El precio diferencial de u$s 45 perderá vigencia si el Brent supera ese valor durante diez días consecutivos
SANTIAGO SPALTRO
El proyecto de decreto para dar luz al precio sostén de u$s 45 por barril para el petróleo crudo en Argentina o "barril criollo" tiene 14 artículos e incluye un congelamiento de los combustibles hasta al menos el 1° de octubre, excepto que otro shock como una devaluación o un aumento súbito del petróleo tumbe la normativa. Por eso, se dispuso una revisión trimestral.
La medida, a cuyo borrador final presentado el pasado viernes 8 accedió El Cronista, se haría oficial esta semana y no será retroactiva, sino que tendrá aplicación desde su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2020. El precio diferencial de u$s 45 por barril perderá vigencia si el petróleo Brent supera ese valor durante diez días consecutivos.
Otro de los puntos claves del decreto es la baja a 0% de los derechos de exportación (retenciones), que en la práctica se aplican a una cuota ínfima de la producción que es vendida al exterior pero que funciona en el mercado interno para reducir el precio del crudo que pagan las refinadoras a las productoras.
Es decir, la quita de las retenciones subiría el barril "criollo", mientras que los gobernadores provinciales podrán liquidar más regalías y compensar la disminución de otros ingresos tributarios en sus territorios.
Las retenciones hasta ahora estaban en 12%, pese a que la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre de 2018, establecía una reducción a 8%, que nunca fue reglamentada. Volverá recién a esa alícuota si en algún momento del año el crudo supera los u$s 45 pero está por debajo de los u$s 60.
También se establecerá la prohibición de importar petróleo crudo o combustibles refinados "cuando exista en el mercado local disponibilidad de producto o capacidad efectiva de procesamiento".
Desde el 11 de marzo regían Licencias No Automáticas (LNA), que fue el mecanismo de mercado que dispuso el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para no intervenir de facto al sector.
A principios de marzo, cuando se derrumbó el precio del petróleo en el mundo por un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción en medio de una monumental baja de la demanda de energía por la pandemia de Covid-19 (coronavirus), el Gobierno hizo todo lo posible para evitar una intervención formal al mercado de los combustibles. Pero la presión de los gobernadores de Santa Cruz (Alicia Kirchner) y Neuquén (Omar Gutiérrez) surtió efecto.
Ellos serán los más beneficiados por esta medida junto a productores no integrados como Vista Oil & Gas, Sinopec, Capsa y Tecpetrol, entre otros. Los perjudicados directos serán Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy).
A su vez, Axion (PAE), que solamente utiliza el crudo que produce, se opuso a la medida, mientras que Guillermo Nielsen, presidente de la estatal YPF, expresó rechazo a la decisión pero el nuevo CEO, Sergio Affronti, fue el jugador clave para destrabar la discusión y fijar el nuevo precio de referencia.
EL CRONISTA
CARLOS GOLD*
La industria de producción y comercialización de hidrocarburos, incluidas las estaciones de servicio, viene absorbiendo los incrementos de costos sin que los precios de las pizarras se actualicen desde el 1 de diciembre de 2019.
Desde dicha fecha aumentó un 10% el tipo de cambio, el costo de los fletes se incrementó en la misma magnitud y al compás de la inflación, subieron los impuestos y los salarios del sector. Todo esto fue absorbido por la cadena sin trasladar un centavo al consumidor.
A esta situación, se le suma la abrupta caída de consumo de combustibles debido a las medidas de restricción a la circulación definidas por el Gobierno nacional para contener la pandemia.
En este contexto, establecer un precio de barril criollo causará gravosas consecuencias al sistema de producción y comercialización y a los consumidores.
Las razones son las siguientes:
1- No ayudará a garantizar la actividad en el sector, ya que actualmente el problema está ocasionado por la caída de demanda de hasta 80% por efecto del Covid-19, lo que provocó la paralización de las refinerías.
2- Tampoco ayuda a los productores internacionales, que además están sufriendo el recorte masivo de inversión global por la caída del precio del petróleo. Un precio de barril criollo tan alejado a lo que productores y refinadores consideran una justa composición de sus transacciones, redundará en el desaliento a la adquisición de crudo.
3- Un valor tan alejado a los precios transaccionados en la actualidad va a impactar negativamente la demanda de crudo de los próximos meses, acelerando la caída de actividad y cierre de yacimientos.
4- Fijar un precio de barril criollo sin un sistema de actualización ágil y previsible de precios en los surtidores y/o reducción de impuestos, generará una situación de pérdida estructural en el negocio de refinación y comercialización de combustibles y lubricantes.
5- El precio sostén o barril criollo puede ser necesario para el productor pero si el refinador, proveedor de las EESS, no lo puedo pagar redunda en perjuicio para el sector.
6- Sin un sistema de actualización ágil y previsible de precios, un barril criollo de 45 u$s/Barril le generará al Downstream (Refinación y Comercialización) muy serios inconvenientes para continuar la actividad, ocasionando pérdidas estructurales que causarán un gravamen irreparable.
Es cierto que el contexto actual requiere de decisiones para atender los desafíos de los productores, comercializadores, consumidores, trabajadores y los estados nacional y provinciales. Creemos que, dada la complejidad del contexto, las mejores soluciones vendrán del diálogo entre todas las partes, generando alternativas equilibradas para todos los actores del sistema.
*Vicepresidente de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos (CECHA)
