de petróleo y gas.
Todos ellos se superponen, en mayor o menor medida, a las tierras habitadas por los PIACI (Ver gráfico).
“De aprobarse el proyecto de ley, esto limitaría el ejercicio de derechos y operaciones futuras en los lotes petroleros, poniendo en riesgo las inversiones ya realizadas y aquellas que se podrían realizar a futuro (US$2.183 millones)”, advierte Perú-Petro.
Con todo lo grave que esto pueda ser, la entidad estatal ve un peligro mayor en la afectación del lote 88, al extremo de que “se podría generar una crisis energética nacional”. ¿Es tan alarmante la situación?
De acuerdo a Pluspetrol, operador del lote 88, la proyectada reserva indígena se superpone al 12% de sus operaciones, pero en una zona que alberga la mayoría de sus pozos de producción.
Lo cual quiere decir que tendría que abandonarlos, al igual que sus futuras inversiones.
Peor aún, las comunidades en contacto inicial, a las cuales Pluspetrol apoya con proyectos sociales, quedarían en abandono.
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En el lote 88 habitan nativos en aislamiento voluntario con los que Pluspetrol no ha tenido jamás contacto.
“Hemos convivido por 20 años con estos pueblos en total armonía. Ellos pidieron que les construyamos viviendas y quieren tener acceso a servicios básicos. Si la ley se aprueba, los estaríamos condenando a que continúen sus actividades de subsistencia”, señala Gonzalo Castro de la Mata, ecólogo y gerente de asuntos externos de Pluspetrol.
En opinión de la SPH, la nueva ley PIACI no cumplirá el cometido de proteger a las poblaciones indígenas pues les retirará la protección que ofrece Camisea, como buffer contra la irrupción de mineros y madereros ilegales.
“La solución – indica Cantuarias - es el decreto de urgencia del Gobierno que facilita S/88 millones para implementar un plan que ayude a estas comunidades a prevenir el contagio de COVID y a proveer acceso a los servicios básicos, salud y nutrición”.
El dictamen del proyecto de ley 4044 se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside la congresista Leslye Carol Lazo, de Acción Popular. Cuenta con opinión negativa del Ministerio de Energía y Minas.
Si es aprobado, Perú-Petro y la SPH auguran que podrían generarse procesos arbitrales contra el estado, dado que los contratistas no podrán cumplir con sus procesos contractuales. Algo similar al caso de los peajes.
Andina
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), aprobó la modificación del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 31-C, ubicado en la provincia de Pucallpa (Ucayali).
Mediante Decreto Supremo Nº 014-2020-EM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se establece modificaciones como la extensión por un periodo adicional de 10 años del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en dicho lote; el compromiso de ejecución del programa adicional exploratorio; y la sustitución de Aguaytía Energy, LLC y Perú Energy Holdings por Orazul Energy Perú, como garante corporativo en el citado contrato.
Asimismo, se autoriza a Perupetro a suscribir con Aguaytía Energy del Perú la Adenda de modificación del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 31-C.
Cabe precisar que Perupetro y The Maple Gas Corporation del Perú, Sucursal Peruana, celebraron un contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en este lote, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 21-94-EM, del 30 de marzo de 1994.
El 16 de julio de 1996 se aprobó la modificación de este contrato con el objetivo de reflejar la cesión de posición contractual del 99% de participación de The Maple Gas Corporation del Perú, Sucursal Peruana a favor de Aguaytía Energy del Perú.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 021-99-EM del 15 de junio de 1999, se aprobó la modificación del contrato con el objeto de reflejar la cesión de posición contractual del 1% por parte de The Maple Gas Corporation del Perú, sucursal peruana, a favor de Aguaytía Energy del Perú.
