Las repercusiones por la intención del gobierno argentino de retener sectores de las empresas que recibieron ayuda durante la pandemia
DANIEL STICCO
El descalabro económico y financiero que está provocando la pandemia de la COVID-19, con un aislamiento que va en camino de superar los dos meses en el caso de la Argentina, llevó a propuestas desafortunadas que trascendieron del Frente de Todos, de que el Estado ingrese como accionista en las empresas auxiliadas con créditos blandos para capital de trabajo, y pago parcial de salarios para sostener las fuentes de empleo, mientras se prohíbe a los empleadores disponer reestructuraciones con suspensiones y despido de personal.
La iniciativa recibió un rechazo generalizado de los empresarios, ya que no se trata de un auxilio a los dueños sino directamente de un subsidio focalizado en los trabajadores hecho con una milésima proporción de los recursos que el Estado nacional recibe a través del cobro de impuestos a los empleadores y a los propios consumidores, mientras resiste un ajuste del gasto propio que alimenta con aumento de la nómina diariamente.
Asimismo, un estudio de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la siguiente conclusión: “Las empresas estatales son, en promedio, un tercio menos productivas que las privadas. Ese desempeño decepcionante se debe en parte a la mala gobernabilidad: la productividad de estas empresas en países que parecen tener menos corrupción es más de tres veces mayor que en los casos de corrupción elevada”.
El trabajo de Vitor Gaspar, Paulo Medas y John Ralyea resalta: “La relación entre los gobiernos y las empresas estatales no siempre es sencilla. Los gobiernos crean empresas con objetivos o mandatos concretos, como el suministro de agua y electricidad o rutas de transporte que no serían rentables para el sector privado. Pero esos mandatos muchas veces no están respaldados por un financiamiento suficiente, y eso acarrea consecuencias para la vida de la gente. Las empresas estatales no cumplen su cometido cabalmente en muchos países en desarrollo, donde más de 2.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y más de 800 millones carecen de un suministro fiable de electricidad”.
En el caso de la Argentina, los últimos datos sobre condiciones de vida en los aglomerados urbanos, con poco más de 9,3 millones de hogares y 28 millones de habitantes, dieron cuenta que a fines de 2019 no accedían al agua corriente más de 10%; se elevaba a casi 30% en el caso de quienes no reciben gas de red, un porcentaje similar no cuenta con red de cloacas y más de 11% residen en zonas inundables.
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Y agregan los investigadores del FMI: “los gobiernos también tienen dificultades para supervisar debidamente las empresas estatales. En muchos casos, se trata de una falta de capacidad. La escasa transparencia de las actividades de las empresas y los bancos públicos sigue siendo un obstáculo para la rendición de cuentas y la supervisión. Eso puede llevar a la acumulación de deudas elevadas y ocultas, y a la necesidad de rescates públicos, que a veces cuestan al contribuyente más del 10% del PBI”.
Se trata de una conclusión que parece a la medida del caso argentino, caracterizado por exceso de gasto público, singular presión tributaria, con un promedio cercano a 50% del PBI, más intenso en el caso de la economía legal y mucho menos en el 40% que se desempeña en la informalidad; y, como ahora, que camina una vez más al filo del default.
El estudio se basó en “una muestra de aproximadamente 1 millón de empresas estatales de 109 países”.
En estos momentos en que el planeta es jaqueado por la pandemia de la Covid-19, porque junto a los singulares costos en términos de vidas humanas también está provocando estragos en muchas empresas y trabajos individuales, y ha llevado a poner de relieve el papel del sector público a la hora de “salvar vidas y medios de vida”, el sector privado acude al “salvataje” del Estado y sus fuentes de financiamiento, como sintetiza el último Informe de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina, en el cual resalta que el crédito subsidiado había llegado a más de 113.000 empresas por caso 185.000 millones de pesos.
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Fuente: Informe de Política Monetaria BCRA
Y, ante la tentación de algunos políticos, como se observa por estos días en la Argentina de pensar en iniciativas de aumentos de impuestos extraordinarios y de emergencia, como de incursionar en el directorio de las empresas asistidas, los economistas del FMI recomiendan primero mejorar el desempeño de las firmas estatales, y tener presente 4 puntos básicos:
1. Los gobiernos deberían evaluar periódicamente si una empresa sigue siendo necesaria y da buen uso al dinero de los contribuyentes. Alemania, por ejemplo, lo hace cada dos años. Es más difícil justificar la existencia de una compañía empresa estatal en sectores competitivos como la manufactura, ya que las privadas suelen suministrar bienes y servicios con más eficiencia;
2. Los países deben crear incentivos adecuados para que los gerentes hagan bien su trabajo y las dependencias públicas supervisen debidamente cada empresa. La transparencia total en torno a las actividades es fundamental para mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción. La inclusión de las firmas estatales en las metas de presupuesto y deuda multiplicaría también los incentivos de disciplina fiscal. Muchos aspectos de estas prácticas ya se aplican en Nueva Zelanda, por ejemplo;
3. Los gobiernos también deben cerciorarse de que las empresas estatales estén debidamente financiadas para cumplir con su mandato socioeconómico, como ocurre en Suecia. Esto es crítico para responder a las crisis: los bancos públicos y las empresas de servicios públicos deben contar con recursos suficientes para brindar préstamos subsidiados, agua y electricidad durante esta pandemia, y para promover las metas de desarrollo; y
4. Afianzar la igualdad de condiciones entre las empresas estatales y las compañías privadas tiene un efecto positivo, ya que promueve la productividad y evita el proteccionismo. Algunos países, como Australia y la Unión Europea, ya limitan el tratamiento preferencial de las sociedades estatales. A escala mundial, acordar principios que sirvan de guía al comportamiento internacional de las empresas estatales podría ser un paso adelante.
Y concluyen Vitor Gaspar, Paulo Medas y John Ralyea: “Es mucho lo que está en juego. Las empresas estatales bien administradas y financieramente sólidas pueden ayudar a luchar contra crisis como las pandemias y promover los objetivos de desarrollo. Sin embargo, para poder hacerlo, muchas necesitan más reformas. De lo contrario, los costos para la sociedad y la economía pueden ser elevados”.
Claramente, se trata de un mensaje fuerte y que debiera ser tomado en cuenta por la dirigencia política local, más aún luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya presentado a comienzo de semana los lineamientos a tener en cuenta para la elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos 2021, sin que exista la referencia del correspondiente al del corriente año que se optó por no debatirlo en el Congreso.
