ROMÁN LEJTMAN
Martín Guzmán propuso ese atajo jurídico al Presidente ante la imposibilidad de acercar posiciones con los bonistas más duros que operan en Wall Street y Londres
Durante el fin de semana en Olivos, Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizarán una reunión clave para destrabar la negociación con los principales fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos. En ese encuentro a puertas cerradas, el Presidente decidirá la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permita abrir una nueva instancia de diálogo con poderosos bonistas que desconfían del ministro de Economía y se preparan para demandar por default a la Argentina.
El DNU fue una propuesta de Guzmán y su objetivo es suspender la aplicación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. “El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública (...) mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”, sostiene el articulo 65 que se pretende suspender durante las negociaciones con los acreedores privados.
En términos simples, Guzmán estaría en condiciones legales de cerrar un canje de la deuda si obtiene al menos dos variables de las tres previstas en el artículo 65: un mayor plazo para pagar, una quita del capital adeudado o reducir los intereses que se perciben por los títulos emitidos.
Hasta anoche, el ministro de Economía sólo tenía a su favor la poda de los cupones previstos en su oferta oficial. Eso intereses caen de un 7 por ciento promedio al año, a un 0.5 por ciento a pagar en noviembre de 2023.
Y respecto al plazo de los vencimientos y a la quita de capital (haircut), Guzmán ayer no tenía nada. Y es muy difícil que lo tenga: durante la administración de Mauricio Macri se emitió un bono por cien años, y sus titulares no quieren extender su maduración. Y en cuanto a la quita del capital prevista en la oferta oficial, los acreedores privados pretenden eliminar esa variable con poco impacto financiero.
Entonces, Guzmán propuso a Alberto Fernández la publicación del DNU suspendiendo el artículo 65 de la ley de Administración Financiera, para salir del laberinto que se autoconstruyó durante las negociaciones con los bonistas bajo legislación extranjera.
Es decir: de las tres condiciones del artículo 65, el titular del Palacio de Hacienda sólo tendría una asegurada. La reducción de las tasas de interés. Pero como el eventual DNU, suspende esa disposición clave de la Ley de Administración Financiera, ya no haría falta mantener la quita de capital (haircut) para negociar acorde a derecho.
Sin haircut, el deal estaría más cerca.
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A diferencia de otras oportunidades, adonde avalaba todas las sugerencias de su ministro de Economía, Alberto Fernández decidió tomarse un tiempo y hacer una ronda de consultas antes de firmar el DNU que sugirió Guzmán.
Hace casi cuatro meses, el Presidente logró la sanción de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que en su artículo primero ratifica la vigencia del artículo 65 que Guzmán desea suspender para destrabar las negociaciones con los fondos de inversión.
Aún más: cuando el ministro era desconocido y ya daba clases en Columbia, asesoró al bloque de diputados del peronismo frente a la pretensión de Mauricio Macri de suspender el artículo 65 de la ley de Administración Financiera. En ese momento, Guzmán recomendó rechazar la iniciativa de Macri alegando que se le daba un poder discrecional a la Casa Rosada.
Pero al margen del eslalon jurídico, Alberto Fernández ya escuchó que es posible cerrar con la mayoría de los bonistas sin tener necesidad de dictar un DNU, que sería criticado por la oposición y observado con cierto desdén por los acreedores privados que están cansados de la inseguridad jurídica en la Argentina.
Los fondos se dividen en tres bloques diferentes. Grupo Argentina Ad Hoc, que lidera BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, representados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech; y el Grupo de Bonistas del Canje, que reúne a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.
El Grupo Argentina Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje ayer se negaron a extender su acuerdo de confidencialidad (NDA) y publicaron en conjunto la última oferta que presentaron a Guzmán. Esa propuesta ya fue adelantada por Infobae, y su número clave no tuvo una mejora explícita: exigen 53 dólares promedio de Valor Presente Neto (NPV).
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A principios de mayo, el Grupo Argentina Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje tenían estrategias diferentes. BlackRock apretaba los dientes, y Monarch se mostraba un tanto más conciliador. Ahora juegan juntos y se plantaron en 53 dólares promedio de NPV.
Esta alianza táctica es una mala noticia para Alberto Fernández y Guzmán. Si no logran sumar a estos fondos, el canje habrá fracasado y la aceleración del default será una profecía autocumplida.
El jefe de Estado y su ministro de Economía cuentan con la predisposición del Comité de Acreedores de la Argentina, encabezados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech. Sin embargo, esa predisposición no significa que aceptaron la propuesta de Guzmán.
Fintech es liderada por David Martínez, un inversionista mexicano que es amigo de Alberto Fernández. Martínez le dijo al Presidente que el deal se puede cerrar, si el ministro deja por un rato su lógica académica entrenada en Columbia.
El Comité de Acreedores de la Argentina propone 52 dólares promedio de NPV, una cifra por debajo de BlackRock y sus asociados (53 de NPV), y muy por encima de la última oferta que reveló Infobae hace unos días: 45 dólares promedio de NPV.
En este contexto, Alberto Fernández tiene dos caminos para evitar una denuncia por default en los tribunales de Manhattan. O avala el DNU que propuso Guzmán, o invierte una cuota parte de su capital político para sentar a todos los fondos en la mesa de negociación y cerrar un acuerdo que aguarda la Casa Blanca, el FMI, la Unión Europea y los acreedores más poderosos de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La oferta oficial del Gobierno vence el próximo 2 de junio. Y hasta ahora, Guzmán no logró resultados satisfactorios medidos en niveles de adhesión al canje de la deuda. Obtuvo menos del 20 por ciento de todos los bonistas que aceptaron sentarse a negociar con la Argentina. Una cifra que Olivos decidió guardar como un secreto de Estado para no afectar la imagen negociadora del ministro de Economía.
Alberto Fernández sabe que este fin de semana deberá asumir una decisión respecto a la deuda externa que negocia Guzmán. El Presidente no quiere el default y tampoco excederse en los pagos ante la presión de los acreedores privados.
Desde Washington, ante la estrategia que aún lidera Guzmán, el mensaje llegó a Olivos sin escalas y vía chat: “Arreglen, un default sería catastrófico. Para todos".
LA NACIÓN
FRANCISCO JUEGUEN Y RAFAEL MATHUS RUIZ
Dos grupos de acreedores de la Argentina enviaron una nueva propuesta -la primera oferta conjunta entre dos grupos- que propone un alivio de más de US$ 36.000 millones en los pagos de la deuda durante los próximos 9 años, y apunta a conseguir un quiebre en las negociaciones entre los bonistas y el Gobierno para avanzar hacia un acuerdo que resuelva la crisis de la deuda.
La nueva propuesta fue enviada por el Grupo Ad Hoc, que integran BlackRock , Ashmore , Fidelity y otros grandes fondos, y el Grupo de Bonistas del Canje, que lideran Monarch , HBK Capital Management , Cyrus Capital y VR, entre otros inversores. La oferta fue diseñada "de buena fe" y es más favorable para el país que las anteriores presentadas por ambos grupos.
"La propuesta conjunta cuenta con el respaldo de los grupos de acreedores más grandes de la Argentina y se encuentra en términos más favorables para la Argentina que las propuestas anteriores presentadas por el Grupo Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje", remarcó un comunicado del Grupo Ad Hoc, sin brindar más detalles sobre la oferta.
"El Grupo Ad Hoc alienta al gobierno argentino a aprovechar esta oportunidad. Estamos seguros de que la propuesta conjunta proporciona la base para una solución de colaboración que servirá tanto al interés del pueblo argentino como a ayudar a restaurar la confianza de la comunidad financiera internacional", cierra el comunicado.
La nueva propuesta de los bonistas llega cuando faltan apenas cinco días para que venza un nuevo deadline oficial para el cierre de las negociaciones. Ninguno de los grupos difundió detalles de la nueva oferta. En el Gobierno indicaron, antes de que surgiera la novedad de los dos grupos de acreedores, que las diferencias entre el Gobierno y los bonistas con títulos bajo legislación extranjera se habían acortado, pero aún persistían.
Pese a que en el Ministerio de de Economía que conduce Martín Guzmán aseguran que se sigue negociando de buena fe y que las posiciones se siguen acercando, dos fuentes cercanas a la cartera habían indicado a LA NACION que aún no se había logrado cerrar la brecha entre lo que el Gobierno considera sustentable para el país y lo que desean obtener los bonistas. El Palacio de Hacienda difundió luego un comunicado en el cual Guzmán dijo que hubo una "un acercamiento importante" con los bonistas, aunque aclaró que aún resta un "camino importante por recorrer" para un acuerdo.
"Nos hemos acercado pero aún hay un camino importante por recorrer", dijo Guzmán.
"El grupo de acreedores llamado Ad Hoc se movió en la dirección correcta con respecto a su oferta previa, pero el movimiento fue corto, insuficiente para las necesidades del país", expresó el ministro. "Esperamos seguir trabajando con los acreedores que componen ese grupo. Hay otros acreedores con quienes hemos recorrido un camino que nos acerca más, pero aún es temprano para hablar de ello", sostuvo.
La segunda prórroga de la negociación, luego del default selectivo o "soft default" -como lo llama el Gobierno- en el que cayó el país el viernes último, puso como nuevo límite el 2 de junio, o sea, el próximo martes.
Pese a que en el Ministerio de de Economía aseguran que se sigue negociando de buena fe y que las posiciones se siguen acercando, dos fuentes cercanas a la cartera habían indicado a LA NACION que aún no se había logrado cerrar la brecha entre lo que el Gobierno considera sustentable para el país y lo que desean obtener los bonistas.
Por la noche, el equipo de Guzmán confirmó mediante un comunicado que había presentado una nueva propuesta a los bonistas, que no es una enmienda aún a la oferta original, y que prevé un año menos de período de gracia -se empieza a pagar desde 2022 algunos cupones de intereses-, menos quitas de capital y cambios en los pagos anuales, papeles más cortos, y tasas de interés escalonadas que nunca superan el 5%, similares a la original.
En el Ministerio de Economía indican que la negociación es complicada por los diferentes intereses que muestran los actores involucrados, según la composición de cada cartera.
El propio Guzmán acercó ese mismo diagnóstico a los principales empresarios del país en un encuentro virtual vía Zoom que mantuvo ayer. Sin dar precisiones sobre si ya mejoró o no la oferta argentina -una de las versiones sin confirmación oficial que corrieron esta semana-, señaló que todavía faltaba sortear una distancia. "Si las diferencias no son grandes hay que acelerar el acuerdo de la deuda sin dar más vueltas", le dijeron los hombres de negocios.
Los empresarios, entre los que estaba Paolo Rocca, Luis Pagani, Enrique Cristofani, Carlos Miguens y Federico Braun, le recalcaron al ministro de Economía la necesidad de evitar el default y alertaron sobre el impacto que podría tener una cesación de pagos total en el financiamiento de sus empresas, sobre todo pensando en la salida de la pandemia. Guzmán les recalcó que, más allá de los tiempos, no se cerrará un acuerdo que no beneficie al país y que no sea sostenible en el largo plazo (que no requiera de una reapertura).
Según supo LA NACION, uno de los empresarios opinó que debería pensarse en los años 2023, 2024 o 2025 a la hora de negociar la deuda. Guzmán, al final, respondió que "era importante pensar en el presente claro, pero también ser conscientes que el futuro llega y que los parches no sirven". El ministro dio el ejemplo del endeudamiento de hace cuatro años a tasas del 7%, "cuando el mundo financiaba a tasas cercanas a 0%". "Lo que es futuro luego será presente", reflexionó.
