DANIEL STICCO
Un estudio privado sobre “las restricciones a la movilidad y las medidas económicas, financieras y sociales dispuestas para intentar suavizar sus efectos de la COVID-19”, que lo sintetiza en el índice que elabora la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, permite detectar las similitudes y diferencias entre las primeras acciones de cada gobierno, claramente determinadas por los grados de libertad que permite la realidad económica, en particular de las finanzas públicas, como de las orientaciones políticas e ideológicas de sus presidentes.
El trabajo califica entre valores de cero a 100, sobre la base de 11 disposiciones: cierre de escuelas, clausura de lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, cese del transporte público, campañas de información pública, restricción del movimiento interno, controles de viajes internacionales, fiscales, monetarias, inversión de emergencia en asistencia sanitaria y gasto en vacunas. “La clasificación no considera mejores las acciones cercanas a 100 o peores a las que no acercan a 0. Solo registra que algunos gobiernos han tomado más medidas que otros”.
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Progresión de la velocidad de duplicación de los contagios, en días (Presidencia)
Una primera conclusión del análisis es que se observa “una tendencia de la mayor parte de los países de prolongar las restricciones impuestas hasta mediados de mayo”.
Mientras que la segunda es que “los países latinoamericanos con los índices de restricción Blavatnik por debajo del promedio regional (85), tienen gobiernos de derecha o centro derecha. Sin embargo, no es generalizado a todos los gobernantes ubicados dentro de esa categoría, ya que Honduras, Panamá y Guatemala poseen índices superiores al promedio. Mientras que los gobiernos de izquierda (Venezuela), centro izquierda (Argentina, México) y de centro (Ecuador, República Dominicana y Costa Rica) regionales poseen un índice superior al promedio”.
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Fuente: Asuntos Públicos de LLYC Argentina, junto con el director de Persepctiv@s Económicas
La Argentina aparece entre los primeros en la región que adoptó medidas de aislamiento, va por el cuarto módulo desde el primer decreto que comenzó a regir el 20 de marzo, comparte el cuadro con Ecuador y Paraguay, seguido por Brasil, México, Colombia y Perú, mientras que el resto, como Chile, Uruguay, Bolivia y Venezuela, entre otras, tomaron medidas restrictivas más tarde.
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Fuente: Asuntos Públicos de LLYC Argentina, junto con el director de Persepctiv@s Económicas
El informe de LLYC y Persepctiv@s Económicas, en base a datos de Johns Hopkins University, Our World in Data, Financial Times y Blavatnik School of Government, resalta las principales acciones de los gobiernos de la región desde que la COVID-19 apareció en el continente:
Argentina (PBI USD 400 mil millones, habitantes 45,5 millones) 95,24 puntos: aumentó el presupuesto en obras públicas, exención transitoria de las contribuciones previsionales a cargo de las empresas; subsidio de parte de la nómina salarial, hasta un tope de 2 salarios mínimos ($33.750); ampliación de la asistencia por desempleo; préstamos a tasa cero para las pymes con aval del Fondo de Garantía Argentina, aunque con singulares trabas burocráticas y relanzamiento y capitalización del Fondo de Garantías Públicas. Además, con posterioridad a este informe Economía presentó un plan para elevar la asistencia total al equivalente a 5,6% del PBI.
Brasil (PBI USD 2,1 billones, habitantes 210,5 millones) 76,19 puntos: dispuso un plan por el equivalente a USD 17.160 millones para reforzar las finanzas de los Estados y municipios para compensar la pérdida de recaudación, equivale a 0,7% del PBI; más programa para el mantenimiento del empleo con autorización a las empresas para que recorten los sueldos y jornadas de trabajo en 25%, 50% o 70% por hasta 3 meses, con subsidio a cargo del gobierno. También redujo la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, medio punto porcentual, a 3,75% anual; recompra de bonos soberanos denominados en dólares en poder de los bancos locales; intervención en el mercado de cambios de contado; y flexibilidad de acceso al crédito. Ingreso mínimo de emergencia a todos los sectores informales y más vulnerables; y desembolso anticipado de transferencias sociales.
México (PBI USD 1,2 billones, habitantes 125,4 millones) 90,48 puntos: creó un fondo para la prevención y atención de emergencias por el equivalente a USD 7.340 millones, 0,6% del PBI; baja de la tasa de política monetaria en medio punto porcentual, a 6,5% anual; inyección de liquidez; baja de encajes; licitación de venta de dólares; y adelanto de 2 bimestres de la pensión para 8 millones de adultos mayores.
Colombia (PBI USD 315 mil millones, habitantes 49,7 millones) 80,95 puntos: líneas especiales de crédito para el agro; devolución del IVA a las compras de los sectores vulnerables; también para las empresas de turismo y aviación; Fondo de Garantía Nacional para la provisión de préstamos para apoyar la continuidad de las pyme; exención de IVA para importación de artículos de tecnologías por el sector salud; prórroga de plazos de pago de impuestos a la renta y al patrimonio; reducción de la tasa de política monetaria en medio punto porcentual a 3,75% anual; créditos a tasa subsidiada; los bancos otorgarán plazos de gracia para el pago de deudas y habilitaron líneas de créditos especiales, junto con la extensión de los plazos para el pago de saldos de consumos con tarjetas de crédito; y garantías a pymes para que puedan acceder al sistema financiero; reconexión gratuita a servicios de agua y electricidad; giro adicional de fondos a los beneficiarios de programas estatales como Familias y Jóvenes en Acción; refinanciación de hipotecas con los bancos por 2 meses y beneficios para arrendatarios.
Chile (PBI USD 277 mil millones, habitantes 18,9 millones) 71,43 puntos: suspensión del pago de Ganancias por parte de los jubilados; postergación del pago de IVA por un trimestre; anticipación de la devolución del Impuesto a las Rentas a las pymes; diferimiento de las contribuciones patronales en un mes; flexibilización del seguro de desempleo; reducción en 75 puntos básicos de la tasa de política monetaria, a 1% anual; bonos corporativos elegibles para todas las operaciones de liquidez en pesos; compra de bonos públicos en poder de los bancos; extensión del programa de venta de dólares; suba de encajes a los préstamos en divisas; beneficios y facilidades de pago de los servicios básicos de agua, electricidad y telecomunicaciones; y suspensión de los cortes de los servicios por falta de pago.
Perú (PBI USD 214 mil millones, habitantes 32,4 millones) 71,43 puntos: disponibilidad de fondos para trabajadores formales, a través de cuentas bancarias individuales para el pago de servicios; habilitación de retiro de dinero de los Fondos Privados de Pensiones por parte de desempleados; suspensión del aporte personal para el Fondo Privado de Pensiones; subsidios y beneficios para la industria del turismo y de otros sectores particularmente afectados; giros a municipios para compra de productos de primera necesidad; bono para familias de trabajadores informales; subsidio del equivalente a USD 120 para cada hogar en condición de pobreza, principalmente.
Venezuela (PBI USD 200 mil millones, habitantes 32 millones) 85,71 puntos: el gobierno analiza asumir el compromiso de pago de la nómina salarial de las pyme; distribución de alimentos subsidiados; bono especial para afiliados al Carnet de la Patria (documento de identidad con código QR personal que define la condición socioeconómica); cobertura sanitaria especial para adultos mayores; y creación del Plan Pedagógico de Protección y Prevención COVID-19 “Cada Familia una Escuela”.
Ecuador (PBI USD 104 mil millones, habitantes 17,2 millones) 100 puntos: fijó un impuesto de entre 4% y 8% a los funcionarios públicos; Impuesto de 5% a los autos con una valuación fiscal superior a USD 20.000; recorte adicional del Presupuesto 2020 en USD 1.400 millones; eliminación de estructuras estatales: agencias de regulación, institutos, empresas, y medios de comunicación. Reprogramación de pagos de créditos en hasta 18 meses de gracia y 30 años de plazo para los créditos quirografarios (sin avales) y a jubilados; 3 meses de gracia para el pago de los créditos otorgados por la banca pública; y 2 meses para la banca privada. Además, otorgó un bono especial de USD 60 para 400 mil familias, en abril y mayo; préstamos para afiliados a la seguridad social de hasta USD 2.500 y a pymes; prórroga por 90 días de aportes voluntarios al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social); y diferimiento de pago de las facturas de servicios de agua y electricidad.
Uruguay (PBI USD 59 mil millones, habitantes 3,5 millones) 64,29 puntos: flexibilización del seguro de desempleo para sectores afectados; alivio tributario, con prórroga de plazos de vencimientos de patente de autos e inmobiliario; y de cuotas de préstamos para personas y empresas; rebaja de los encajes bancarios en moneda nacional e indexados por el tipo de cambio en proporción al aumento del crédito; entrega de canastas alimentarias a las familias que integran el Plan de Equidad; y construcción de refugios para mayores de 65 años y personas en situación de calle.
Paraguay (PBI USD 39 mil millones, habitantes 7,1 millones) 80,95 puntos: fraccionamiento sin intereses en hasta 5 cuotas del Impuesto a la Renta Personal; flexibilización en pago de otros impuestos, sin multas; y reducción a los aranceles de importación de bienes de capital; reducción de la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, a 3,75% anual; baja temporal de los encajes para operaciones de refinanciamiento de créditos; y línea especial para pyme con tasa subsidiada. Transferencia monetaria adicional al programa Tekoporá (familias en condición de pobreza) y anticipo para beneficiarios del programa adultos mayores.
Bolivia (PBI USD 38 mil millones, habitantes 11,4 millones) 69,05 puntos: postergó el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a abril a mayo, con la posibilidad de dividirlo en cuotas; suspensión por 2 meses del pago de cuotas de capital para los créditos bancarios personales, familias y pymes; ayuda financiera a familias de bajos recursos que tengan hijos en escolaridad primaria en establecimientos del Estado; y suspendió el corte de servicios públicos por falta de pago.
