MATÍAS BONELLI Y MARÍA IGLESIA

El Gobierno apuesta hasta último momento por llegar a tener el mayor porcentaje de acreedores privados de la deuda a reestructurar. Si las cuentas cierran, llegarán a un acuerdo con aquellos que hayan dado el visto bueno a la oferta oficial.

Pero la realidad indica que son pocos los que creen que esta opción es viable. Desde un primer momento los diferentes grupos de bonistas mostraron su descontento con lo ofrecido y dijeron que no estaban dispuestos a firmar un acuerdo.

Y es entonces cuando las fuentes consultadas por El Cronista admiten que las negociaciones se estirarán hasta el 22 de mayo próximo, utilizando el tiempo de gracia establecido, una variable que, según los informantes, se baraja desde hace ya varios días puertas adentro de Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

El anuncio de jugar con el tiempo de gracia -que ya estaba estipulado- se produciría este fin de semana.

Ayer mismo, incluso, ya se comenzó a vislumbrar que las cosas no venían bien para el Gobierno, por lo que se afianzó más todavía la opción de estirar todo hasta el 22 de mayo próximo.

Fuentes oficiales sostuvieron que, del total de los tenedores locales, un 70% decidió entrar al canje, con lo que que el Gobierno se aseguró papeles por unos u$s 4700 millones, sobre un total de u$s 6800 millones.

Este buen comportamiento estaba dentro de lo esperado. Pero ¿cambia la ecuación del Gobierno en cuanto al éxito o no de la negociación? Para nada. Los bonos locales tienen una representación de tan solo el 10% del total de bonos en juego, por u$s 68.000 millones.

Para evitar el default el Gobierno está obligado a cerrar un acuerdo con los grupos de bonistas que cuentan con el 70% de los bonos. Y, según los números de Economía, llegarían con suerte a un canje por el 40% los bonos.

Tal vez como una muestra de la buena voluntad que tendrá el Gobierno en busca de un arreglo, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que "estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del periodo de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible".

"Somos flexibles en términos de combinaciones de parámetros. La esencia es la sostenibilidad", insistió.

Hasta el momento la única contraoferta que llegó a las oficinas oficiales fue la del fongo BlackRock, aunque el Gobierno entendió que se encuentra fuera de esos límites.

La deuda en juego en esta reestructuración, en la que se buscará evitar caer en el noveno default de la historia argentina, suma unos u$s 66.500 millones: del stock total, es la que corresponde al sector privado y, de ese universo, a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera.

La oferta que presentó la Argentina de la mano del ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado ese día desde Olivos por el presidente Alberto Fernández, por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores de la oposición, se resume en tres años de gracia (acortados desde los cuatro iniciales, según contó a Bloomberg este miércoles), y un alivio de la deuda de un 5% en promedio en el capital y un 62% en los intereses.

Los u$s 66.500 millones surgen de sumar los 21 bonos que resultaron elegibles para este canje (de los 23 iniciales quedaron afuera los denominados en yenes).

Para estos 21 títulos el Gobierno ofrece 10 nuevos bonos: 5 en dólares y 5 en euros, con vencimientos que oscilan en 2030 y 2047, en el de más largo plazo.

Los interés que devengarán los títulos son de manera ascendente y comienzan en 0,5% en 2023, con un cupón promedio de en torno a 2,3%.

Hasta hoy, tanto el Gobierno argentino como los bonistas se mostraron totalmente reticentes a la posibilidad de que se cierre un acuerdo, por lo que siempre apareció como lejana la posibilidad de que el 8 de mayo fuera la fecha definitiva.

BlackRock, dispuesto a negociar

Ámbito

CARLOS BURGUEÑO

BlackRock, Pimco, Fidelity, Ashmore y otros fondos de inversión involucrados en la negociación para que el país no caiga en default, recibieron una respuesta directa de un interlocutor internacional (validado oficialmente por el gobierno argentino): la decisión final sobre la postergación de la fecha de mañana (8-5), la aceptación o rechazo de la oferta que harán luego de esa eventual decisión y, finalmente, la presentación de una contraoferta que acerque seriamente a las partes, son decisiones todas que tomará Alberto Fernández.

Y que, Martín Guzmán y Economía, transmitirán. Y que, por los demás, el ministro sigue siendo el único que puede actuar de interlocutor directo entre los fondos, el banco Lazard (agente asesor) y el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H); las tres patas de una negociación que desde el martes está más activa que nunca. Aparentemente, y más allá de que las partes aún estén lejos de un acuerdo final (aunque las diferencias financieras naveguen entre el 5 y el 10%), en estos tiempos sí se cree que las discusiones son “de buena fe”.

Hubo un gesto de parte de los bonistas que cayó bien el lunes tanto en Economía como al Presidente. Los fondos de inversión pusieron énfasis en que Alberto Fernández sepa que no son fondos buitre ni se comportarán como tales. Y que la intención verdadera es la de llegar a un acuerdo con el gobierno argentino, y no tener que pensar en recurrir a contratar abogados para litigar ante los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York.

Y mucho menos, comenzar a hacer megaventas de bonos de deuda argentina en vías de default a menos del 30% de su valor de mercado. Se le aseguró al gobierno argentino, que la única ventaja de esta última operación, sería la de hacerse efectivo (algo importante en tiempos internacionales de coronavirus); pero que financieramente sería ruinosa ante los verdaderos dueños del dinero: los clientes de los fondos a los que se les debe explicar por qué perderán tantos dólares apostando por la Argentina.

Se habló entre los interlocutores de una cuestión algo menor, pero que preocupaba al nexo internacional. ¿BlackRock está enojado con Guzmán, luego de haberse difundido una oferta confidencial que se le hizo llegar al ministerio de Economía en los tiempos preliminares de las negociaciones y que el fondo de inversión dejó en claro antes del 22 de abril que esa idea ya quedaba obsoleta por la pandemia? La respuesta fue curiosa. “Para nada. Estamos hablando de dinero. Y no es de profesional mantener rencillas personales que hagan perder el foco. Acá se trata de negociar y de perder lo menos posible. Todo lo demás, es descartable”.

Por lo demás, aseguraba el representante del poderoso fondo que retomó las negociaciones, “ya sabemos cómo negocia Guzmán”. BlackRock habla de un error del ministro el haber difundido una propuesta confidencial. Pero también reconoce que en la última conversación directa entre ambas partes, hubo algún comentario de parte de los enviados del fondo que no fueron felices. Especialmente algunos que mencionaban la alternativa de volver a discutir una reestructuración de deuda con el eventual sucesor de Alberto Fernández en la Presidencia; descartando el fondo de inversiones que este sería de un signo político más “friendly” que el actual. Esta alternativa no sólo forma parte de la ficción, sino que además es impensable que haya una nueva reestructuración de deuda para después del 2023. Para esa época, sin acuerdo en esta negociación, lo que habría es una batalla campal en los tribunales de Nueva York.

Condiciones

Sobre la propuesta que están elaborando los fondos de inversión, ayer hubo dos novedades que fueron transmitidas a Economía: 1) la evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI o similar) y 2) dejar de lado la quita de capital de 5,4%. Esto se suma al resto de la propuesta en diseño desde los privados, y que incluye el cobro de los intereses corridos, especialmente en el Global por u$s503 millones cuyo tiempo de pago está corriendo desde el 22 de abril; el reconocimiento de intereses hasta la primera cancelación comprometido del 2023, aunque la liquidación se concrete desde el 2024; y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023.

Y, desde lo legal, agregar una cláusula RUFO desde los vencimientos de 2047. Esto sumado al reclamo por el desdoblamiento de aceptaciones, apartando del conflicto futuro a aquellos papeles en los que haya masa crítica para un acuerdo. Dentro del Gobierno se evaluaba ayer la mejor manera legal de postergar la fecha límite del 8 de mayo para cerrar toda la negociación. Según los consejos de CGS&H, simplemente se le debería comunicar a la Security and Exchange Commission (SEC) que la oferta no se retira y que se mantiene activa la propuesta al continuar las negociaciones. La decisión final la tomará hoy Alberto Fernandez.