El gasto en importar crudo y gas en 2019 ascendió a 42.500 millones de euros
VÍCTOR MARTÍNEZ
La mayoría de los españoles se opone a la prohibición de realizar nuevas prospecciones en busca de petróleo o gas en España incluida en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes. Según una encuesta realizada por Sigma Dos para la asociación empresarial Aciep, que reúne a las principales empresas del sector de la exploración de hidrocarburos, un 57% cree que no debe prohibirse esta actividad debido a la enorme dependencia energética del exterior que tiene el país y el elevado coste de la factura que esto supone en la balanza comercial.
Esta cifra se divide a su vez entre quienes abogan además porque se incentive la búsqueda de crudo y gas local (un 27%) y quienes defienden que ni se impulse al sector ni se frene su actividad, es decir que esta quede en manos de las leyes del mercado y del potencial interés que puedan tener las compañías que operan en este sector.
La encuesta de Sigma Dos coincide con la aprobación por parte del Gobierno de la Ley que pretende impulsar la transición energética en España. En el texto, remitido al Congreso para su debate y votación por parte de los distintos grupos parlamentarios, se incluye explícitamente en su artículo 8 la prohibición de conceder "nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos". Sólo podrán seguir operando las actuales explotaciones de gas y crudo del país y la tramitación de los permisos que ya están en marcha.
El texto también incluye una prohibición específica sobre el conocido como 'fracking', la técnica que mediante fracturación hidráulica ha logrado revolucionar el orden energético mundial y convertir a EEUU en uno de los grandes productores internacionales. En este caso la legislación es más dura ya que suspende de hecho la vida de todas las autorizaciones que hay solicitadas para usar esta técnica en España. "Asimismo, a partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen".
La defensa o crítica de las perforaciones petroleras tiene un claro componente ideológico, según refleja la investigación. En el caso de los votantes de Podemos, un 53% considera que sí se debería prohibir la búsqueda de nuevos hidrocarburos en España por el impacto medioambiental que tiene esta actividad. Su respuesta contrasta con la de los votantes de Vox, entre los cuales solo uno de cada cinco se declara contrario a la exploración de hidrocarburos. Los votantes del PSOE, el partido que ha liderado la iniciativa a través de la vicepresidenta Teresa Ribera, son contrarios en un 58% a que se prohíba la actividad. "Entre la población de izquierdas la opinión está repartida a partes iguales entre los que opinan que sí y que no habría que prohibir la actividad. Entre los votantes de derechas, hay una clara mayoría que opina que no habría que prohibirla", resume la investigación.
El medio ambiente es la gran preocupación de aquellos que rechazan que en España se busque gas y petróleo propio. Ocho de cada diez de quienes son contrarios a la actividad esgrimen este motivo, mientras que un 8% considera que traerlo de fuera es más barato y un 7% cree que es incompatible con otras actividades económicas. Los defensores de esta energía creen que es necesario buscar para reducir la dependencia energética del país, mejorar su balanza comercial y mitigar el riesgo por falta de suministro. En la actualidad, el 99,5% de los hidrocarburos que se consumen en el país proviene del exterior.
El gasto en importar crudo y gas en 2019 ascendió a 42.500 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. La cifra supuso una reducción del 5% con respecto al año anterior motivada por el abaratamiento de las materias primas en los mercados mundiales. Su coste comercial fue amortiguado por la exportación de combustibles y otros productos refinados en las factorías españolas, que ascendió a 19.000 millones de euros, aunque eso no evitó que la energía siguiera siendo un año más el lastre en la balanza comercial del país con un déficit de 23.000 millones, equivalente a dos puntos del PIB.