SEBASTIÁN VALDENEGRO
Una nota deficiente sacó Chile en materia de transparencia presupuestaria en 2019. Así lo revelaron los resultados de la encuesta internacional de presupuesto abierto (Open Budget Survey, OBS).
En concreto, el año pasado Chile obtuvo una calificación de 55 puntos de una escala de 100, ubicándose por sobre el promedio mundial de 45 unidades. Eso sí, dicho marcador implica que el país se mantiene en una categoría de "insuficiente" en el nivel de transparencia de su erario fiscal, superando a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Colombia, pero por debajo de Argentina, Perú y Brasil.
Asimismo, el puntaje de Chile está por debajo de la media de los países de la OCDE, de 71 puntos.
"Esta parte del OBS mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos. La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100. Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto", explican desde el Observatorio del Gasto Fiscal, entidad delegada para la calificación de Chile.
Otra categoría analizada fue el nivel de participación ciudadana en el proceso presupuestario, ítem en el que Chile obtiene un resultado de nueve puntos en una escala de 100. O sea, una calificación de "insuficiente" y por debajo de países como Ecuador, Argentina y Bolivia. "Esta parte del OBS busca develar si existen oportunidades formales y significativas, para que los ciudadanos intervengan en el proceso presupuestario", explica el Observatorio del Gasto Fiscal.
La tercera categoría de análisis es la denominada "vigilancia presupuestaria", que refleja la fiscalización de órganos de supervigilancia como el Congreso y la Contraloría General de la República. En esta área, el puntaje de Chile es de 56 puntos sobre 100, también calificada como "insuficiente".
Ante estos resultados, el investigador del Observatorio del Gasto Fiscal, Manuel Henríquez, quien fue el encargado de aplicar la encuesta en el país, sostiene que la evaluación para 2019 muestra un "estancamiento" en el índice de transparencia del presupuesto público en el país, evidenciando aún una brecha de al menos 6 puntos para considerarse que la información publicada en Chile es suficiente para soportar un debate informado en materia de gasto público.
Así, resalta cinco aspectos considerados como "deficitarios":
"(i) No se elaboran ni publican documentos claves como el informe preliminar al proyecto de Ley de Presupuestos (PLP), ni el informe de auditoría final a los estados financieros del Gobierno, por parte de la Contraloría (a la fecha de corte de la encuesta (31-12-2018), esta entidad no realizaba auditorías financieras); (ii) No se vinculan los objetivos y metas de políticas públicas al PLP; (iii) No se incluye detalle del stock, compra y venta de activos no financieros en el PLP; (iv) Tampoco se publica en el PLP un detalle de los insumos que serán adquiridos para el año presupuestario (como por ejemplo, número de computadores, nuevos contratos de arriendos de equipos, infraestructura u otros, o en el caso de salud, cuánto equipamiento médico nuevo o ambulancias, etc), Y (v) se conoce muy poca información sobre el gasto extrapresupuestario", asegura el experto.
La Tercera
DAYANA SÁNCHEZ
Finalmente se anunció el tan esperado programa para ir en ayuda de los trabajadores independientes con boleta de honorarios. Se trata del tercer eslabón de la agenda económica para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19.
Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera junto con los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y Trabajo María José Zaldívar presentó el proyecto de ley que crea un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes.
“Este seguro va a proteger los ingresos de más 1.2 millones de chilenos que trabajan a honorarios y que sin duda se han visto muy afectados y que con esta situación de crisis han visto cómo han caído sus ingresos (...) Probablemente este beneficio se vana poder extender llegar a casi 2 millones de personas que están en condiciones equivalentes”, dijo en la oportunidad.
En esta línea explicó podrán acceder a este beneficio todos aquellos trabajadores a honorarios que, durante los últimos doce meses hayan emitido al menos cuatro boletas u ocho, en el caso de los últimos 24 meses y que producto de la crisis del Covid-19 hayan experimentado una merma en sus ingresos iguales o mayores al 20% de lo que eran sus ganancias promedio.
Agregó que, con este especie de seguro, “se efectuarán pagos mensuales para complementar esos ingresos”. Respecto al mayor o menor monto que recibirán estos trabajadores, el mandatario explicó que “esto dependerá de la magnitud en la caída de los ingresos y de la situación socioeconómica de la persona afectada”.
“Mientras mayor sea la caída, mayor será el esfuerzo por compensar esa pérdida”, dijo el mandatario.
1. El fondo entregará un monto de dinero calculado en base al nivel de caída de los ingresos de cada beneficiario en los meses posteriores a la catástrofe sanitaria, utilizando como referencia los 12 meses previos al comienzo de ella.
2. Este beneficio entregará hasta tres pagos dentro de los 9 meses posteriores al comienzo de la crisis sanitaria y es compatible con otros pagos como el de pensiones o los beneficios del Seguro de Cesantía.
3. Este fondo tendrá una serie de límites y topes que beneficiarán a los trabajadores de menores ingresos, siendo el tope máximo de beneficio mensual pagado por el seguro de $500 mil. Con esto, se asegura que las tasas de reemplazo de caídas, es decir, el porcentaje de la disminución de ingresos que repone el seguro, sea de 70% para el ingreso mínimo y vaya decreciendo paulatinamente.
4. Para los trabajadores que tengan ingresos promedios en los últimos 12 meses inferiores o iguales a $320 mil, el seguro financiará el 70% de la caída en sus ingresos. Para quienes tengan ingresos superiores a $320 mil se les cubrirá una proporción de la caída, la cual irá decreciendo. Además, se contempla realizar una reliquidación anual para aquellos que reciban beneficios en exceso respecto de sus ingresos anuales.
4. El mecanismo está pensado para que se haga de forma permanente para proteger este grupo de trabajadores, si es que se llegara a producir una emergencia de catástrofe en la que se producen caídas generalizadas en los ingresos.
5. El Fisco realizará un aporte fiscal con motivo de la crisis por un total de US$300 millones.
