El tradicional reclamo a favor del agua esta vez incluyó llamados a romper la cuarentena para que “los comercios puedan recuperarse de la crisis económica que atraviesan debido a la pandemia por el Covid-19”.
La tradicional caminata de grupos antimineros que se realiza el cuarto día de cada mes en la ciudad de Esquel tuvo este lunes una amplia agenda de temas, más allá de su habitual reclamo a favor del agua: desde un claro llamado a romper la cuarentena y el aislamiento social, hasta críticas a la designación de un funcionario de menor rango por parte del Gobierno provincial, y hasta un cruce de posiciones sobre la violación de la cuarentena entre la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de la ciudad cordillerana.
La marcha, que se realizó por las calles de Esquel con la mayoría de la gente con tapabocas pero sin el distanciamiento social que recomiendan los infectólogos para evitar contagios, tuvo como estandarte la tradicional consigna del “No a la mina” –la enorme bandera con esa leyenda estuvo al frente como en cada manifestación-, pero esta vez los referentes del movimiento antiminero sumaron una gran cantidad de puntos a la convocatoria que compartieron vía redes sociales para sumar más gente a la manifestación callejera.
Esta vez, hubo fuertes consignas en contra del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por decreto por el Gobierno nacional, pidiendo además por las salidas recreativas que por ahora están prohibidas en casi toda la provincia, y también exigiendo el fin de la cuarentena para que los comercios puedan recuperarse de la crisis económica que atraviesan debido a la pandemia por el Covid-19.
Aunque la convocatoria decía “iremos de a pie, con tapabocas, guantes y guardando el distanciamiento con otras personas, o en caravana en auto con no más de dos ocupantes por vehículo”, lo cierto es que la manifestación rompió las normas del distanciamiento, como hace pocos días ocurrió con otra marcha ocurrida en Trelew y protagonizada por trabajadores textiles que se oponían a la rebaja de sueldos.
Entre el amplio temario que excedía el “No a la mina”, se marchaba por “el derecho al trabajo sin autorizaciones vigilantes”; “el derecho a una hora de salida al aire libre”; “el derecho a circular con los cuidados necesarios”; “la defensa de las fuentes de trabajo”; “la asistencia y acompañamiento integral a las familias más carenciadas”; “en defensa de las producciones sostenibles y a escala humana”; “por la restitución de los servicios de Educación y Salud para las familias chubutenses”; “en reclamo de más y mejor asistencia para las vecinas vulneradas por maltratos y agresiones, para evitar nuevos femicidios”; “en respaldo de lxs compañerxs trabajadorxs de Salud, Educación y otras reparticiones provinciales, por el pago de sus salarios adeudados”; “por el derecho al trabajo de nuestrxs vecinxs pequeños y medianos comerciantes, cada vez más asfixiados por la cuarentena extrema del gobierno provincial”; “por los derechos vulnerados del Pueblo Nación Mapuche y Mapuche Tehuelche, y en rechazo de su criminalización y descalificación constante desde el poder y sus voceros mediáticos”; “en defensa del agua para el pueblo y en rechazo a la megaminería y sus cómplices”; “por el fin del hostigamiento institucional a nuestrxs vecinxs”; “en repudio a la contratación por el gobernador Arcioni de un espía corporativo para tareas de ciberpatrullaje por 450.000 pesos, mientras incumple en salarios y pago a proveedores”; y “en rechazo y repudio al reimpulso del proyecto Suyai, esta vez en alianza de Yamana Gold con megaempresarios de Shoppings y agronegocios”.
Como era obvio, la Policía del Chubut siguió de cerca la marcha y, según indicó la Unidad Regional Esquel, intentó notificar a los organizadores de la infracción al ASPO (regido por el DNU del Gobierno nacional), pero la marcha se realizó igualmente sin que se produjeran incidentes.
Sin embargo, la Policía del Chubut puso en conocimiento de la Fiscalía Federal de Esquel la violación de la cuarentena de este grupo de personas. Según la Unidad Regional Esquel, la prosecretaria de la Fiscalía Federal, la Dra. Andrea Pérez y el Fiscal Federico Baquioni Zingaretti manifestaron que al existir un “choque de intereses”, no se configuraba la flagrancia necesaria para que se actúe por la violación del Artículo 205 del Código Penal.
Tras esa respuesta, la Policía se comunicó con la secretaria penal del Juzgado Federal de Esquel, la Dra. María de las Mercedes López Flamengo, que en contraposición a sus colegas del Ministerio Público Fiscal, dispuso que se labre un acta del hecho, además de intimarlos a que regresen a su domicilio ante la vigencia del aislamiento, publicó Diario Jornada
La Justicia Federal fue notificada de la manifestación que tuvo lugar en Esquel. En plena cuarentena, un importante número de personas se movilizaron en reclamo contra la megaminería y por diferentes puntos que tienen que ver con su rechazo a medidas dispuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Alrededor de 14 personas que participaban de la marcha en vehículos fueron identificadas y en ese momento les solicitaron que regresen a sus domicilios.
La Justicia Federal fue anoticiada y tomará intervención ya que en el marco de la pandemia la movilización no es un motivo justificado para estar en la calle, informó Red 43
La Red de Académicos por la Minería Sustentable, integrada por mujeres y hombres de distintas Universidades Nacionales de gestión pública y privada e Institutos de Educación Superior del país, vemos con honda preocupación lo sucedido en la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut el día 4 de mayo del presente año.
Siendo nuestra misión desde el conocimiento científico contribuir a esclarecer aquellas dudas respecto de todas aquellas actividades que pudieren incidir en el ecosistema, entre ellas la actividad minera, no podemos dejar de advertir que la manifestación repudiando la minería contrasta con los valores y principios rectores de esta Red, no ya en la discusión de la minería en si misma, sino en el cuidado y protección de la vida.
Violar el aislamiento social y los protocolos vigentes en pos de denostar una actividad lícita, es poner en peligro a la población toda. A quienes piensan distinto los respetamos, a quienes pongan en riesgo la seguridad y salubridad pública para fomentar su propia causa, los alentamos a una equilibrada reflexión para evitar males mayores en los tiempos que transcurren.
Firmantes: Marita Ahumada, Licenciada en Ciencias Geológicas. Instituto Superior Tecnológico de Mendoza, Ricardo Alonso, Doctor en Ciencias Geológicas. Investigador CONICET. Universidad Nacional de Salta, Darío Arias, Abogado. Instituto de Derecho Ambiental y la Sustentabilidad, Universidad Católica de Salta, Marcelo Bellini, Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de San Juan, Oscar Armando Benegas, Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de San Luis, Javier Da Cunha, Licenciado en Higiene y Seguridad. Master en Gestión de Riesgos y Emergencias. Miembro del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastres (IARRD). Denise De Olivera, Periodista especializada en minería. Co-fundadora y Directora Periodística del medio “Huella Minera” y del “Boletín Comunidades”, Diego H. Fridman, Médico. Magister en Investigación y Monitoreo de Ensayos Clínicos. Universidad de Buenos Aires, Susana García, Médica. Máster en Toxicología y Especialista en Medicina del Trabajo. Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín, Adriana T. González, Licenciada en Ciencias Políticas. Máster en Desarrollo Económico en América Latina, Rinaldo Herrera, Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de Catamarca, Eddy Lavandaio, Geólogo (UNC, 1967). Ex funcionario del SEGEMAR y de la Secretaría de Minería. Ex profesor de la Universidad Juan A. Maza y del Instituto Superior Tecnológico de Mendoza, Roberto Lencina, Licenciado en Geología. Universidad Nacional de Tucumán, Carolina Mazzieri, Geóloga. Tecnicatura Superior en Minería de Campo Quijano, Salta. Universidad Nacional de La Rioja, Juan Carlos Morando, Abogado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Hugo Nielson, Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de San Martín, Jorge Alberto Orellano, Ingeniero Civil Hidráulico. Universidad Nacional de San Juan, Horacio Puigdomenech, Geólogo de exploración minera. Docente y presidente del Consejo Profesional de San Juan. Universidad Nacional de San Juan. Viviana Santinón Alonso, Licenciada en Administración y Contadora Pública. Universidad Católica de Salta, Sergio Saracco, Médico. Posgrado en toxicología. Medicina legal. Docencia universitaria. Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Sarudiansky, Licenciado en Ciencias Geológicas. Universidad Nacional de San Martín, María Gabriela Strazzolini, Licenciada en Ciencias Políticas. Universidad Nacional de San Martin, Maggie Videla, Ingeniera Química. Universidad Nacional de San Juan, Rubén Zárate, Profesor e Investigador. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Jorge Zavatti, Licenciado en Química. Investigador de la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Chubut
