El gobierno nacional comenzó a transitar el camino para desarmar el esquema de participación público privada (PPP) montado durante la gestión de Mauricio Macri para financiar la obra pública. El primer paso se dio con una tanda de encuentros con las empresas concesionarias de seis corredores viales donde se detectó un costo financiero cercano al 45% en dólares para realizar las obras adjudicadas en 2018 además de un incumplimiento en el incremento de las garantías que llevó al Ministerio de Obras Públicas de Gabriel Katopodis a intimar a las compañías bajo apercibimiento de la extinción de los contratos.

El Ministro recibió a los envíados de las empresas a cargo de los corredores A, B, C, E, F y Sur. Los seis proyectos impulsados en la anterior gestión por la cartera de Guillermo Dietrich prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el precio final era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. Una ganancia de 45% en dólares para llos bancos. En ese contexto, antes de las reuniones, Katopodis denunció que “el modelo de las Participación Público Privada sólo estuvo pensado en beneficiar a los bancos. Respondían a un esquema financiero en detrimento de las cuentas públicas, un sobre endeudamiento para desarrollarlas, con contratos en dólares”.

Los bancos que entraron en el mecanismo armado para financiar los corredores viales adjudicados en julio de 2018 fueron el Banco de Galicia, Bank of China, Banco Itaú BBA, Banco Itaú Argentina y el Banco Julius Baer. El objetivo del gobierno es rescindir los contratos sin costo para el Estado Nacional. En el encuentro que encabezaron Katopodis junto a su jefe de gabinete, Gerardo Otero, el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y el gerente ejecutivo de Concesiones Viales, Eduardo Tarchinale, se abrió esa negociación para definir si el término de la relación contractual con las empresas será en buenos o malos términos. “Con esos costos en dólares, los contratos son de imposible cumplimiento y las empresas lo saben”, aseguró a Ámbito uno de los funcionarios presentes en la reunión. Por ahora las empresas están dentro del plazo otorgado por la intimación que realizó el Ministerio de Obras Públicas el 27 de mayo pasado para que realicen su descargo.

Ante el incumplimiento del aumento de las garantías del 2 al 2,5% de la inversión, previsto en la adenda firmada en julio 2019, el Estado intimó a las empresas a rescindir los contratos que incluían, también, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). Sin embargo, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018. “En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de 20 meses solo se han efectuado inversiones mínimas: 1,3% del total en promedio y 4% como máximo, dependiendo del corredor del que se trate”, detallaron a Ámbito desde Obras Públicas. Las negociaciones continuarán la próxima semana.

Cuáles son los corredores viales adjudicados en 2018 a cada Unión Temporal de Empresas (UTE):

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.

Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Corredor E: abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Las obras a ejecutar estaban a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. La obra a ejecutar estaba a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).