Banco Central, si lo considera necesario, sea facultado para entregar liquidez a través de la compra de deuda pública en el mercado secundario
CARLOS ALONSO
El deterioro de la economía que está provocando el coronavirus se tomó el debate público. Además de las medidas adoptadas por el Gobierno, en las últimas horas han surgido planteamientos tendientes a extender los beneficios y a ampliar el esfuerzo fiscal. El viernes se conoció el documento del Colegio Médido bajo el alero de la mesa social. En ese mismo contexto, se suman las de las universidades de Chile y Católica. Horizontal también le hizo llegar sus ideas al Ministerio de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asistirá a la mesa social Covid-19. Si bien esta intancia conformada por autoridades de gobierno, alcaldes, académicos y profesionales de la salud no había abordado temáticas relacionadas con las medidas económicas para hacer frente a la crisis, ya existen dos propuestas concretas sobre la mesa.
La primera que se conoció públicamente fue la que presentó el viernes el Colegio Médico, que fue realizada por los economistas José De Gregorio, Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Claudia Sanhueza y Sebastián Edwards. Y ahora se suma la realizada por académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Ambas con distintas medidas, coinciden en que existe espacio para un plan mucho más ambicioso en término de gasto fiscal, poniéndole presión a la estrategia de Hacienda de contener gasto y guardar reservas para los próximos meses. Los dos documentos serán debatidos el próximo viernes en una nueva reunión de dicha mesa. Horizontal, por su parte, también elaboró un documento con propuestas que ya fue entregado al gobierno.
El rector de la UC, Ignacio Sánchez, cuenta que la propuesta fue presentada a la mesa social Covid-19. Menciona que el trabajo aborda distintas materias económicas, como el apoyo a grandes empresas, pero también el impacto que tiene el desempleo en la salud mental.
Crisis económica en tiempos de pandemía por Covid-19, un aporte de las universidad del país frente a la crisis”. Así se llama un documento que se elaboró para ser socializado en la discusión de la mesa social por coronavirus el próximo viernes y entrega una serie de propuestas económicas en línea con las que presentó el Colegio Médico el viernes. El texto se divide en tres capítulos. El primero aborda la temática de desempleo y medidas para grandes empresas. El segundo ahonda en la política económica en tiempos de Covid 19 , mientras el tercero se cnfoca en cuarentenas, crisis econonómica, desempleo y salud mental. En el documento participaron los académicos de la Universidad de Chile y Universidad Católica, José De Gregorio, Manuel Agosín, Claudio Sapelli, Luis Felipe Céspedes, Rodrigo Álvarez, Claudia Martínez, J. Rodrigo Fuentes, Regina Funk, Alejandro Micco, José Miguel Sánchez, Raimundo Soto, Agustín Molina, Fernando Abel y Rodrigo Fuentes.
En el desglose de su propuesta mencionan que el paquete de medidas de gasto público adicional del gobierno (es decir, más allá de las reasignaciones presupuestarias) previsto para mitigar los efectos de la pandemia "es relativamente pequeño y asciende, hasta ahora, a un 0,5% del PIB". Por esta razón, afirman que "es posible hacer un esfuerzo mayor en este ámbito a través de un mayor endeudamiento público, aprovechando el bajo premio por riesgo actual de Chile en los mercados internacionales y dados los relativamente bajos niveles de deuda pública en relación con los prevalecientes en las economías más desarrolladas".
Bajo esos argumentos recomiendan que “el Fisco haga una fuerte emisión de bonos soberanos de unos US$ 15.000 millones (5% del PIB), para así tener un colchón de divisas con las cuales financiar las medidas de mitigación de la pandemia. Una parte pequeña de este endeudamiento adicional ya ha tenido lugar en los últimos días".
En cuanto a la liquidez de la economía, se propone que, en caso de necesidad y de manera excepcional, el Banco Central, si lo considera necesario, sea facultado para entregar liquidez a través de la compra de deuda pública en el mercado secundario.
Sobre el apoyo a las empresas de distintos tamaños, el documento sostiene que "para ir en ayuda de las empresas grandes (aquellas cuyas ventas superan un millón de UF), el gobierno debe definir prontamente un protocolo transparente que identifique cuáles empresas pueden ser beneficiarias de la ayuda; cómo se va a materializar esta ayuda; y cómo y cuándo el sector privado va a devolver los recursos al Fisco". En este documento se propone que en dicho protocolo se incluyan variables como: solvencia de la empresa (con referencia a su situación al 30 de septiembre de 2019), situación de liquidez, rol que cumpla en la cadena productiva y su relación con el empleo directo e indirecto que genera, y acceso a financiamiento externo. En ese caso, se sugiere que las empresas solventes con problemas de liquidez puedan contar con una garantía estatal para colocar bonos a cinco años en el mercado nacional o en los mercados internacionales. En caso de que la empresa tenga que hacer uso de la garantía, el Estado convertiría el saldo insoluto en acciones preferentes al precio que prevalecía al momento de la emisión de los bonos. Esto asegura que sólo aquellas que no pueden conseguir un crédito por sí mismas y que estén dispuestas a pagar el costo de la garantía se acojan al mecanismo.
Por último, dicen que una condición para que las empresas accedan a cualquier ayuda pública es que se les prohíba el pago de dividendos mientras dure el apoyo del Estado. También plantean extender los beneficios a empresas de menor tamaño, así como a las grandes sin acceso a la bolsa.
Con respecto a las medidas que apuntan a resguardar el ingreso de las personas ante el el alza del desempleo, el texto señala que “las actuales propuestas de mitigación del desempleo omiten todo tipo de medida complementaria de salud mental. Esto es una debilidad que debe ser enfrentada y subsanada. Aparte de los efectos directos en salud mental, este tipo de medidas apoya el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, cuarentena y evitación de contagios”. En sus cálculos prevén que el desempleo llegará al 17%, totalizando 1,7 millones de personas.
La pobreza nunca se fue del todo de Chile, a pesar de que disminuyó en forma muy relevante en las últimas décadas, pasando del 68% de la población en 1990 al 8,6% en la última medición, de 2017. Sin embargo, ahora parece -como nunca desde el regreso de la democracia- que volverá a ganar protagonismo, debido a la crisis económica causada por el coronavirus y, anterior a eso, a la crisis social.
La primera entidad que alertó sobre esto fue la Cepal, que hace un par de semanas indicó que la tasa de población viviendo bajo la línea de la pobreza podría escalar hasta el 13,7% durante este año en el peor escenario, lo que representaría un aumento de casi un millón de personas, considerando la población actual.
Luego de que se decretara la cuarentena total en la Región Metropolitana, y que los casos de contagiados sigan aumentando, la preocupación por el tema ha ido escalando.
De acuerdo al informe “How’s Life” de la Ocde, publicado a mediados de marzo, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo. En ese momento lo que se planteaba era una situación hipotética, pero hoy es una posible realidad que afrontarán muchas personas en el país.
Ya en abril se comenzaron a ver algunos datos al respecto. El nuevo sondeo sobre el empleo del Centro de Encuestas UC mostró que la desocupación ya se empina hasta el 9,7%, cerca de 876 mil personas. Además, el 55% de todos los encuestados indicó que los ingresos de su hogar bajaron en abril en relación al mismo mes del año pasado.
“A diferencia de las crisis que hemos experimentado en el pasado, la situación actual afecta también al sector de servicios, que comprende los servicios personales, educación, salud, entre otros. Este sector tiende a ser relativamente estable y representa cerca del 44% del empleo y es un 46% del PIB”, advierte el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Alfonso Fuentes.
En este contexto, la atención ha estado puesta en la ayuda que el Estado está entregando a las personas, en especial a las más vulnerables. Para el segmento de trabajadores informales (28,9% de los ocupados según el INE), el gobierno logró aprobar en el Congreso el Ingreso Familiar de Emergencia, que consiste en un subsidio de $ 65 mil por persona en el primer mes, $ 55.250 en el segundo y $ 45.500 en el tercero. El problema es que ese monto es inferior a la línea de extrema pobreza calculada por el Ministerio de Desarrollo Social, la cual llega a $ 114.075 por persona, equivalente de un hogar medio, con datos a abril. Y, obviamente, también está muy lejos de la línea de pobreza, que es de $ 171.113. Esos cálculos también fijan la canasta básica de alimentos en $ 46.070, considerando el consumo de 2 mil calorías promedio por persona.
De esta forma, las familias que reciban ese subsidio, si no tienen otro ingreso, caerían bajo la extrema pobreza (al menos mientras dure la crisis), estatus donde, según la última encuesta Casen, solo está el 2,3% de la población. Así, es crítico el cambio que se generaría en el perfil de pobreza en el país cuando se vuelva a tomar la Encuesta Casen en noviembre de este año, considerando que los cálculos del gobierno apuntan a que este ingreso de emergencia lo recibirían cerca de 2 millones de hogares.
“La crisis que enfrentamos actualmente, sin duda, afecta de forma más cruda a quienes tienen menos recursos, por lo que gran parte de nuestros esfuerzos están concentrados precisamente en ir en apoyo de los que lo están pasando peor en este difícil escenario sanitario y socioeconómico. Todos estos esfuerzos apuntan a mitigar el impacto de esta difícil situación en las familias más vulnerables en su empleo, ingresos y bienestar general, y con ello poder contener el potencial aumento en la pobreza que esta crisis podría tener”, señala la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
La autoridad destaca que, además del ingreso de emergencia, el gobierno entregó el bono Covid (que es por una vez), promulgó el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Ley de Protección al Empleo, para contener las alzas en la desocupación y que entrega ingresos a través del Seguro de Cesantía. Asimismo, agrega que “sabemos que este es un proceso dinámico, donde no descartamos la creación de nuevas medidas o nuevos apoyos para hacer frente al complejo escenario que se puede avecinar”.
El exjefe de asesores del Ministerio de Hacienda y actual investigador de Clapes UC, Hermann González, añade que “el aumento del desempleo y la pobreza revelan el enorme impacto social que tendrá esta crisis, además del sanitario y económico. La caída del producto este año en Chile será la mayor desde 1983 y la recuperación será más lenta de lo que se preveía hasta hace muy poco, prolongando el daño económico y social de esta pandemia (...). Las medidas que ha tomado el gobierno hasta la fecha apuntan a atenuar estos efectos sobre las familias, pero no impedirán un alza de la pobreza. Hacia adelante, lo clave es que se hagan todos los esfuerzos para que la economía vuelva a crecer y crear empleos, porque esa es la única forma de reducir la pobreza de forma sostenible”.
Para Andrea Repetto, académica de la UAI y presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, “los fondos asignados por el gobierno para complementar los ingresos de las familias cuyos ingresos son informales no alcanzan para financiar los gastos más necesarios de las familias más vulnerables, monto que es menor al de la línea de la pobreza. Tampoco tiene la cobertura social que uno hubiese logrado con más recursos, y alcanzar así a las familias que están en vulnerabilidad a la pobreza”. Por esto, la experta -que firmó con otros economistas, entre los que están José De Gregorio y Sebastián Edwards un documento en el que se pide el uso de más recursos para enfrentar la crisis-, dice que las medidas del gobierno se deben complementar con nuevos bonos, que permitan a las familias pasar un periodo más largo sin la posibilidad de generar ingresos, que no sean decrecientes ni a los que se deba postular, como es el caso del ingreso de emergencia. “Si no, se arriesga que a pesar de los costos sociales y económicos que significan las cuarentenas, no se logre toda la efectividad esperada de la medida en contener los contagios”, puntualiza.
La falta de ingresos también podría aumentar de forma violenta los campamentos en el país, los cuales de hecho ya se habían elevado de modo relevante en los últimos meses, tras el 18 de octubre.
“Estamos ante un escenario social y económico que se suma al escenario sanitario y a la crisis sociopolítica de la cual venimos desde octubre pasado, que va a agudizar los niveles de precariedad de la población chilena. En tal sentido, hay que analizar tres grupos, el de extrema pobreza, el que está bajo la línea de pobreza (pero sobre la extrema), que son grupos que efectivamente han ido disminuyendo en el tiempo, pero oculta toda la gravedad que significa el tercer grupo: la alta población que tenemos en condiciones de vulnerabilidad”, indica el director ejecutivo de Techo, Sebastián Bowen, y añade que “lo que está sucediendo hoy es que ante la pérdida de empleo, la presencia de enfermedades, y una situación de crisis económica, esa población que se encontraba en situación de vulnerabilidad va a volver a entrar bajo la línea de la pobreza”.
El representante de la ONG afirma que entre 2011 y el año pasado los campamentos han aumentado en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más, “y lo más probable es que en el contexto post Covid esto se va a disparar. Es tanto lo que va a aumentar, que no tengo certeza de cuál es el margen de la cifra, podríamos pasar perfectamente los 100 mil hogares y tal vez a muchos más”.
El experto agrega que, si bien las medidas del gobierno “sin duda son una ayuda, no son medidas a la altura de la crisis que estamos pasando hoy”. Esto, señala, porque es justamente la población más vulnerable la que menos probabilidades tiene de poder seguir las pautas de acción preventivas: no puede mantener la distancia en sus casas porque vive hacinada, no tienen casas o viven en campamentos. Esto hace que sea la población más vulnerable también al contagio.
Para contextualizar lo anterior, Techo con la Fundación Vivienda realizaron un “Mapa de Vulnerabilidad Social frente al Covid-19” en la Región Metropolitana, en el que se consideraron tres variables: hacinamiento total por comuna, disponibilidad de camas UCI y ventiladores mecánicos, y la población del 40% más vulnerable, que refleja justamente la alta vulnerabilidad en la que están particularmente las comunas de la zona sur de Santiago (ver infografía).
