MATÍAS BONELLI

Ni el Gobierno nacional, ni el porteño ni el bonaerense terminan aún de definir qué actitud tomar respecto de la construcción, uno de los sectores más comprometidos por el freno de la economía, pero se analizan algunos mecanismos que podrían amortiguar sus efectos.

Según pudo saber El Cronista, hay dos proyectos que ya llegaron a las manos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Uno de ellos marcaría la vuelta a una política que en 2013 tuvo buena repercusión, sobre todo en el mundo de los ladrillos y que justamente fue impulsado por el kirchnerismo.

Se trata de la vuelta de los Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin), un documento que por aquel entonces se obtenían a través del blanqueo de capitales, y que permitían la compra de bienes y servicio de todo tipo, siempre que el vendedor los aceptara.

Para el caso de las viviendas, este documento estaba habilitado para adquirir nuevas y usadas. En cambio, ahora, según la propuesta que elevó la Cámara de Empresarios de Desarrolladores Urbanos (CEDU) al Gobierno, solo estarían disponibles para la compra de inmuebles en pozo.

"La recepción fue buena y está bajo análisis. Nosotros ya presentamos la propuesta a las autoridades, por lo que ahora nos queda solo esperar. Después de pasar por todo lo que estamos pasando, algo vamos a tener que hacer para salir a la superficie", comentó Damián Tabakman, presidente de la CEDU.

La otra medida en juego también tiene algunos años, aunque se dio en Uruguay. Contempla la posibilidad de que los desarrolladores que levanten viviendas sociales no paguen –en esos trabajos- impuestos nacionales como IVA o Ganancias. Este abaratamiento en los costos actuaría como impulsor de las obras para este sector, lo que podría desembocar en un mayor volumen de viviendas de este tipo.

En este caso, la complejidad se da en el hecho de que para eliminar esos impuestos el proyecto debería pasar antes por el Congreso, lo que puede demorar un tiempo hasta que se active.

Mientras tanto, el eje central de los problemas en el sector de la construcción es la imposibilidad de retomar la actividad en varias localidades, pero muy especialmente en Capital Federal. Allí hay más de 4.000 obras paradas, a lo que se le suman 24 meses continuados de retracción.

Los principales representantes del mundo de la construcción tuvieron ya una decena de intercambios con autoridades del Gobierno porteño para reactivar la actividad, aunque hasta hoy sin éxito. "Todas las semanas hay promesas de que estamos por volver pero jamás se concreta", dijo Tabakman. Para colmo, en los últimos días se había barajado la idea de que se retome la actividad en provincia de Buenos Aires, algo que finalmente se descartó.

Como parte de estas negociaciones, la construcción ya le presentó a los equipos del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, un protocolo que ya obtuvo el visto bueno oficial para ser implementado cuando se retome la actividad, y al que tuvo acceso El Cronista.

Allí, por ejemplo, se detalla la cantidad de trabajadores que podrá haber en cada lugar, dependiendo de la superficie de la obra. Por ejemplo, para una de 10.000 m2 se permitirán 124 obreros, para una de 15.000 m2 serán 177, y para una de 20.000 m2 estarán habilitados 226.

Además, se pauta que cada empresa deberá imponer su propio protocolo -como ocurre en diferentes industrias- aunque habrá normas generales, como la disposición de traslado propio de la empresa, normas de higiene y desinfección y distanciamiento social.