Los impuestos a la exportación distorsionan las decisiones acerca de qué y cuánto producir, lo que a su vez afecta el costo de producir y el precio del bien que se exporta
Además de aplicar 165 tributos, entre impuestos nacionales y provincias y una panoplia de tasas, contribuciones y derechos de nivel municipal, según documentó un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la Argentina aplica más de 585 diferentes aranceles o impuestos a la exportación, además de prohibir completamente la venta al exterior de algunos productos, precisa un artículo publicado originalmente en TraveVistas y reproducido en TradeMag, ambas especializadas en comercio exterior.
La existencia de semejante aparato disminuye la productividad de la economía, señala el artículo del economista Agustín Forzani, quien además recuerda que las reglas del comercio internacional permite los impuestos a la exportación sólo en circunstancias limitadas, pero la Argentina los aplica con liberalidad y ampliamente.
El artículo se interroga cómo le va a la Argentina con semejante sistema, en el cual los políticos y hacedores de política económica creen que pueden manejar la economía mejor que la competencia y no han logrado buenos resultados.
Ya antes de la pandemia de coronavirus, precisa el artículo, el país tenía una tasa de inflación de más del 50%, una de las más altas del mundo, después de, según los datos del PBI, su PBI se contrajera 2,5% en 2018 y otro 2,2% en 2019, arrojando casi 40% de su población a la pobreza. Las perspectivas no han mejorado en 2020 y con la pandemia: el artículo cita que el PBI se contraería 5,7% este año, registra una deuda equivalente al 90% del PBI y está al borde de su noveno default internacional.
Para agudizar su pendiente, prosigue el artículo, citando como fuente a la “Organización de Cooperación y Desarrollo Económico” (OCDE, suerte de “Club de los Países Ricos” al que la Argentina se postuló para ingresar durante el gobierno de Mauricio Macri), entre 2000 y 2012 los sucesivos gobiernos “introdujeron, aumentaron o expandieron 585 tasas diferentes a la exportación y el nuevo gobierno de Alberto Fernández volvió a golpear fuertemente a los productores agropecuarios con un aumento de impuestos agrícolas. Al respecto, Forzani precisa que las retenciones sobre la exportación de porotos, aceite y harina de soja aumentaron de 25 a 33% y aquellas sobre el maíz y el trigo aumentaron de 7 a 12%.
Los impuestos a la exportación distorsionan las decisiones acerca de qué y cuánto producir, lo que a su vez afecta el costo de producir y el precio del bien que se exporta. Que esas medidas afecten significativamente la oferta y el precio mundiales, explica Forzani, depende del poder de mercado del exportador. En el caso argentino, se trata del tercer exportador mundial de maíz y soja. En la medida que las exportaciones argentinas de esos productos son desalentadas por impuestos, la oferta local aumenta y presiona hacia abajo los precios que reciben los productores, creando a la vez un “subsidio” para los productores domésticos que usan esos bienes en su proceso productivo. Debido a esas distorsiones, sostiene el artículo, Argentina tiene un nivel de exportaciones (en relación a su PBI) mucho más baja que países de similar nivel de ingreso, aquellos de ingreso medio en los rankings internacionales.
Cancillería aseguró que estos subsidios son \una de las formas más distorsivas de la producción y del comercio\"" AFP 162
Dados esos resultados, el artículo se pregunta por qué Argentina recurre a esos impuestos. “Es más común para los gobiernos –explica- restringir las importaciones para proteger a los productores domésticos, lo que resulta en que los consumidores pagan precios más altos. Las retenciones o derechos de exportación, en cambio, son menos usuales y tienen otra justificación: países pequeños y de recursos limitados las aplican a un pequeño número de bienes para asegurar la provisión doméstica o bajar los precios. En cambio, en la Argentina los derechos de exportación se usan como recurso fiscal.
Los resultados no parecen ser buenos. La Argentina exige permisos y registros de exportación e incluso prohíbe la venta al exterior de algunos commodities metalúrgicos. Las retenciones, según un decreto de diciembre de 2019 establecieron una tasa general de 12, con algunas excepciones y el nuevo gobierno ya ajustó esas tasas (caso ya mencionado de la soja) y redujo otras (arroz, de 12 a 6%, porotos secos de 9 a 5%) y mantuvo otros.
Este sistema de altos impuestos distorsionó los incentivos y contrajo la productividad, dice el artículo, que recuerda también que estas políticas estimulan conductas rentísticas, en la medida que las empresas más que a la producción se dedican al lobby en búsqueda de decisiones que las favorezcan. Así, dice Forzani, grupos que gozan de exenciones especiales sin las cuales no podrían competir, impiden que los recursos y el trabajo se vuelquen a actividades de mayor creación de valor. El resultado es el que ya preveía Adam Smith, en su libro La Riqueza de las Naciones, a fines del siglo XVIII, el resultado de esas intervenciones “solo fuerzan a un país a recorrer un camino mucho menos ventajoso del que naturalmente hubieran recorrido”.
En cualquier caso, los argentinos no están exentos de la propensión humana a intercambiar cosas según su conveniencia. El problema, concluye el artículo, es que tantas restricciones vuelven casi imposible comerciar con el exterior. Las leyes económicas son universales y los argentinos tienen la misma creatividad y espíritu emprendedor que otras gentes y una forma de ayudarlos sería liberar esa capacidad removiendo los impuestos a la importación y la exportación en vez de enfrentar a unos sectores contra otros.
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