Los salarios de unos 10.000 trabajadores de pymes de Neuquén y Río Negro quedaron en un mar de dudas. Deben pagarse esta semana, pero lo cierto es que no hay nada en firme. Las empresas regionales esperan la cancelación de facturas de parte de compañías de servicios petroleros, que al mismo tiempo aplican ajustes por estas horas.

En este contexto, las firmas regionales están reclamando ayuda del gobierno nacional y el pago de deudas a algunas de las gigantes mundiales de los servicios especiales para poder hacer frente a los sueldos. Se trata de un segmento de la industria que plantea un severo ajuste ante la llegada de la crisis global del petróleo sumado a los efectos del coronavirus.

La situación es un coletazo del acuerdo salarial entre las dos grandes cámaras con injerencia en los yacimientos, CEPH (las empresas productoras) y CEOPE (servicios especiales) y los sindicatos petroleros de todo el país.

Este grupo de empresas y los gremios negociaron días atrás cuáles serían las condiciones salariales que regirían para unos 25 mil trabajadores que permanecerán suspendidos durante la cuarentena, a partir de las disposiciones nacionales que limitan la cantidad de operarios en un yacimiento para evitar contagios de COVID-19. Así no irán a los campos petroleros, pero percibirán parte de su sueldo, tal como se viene informando.

“En total en la Cuenca Neuquina hay unos 25 mil trabajadores alcanzados por este acuerdo. Pero hay unos 10.000 que trabajan para subcontratistas”, explicó Cristian Bergese, presidente de CEIPA, la cámara pyme de Neuquén, que reclama el pago de servicios no cancelados de marzo y abril, el nudo del conflicto.

Son trabajadores afiliados a entidades sindicales que participaron de la negociación y dependen del pago de trabajos que realizaron las pymes para poder percibir los haberes consensuados.

Para el pago de los sueldos tal como lo plantea el convenio, las pymes regionales necesitan unos 280 millones de pesos. Tienen tiempo hasta el viernes para cancelar esos sueldos.

En este escenario, reclaman a las empresas de servicios especiales el pago de facturas ya emitidas, y al mismo tiempo el reconocimiento de las tareas realizadas que requieren de una convalidación previa para ser facturadas, algo que también es objeto de demoras, dijo Bergese en diálogo con +e.

Las pymes ya comenzaron a pedir el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP), el plan del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través del que podrían acceder a montos equivalentes al 15 por ciento del salario de cada trabajador.

“Quedamos fuera de todo y no sabemos cómo afrontar los salarios de los trabajadores y la subsistencia de nuestras empresas. Estamos al borde la quiebra”, dijo Bergese. Y adelantó que enviaron “varias notas” a los ministros Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo) y a la AFIP con la intensión de que los consideren para poder percibir los ATP. “Las empresas de servicios y las operadoras no quieren saber nada con reconocer el trabajo que ya hicimos en febrero y marzo y que aún no cancelaron”, dijo el empresario neuquino.

El conflicto amenaza con dejar en letra muerta una porción significativa del acuerdo que habían alcanzado las petroleras y los sindicatos: se trata del 40 por ciento de los empleados comprendidos por el acuerdo.

Bergese dijo que, tanto las empresas integrantes de CEIPA como el gobierno provincial y los sindicatos que tienen trabajadores en la actividad “estamos de acuerdo y hemos tenido reuniones para tratar de sostener el entramado de empresas locales y fuentes de trabajo. Para ello necesitamos que se cumplan los compromisos firmados y que las empresas grandes paguen los trabajos realizados. El objetivo es evitar, como muchos analistas dicen, que se pierdan 10 mil puesto de trabajo", indicó.