ANDREA DURÁN
El juez comercial que tramita el concurso preventivo de la minera Trident Southern Explorations de Argentina le pidió a la empresa que indique si realizaron una denuncia penal por las supuestas maniobras “dolosas” que habría realizado su anterior presidente con los fondos que enviaban los inversionistas. La gerencia había indicado que Mischa León Aleksander, la cara visible del proyecto hasta el año pasado, desviaba fondos a empresas en Chiles de las que era accionista y compraba maquinaria “obsoleta” con sobreprecios.
El subrrogante del juzgado comercial 23, Federico Güerri, reclamó ahora que la empresa manifieste si realizó denuncias penales contra Aleksander, pues “el accionar del exgerente es mencionado como una de las circunstancias que condujeron a la sociedad a la situación económica en que se encuentra actualmente”.
Trident se presentó en concurso de acreedores a principios de mayo, en plena negociación con el gobierno provincial y los trabajadores de la mina para depositar los salarios adeudados de dos meses. La empresa declaró deudas millonarias en pesos, dólares y pesos chilenos con unos 200 proveedores, muchos de ellos pequeños comerciantes del norte de la provincia.
La presentación, sumada a otra serie de incumplimientos previos, le valió la rescisión de contrato por parte de la provincia.
El fiscal general, José Gerez, indicó que en la provincia no hubo presentaciones, pero advirtió que “si algo de eso ocurrió, hay que evaluar quién es competente para investigar”. “No hay ningún documento o presentación seria que diga que esos movimientos se hayan concretado dentro de la provincia”, planteó.
El funcionario judicial aclaró que la fiscalía actuó como mediadora para resolver la cuestión laboral, que era el “conflicto primario” y que afectaba la paz social. También sostuvo que, en las pocas apariciones que tuvo la empresa durante las mesas de negociación, “no se vio una voluntad de querer investigar esa supuesta maniobra estafatoria”.
Sí hay una denuncia penal presentada por la Defensoría Popular Jaime De Nevares que apunta a la responsabilidad del titular de Cormine, Martín Irigoyen, como autoridad de control de lo que ocurría en el yacimiento. Gerez dijo que la tramita la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Pablo Vignaroli.
El titular de la estatal Cormine, Martín Irigoyen, volvió a tomar posesión de la mina de Andacollo el miércoles, durante una visita a la localidad junto a personal de la Subsecretaría de Ambiente y un escribano público. El funcionario indicó que ejecutó una orden judicial con el fin de “prevenir daños materiales y ambientales en el yacimiento”.
La mina de oro y plata estaba bajo usufructo de la empresa Trident Southern Explorations de Argentina, pero el gobierno provincial rescindió su contrato luego de detectar una serie de incumplimientos, entre ellos la falta de pago a sus trabajadores.
Según indicaron medios locales, Irigoyen fue repudiado con manifestaciones de los trabajadores a su ingreso al pueblo. El funcionario afirmó que, tras recuperar las instalaciones y bienes en el yacimiento, se empezará una nueva etapa de licitación que demandará entre “cuatro y seis meses” con las empresas que estén interesadas en retomar el proyecto metalífero
La justicia comercial quiere saber si Trident denunció judicialmente al anterior gerente, señalado por triangular el dinero de los inversores con empresas de Chile. La fiscalía de Neuquén no tiene investigaciones abiertas.
En algún rincón de las 29.000 hectáreas que componen el Proyecto Minero Andacollo quedaron guardados 30 sacos de material concentrado. Pesan unas 30 toneladas cada uno y guardan una suerte de barro denso del que luego saldrán varias onzas de oro.
Trident Southern Explorations de Argentina, la firma que usufructúa el yacimiento, nunca lo comercializó. Hace poco más de una semana, se presentó en la justicia comercial para abrir un concurso de acreedores y el gobierno provincial rescindió su contrato.
Según el expediente que tramita el juzgado comercial 23 de Buenos Aires, acumula deudas de más de 97 millones en pesos argentinos, otros 41 millones en dólares y 22 millones en pesos chilenos. A la suma se añaden los créditos salariales con 238 trabajadores y una deuda con Cormine, la estatal dueña del yacimiento de oro y plata, por 1,9 millones de dólares.
“No se produjo lo que ellos esperaban, pero sí hubo un momento donde estuvimos produciendo. No se sabe por qué no lo comercializaron, quizás falta de papeles o permisos. No sabemos. Material para procesar también hay”, indicó Walter Rasso, delegado de los mineros y perforista.
Trident ganó la adjudicación del proyecto en septiembre de 2016 luego de competir en una licitación pública con otras tres empresas. Su oferta había sido de 164 millones de dólares de inversión en los 25 años de contrato y resultó la más atractiva para el gobierno provincial porque prometía una planta de procesamiento nueva, la restauración del viejo dique de colas y una ampliación del personal a 500 trabajadores.
“No somos la Barrick Gold. Estamos buscando un mercado donde el costo de onza es menor y se puede hacer productivo en un mercado volátil donde se sube y baja el valor de onza. Este es un depósito de alta ley y a bajo costo, justo lo que buscamos en esta empresa”, dijo en ese entonces Mischa León Aleksander, el presidente de la sociedad al que ahora la propia empresa culpa de maniobras “dolosas” para desviar fondos de la minera a sus firmas en Chile.
A más de tres años y medio de contrato, Trident no contrató al personal prometido y tampoco construyó un nuevo dique para enviar los desechos de material. Rasso señaló que la firma “pretendía usar una centrífuga, pero no les funcionó”. “He trabajado también en proyectos en el sur y no hay minera que trabaje sin un dique, no sabemos qué quisieron hacer”, planteó.
Trident sí trajo una nueva planta de procesamiento, aunque no llegó a cumplir los requisitos del contrato: debía procesar unas 480 toneladas diarias de material y, en el mejor momento, apenas consiguió entre 200 y 220. Los trabajadores esperan que ese capital pueda servir para cobrar las indemnizaciones pendientes, si es que el proyecto no continúa.
En el expediente del concurso de acreedores, Trident aseguró que se encontraba al 90% de la primera etapa del contrato, la puesta en marcha de la explotación. Indicó que planeaba exportar los concentrados “a las plantas de tratamiento ubicadas en Europa, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá” y a luego a “las grandes refinerías situadas mayormente en Suiza y Alemania”. Nada ocurrió.
“La etapa inicial no pudo completarse por las dificultades económicas que motivaron que la sociedad no pueda afrontar sus obligaciones corrientes para cumplir con dicho objetivo”, justificó la firma ante la justicia comercial.
Ya en el cierre de sus estados contables de 2018, advertía: “la sociedad no cuenta con capital de trabajo operativo que le permita afrontar sus obligaciones a corto plazo. La posibilidad de que la sociedad pueda continuar operando normalmente como una empresa en marcha depende exclusivamente del soporte financiero de sus socios”.
Trident ganó la licitación asegurando que la mayor parte del dinero, unos 100 millones de dólares, los pondría un fondo de inversión y bienes raíces de Estados Unidos, Realty Advisors Inc.
La empresa que se presentó a la licitación para el Proyecto Minero Andacollo fue Trident Southern Explorations SpA, una firma registrada en Chile cuyo único socio es el suizo Mischa León Aleksander. La adjudicación le exigía a la compañía constituir domicilio en el país y por ello se creó una sociedad nueva, Trident Southern Explorations de Argentina SRL.
En verdad, lo que se hizo fue cambiar la denominación y objeto social de una ya existente: Hospitality Business Holding SRL, constituida en julio de 2011 por el argentino Carlos Schenzle y al dinamarqués Uwe Gerd Lykkeberg cuyo objetivo era participar en sociedades mediante la adquisición de acciones o la inversión en inmuebles, títulos y valores públicos o privados.
En diciembre de 2016 se reformó el estatuto de la sociedad, se cambió el nombre y se incorporó la exploración y extracción de minerales y la adquisición o enajenación de derechos y propiedades mineras a su objeto social. La composición accionaria pasó a estar integrada en un 5% por Trident Southernn Explorations SpA, la chilena que licitó el proyecto, y en un 95% por TSE UK Limited.
Esta última, según publica en su web el registro público de empresas del Reino Unido, tiene por directores a Mischa León Aleksander, al también suizo Michael Aleksander y a los estadounidenses Henry Butler, Ronald Crow, Bart Davenport, Edward Landess y Scott Lemke.
Crow quedó en febrero de este año como nuevo presidente de Trident Argentina en reemplazo de Aleksander, a quien acusaron de maniobras “dolosas” como el desvío de fondos a empresas radicadas en Santiago de Chile de las cuales él es accionista mayoritario “y la compra de maquinaria obsoleta e inutilizable para el proyecto a un precio muy superior al de mercado”.
La anterior concesionaria de la mina, Andacollo Gold, tuvo un final similar al de Trident. Obtuvo el contrato en 1998 durante el último gobierno de Felipe Sapag y una prórroga en 2010 en la gestión de Jorge Sapag. Cuando comenzó, estaba integrada por capitales chilenos y canadienses, pero en 2013 vendió sus acciones a Javier Maschke, un empresario mendocino.
Según él mismo relató en el proceso de quiebra que se inició en 2018, los inversores le habían ofrecido tomar el proyecto para hacerse cargo “rápidamente” de su venta, oferta que consideró “muy atractiva”. Dijo que tenía contacto con el grupo Eurnekian, el Grupo Lunding de Canadá, Grupo Hoschild de Perú, “y otras empresas todas muy interesadas”.
Sin embargo, la venta nunca se concretó y, en diciembre de 2014, abandonó la explotación del proyecto. Maschke, quien no pagó indemnizaciones a los empleados ni las deudas que dejó a Cormine y proveedores, argumentó que la caída de los precios de los minerales superior al 30% “acentuó la rentabilidad ya negativa de la empresa”.
En el expediente de la quiebra que tramita el Juzgado Comercial 24 de Buenos Aires, contabilizaron un pasivo superior a los 47, 6 millones de pesos, pero no se encontraron bienes a nombre de la empresa. Solo se pudo ordenar el secuestro y venta de tres camionetas Toyota Hilux, una Ford Ranger y dos marca Nissan. Hasta hoy, ninguna fue encontrada.
