El Gobierno neuquino resolvió dejar sin efecto la concesión de la mina de oro en Andacollo a la empresa Trident Southern Explorations de Argentina SRL ante los reiterados incumplimientos. La medida se conoció en medio de las negociaciones y la búsqueda de una salida para más de 200 trabajadores a los que se les debe los sueldos de mazo y abril, además de que desconocen su futuro laboral.
En ocasión de la mediación impulsada por el Ministerio Público Fiscal el pasado 29 de abril y el 5 de mayo pasado, el gobierno neuquino dejó expresada en el acta del encuentro que en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de la empresa –pago adeudado del salario de los trabajadores- el Poder Ejecutivo aplicaría las sanciones previstas en el contrato de concesión, incluyendo la rescisión del contrato. Ese compromiso fue firmado por la empresa Trident y los trabajadores nucleados en el gremio AOMA, por lo cual también fue utilizada como argumento para la rescisión del contrato.
En la documentación enviada a la empresa, el presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine) Martín Irigoyen, le adjudica a la firma incumplimientos contractuales varios. Estos incumplimientos ya habían sido advertidos por el poder concedente en distintas comunicaciones del gobierno neuquino a la empresa en marzo, mayo, julio y septiembre de 2018, entre otras.
El gobierno neuquino intimó además a la empresa al pago de las sumas reclamadas bajo apercibimiento de ejecución.
La caída de la concesión del complejo minero en el norte neuquino, se conoció al mismo tiempo que trascendió que la empresa se presentó a concurso de acreedores.
En la presentación ante la Justicia Civil, la empresa adujo adeudarle a más de 200 acreedores, entre ellos varios organismos como AFIP, EPEN además de los empleados de la firma. "La carencia de recursos líquidos para la operatoria es casi total", indicaron en el escrito.
Pedido de investigar ilícitos
Río Negro
Los abogados que integran la Defensoría Popular Jaime De Nevares de Chos Malal plantearon la necesidad de que se investigue si funcionarios del gobierno provincial y la empresa Trident Southern Explorations cometieron "ilícitos" para llegar a la incertidumbre actual por el futuro de la mina de oro de Andacollo y los salarios de 238 trabajadores.
"El Ministerio Publico Fiscal debe iniciar las investigaciones penales que correspondan para ventilar si, en toda esta situación, no estamos frente a la comisión de ilícitos penales por parte de los empresarios responsables de la concesión y los agentes públicos que deben controlar el estado del yacimiento", advirtieron hoy en un comunicado.
En el texto recordaron que la firma se hizo con el usufructo del proyecto en septiembre de 2016 y que, desde entonces, "los giros de la empresa fueron para mantener un nivel de actividad mínimo". "En los casi cuatro años de la concesión, estuvieron en producción activa solamente tres meses", plantearon.
"La fiesta duró mientras las restricciones a la salida e ingreso de dólares de nuestra economía nacional fueron liberadas por el gobierno de Mauricio Macri. Estos capitales le sacaron su debido jugo a la concesión, pero no justamente en oro: la lógica especulativa prima antes que la producción misma. Es más rentable tener la concesión que ponerla en producción. Y así fue", cuestionaron.
Trident, una firma cuyo único socio al inicio de la concesión era el suizo Mischa León Aleksander, había comprometido una inversión de 164 millones de dólares en los 25 años de contrato. Además, se comprometía a abonar un canon de explotación de 4,6 millones de dólares. Según el contrato de licitación, el dinero llegaría de un fondo de bienes raíces con sede en Estados Unidos.
En el comunicado que firmaron hoy los abogados Horacio Gil, Yanina Arévalo, Emmanuel Guagliardo y el diputado Mariano Mansilla, criticaron que "cuando, agobiado por la sangría de divisas que generó la enorme fuga de capitales descontrolada, el propio Macri reestableció el cepo al dólar, los inversores mineros acusaron rápidamente dificultades para girar, nada más y nada menos, que los fondos para pago de salarios". Según describieron, la pandemia del coronavirus sólo agravó una situación que ya se repetía desde hace meses.
El texto apunta también a las autoridades de Cormine, la empresa estatal dueña de los yacimientos mineros: "Nos hacemos la misma pregunta que se hacen los trabajadores, pero al mismo tiempo, gran parte de la comunidad neuquina que hoy asiste a este triste espectáculo: ¿estos capitales extranjeros de claro corte especulativo, fueron debidamente controlados?".
Los mineros todavía no cobraron los salarios de marzo ni los de abril. Hay en marcha una mediación del Ministerio Público Fiscal para intentar arribar a una solución del conflicto.
