En medio de la incertidumbre económica que genera la crisis del coronavirus, la diputada nacional del kirchnerismo Fernanda Vallejos propuso que el Estado tenga "participación en el capital" de las empresas a las que asiste con subsidios durante la pandemia.
"Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías", propuso la diputada a través de Twitter.
La economista planteó a través de una serie de mensajes en esa red social, que "es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden".
1. Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado.
La diputada de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires comenzó su propuesta trazando lo que -considera- es el escenario de crisis que deja el coronavirus: "Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado".
En este sentido, planteó que esta situación "implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento" y remarcó que esto "es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria".
"En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan", puntualizó.
Para la diputada, que trabajó en el Ministerio de Economía cuando Axel Kicillof estaba al frente de la cartera, en este contexto "se tornan cruciales" los criterios aplicados para determinar quiénes acceden a la ayuda del Estado.
Al respecto, advirtió que "la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios".
Página 12
El gobierno tomó la decisión de incrementar los controles sobre las grandes empresas que reciben ayuda para pagar salarios a través del programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Entre los compromisos legales que tienen que asumir se destaca que por el transcurso de 24 meses desde que recibieron la ayuda económica del Estado, y ya no 12 meses como estaba previsto inicialmente, no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares, a través del mecanismo conocido como contado con liquidación, ni realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas en paraísos fiscales.
El programa ATP fue lanzado hace apenas un mes por el gobierno nacional con el objetivo de proteger las fuentes laborales afectadas por la pandemia. Con este mecanismo ya se le abonó gran parte de los salarios a más de 2.5 millones de empleados privados.
Para las empresas de menos de 25 empleados, el salario complementario explica el 70 por ciento de los salarios que perciben los trabajadores; mientras que en las que poseen más de 800 empleados, este porcentaje se reduce a 50 por ciento, por lo que se trata de un programa progresivo, dándole más a los que perciben menor salario.
Fuentes oficiales recordaron que existen dos condiciones que todas las empresas, independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan, deben cumplir para que estos perciban el salario complementario en el marco del programa ATP: 1) Los empleados deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio; 2) Y las empresas deben haber experimentado una facturación de hasta el 5 por ciento nominal positivo, si se compara el periodo 12 de abril al 12 de marzo de 2020 versus el mismo periodo del 2019.
Las empresas que reciban el beneficio para pagar parte de los salarios devengados en mayo no pueden distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares y realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o no que estén radicadas en paraísos fiscales. Estas condiciones rigen por 12 meses con posterioridad a haber percibido el beneficio, pero en aquellas empresas que poseen más de 800 empleados el periodo se extiende por 12 meses adicionales; es decir que por 2 años deberán cumplir con estas condiciones.
