MAGDALENA MARTÍNEZ
El Gobierno uruguayo presentó su principal proyecto, la Ley de Urgente Consideración (LUC), compuesta de 502 artículos que implican una profunda reforma del país. Con un formato polémico que se reserva para los temas de emergencia e incluye una aprobación automática a los 90 días, la LUC no está relacionada con la epidemia de coronavirus y obliga a un maratón de sesiones parlamentarias presenciales.
La coalición conservadora que preside Luis Lacalle Pou considera que la tramitación no debía demorarse a causa de la covid-19 por ser un compromiso electoral y por la urgente situación que enfrenta el país en temas como la inseguridad pública o el equilibrio fiscal. Así, varios capítulos de la reforma incluyen el refuerzo de las potestades de las fuerzas del orden y endurecen el código penal, especialmente para los menores de edad. En el plano económico, la LUC establece una nueva regla para el gasto público (o regla fiscal) más estricta que la actual, disminuye el número de funcionarios del Estado y cambia el funcionamiento de las empresas públicas que controlan sectores clave como la electricidad, el agua, los combustibles o las telecomunicaciones.
Según la exposición de motivos del oficialismo, la LUC tiene, entre otros, “por objeto principal establecer una serie de normas legales a los efectos de restablecer, en el menor plazo posible, las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica de las personas que habitan nuestro país”.
En cuanto a los cambios en materia económica, se señala la necesidad de imponer “un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo”. “No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado”, señala el texto.
Pero la LUC es mucho más amplia y supone la derogación de más de 60 leyes adoptadas durante los 15 años de gobierno del izquierdista del Frente Amplio. Así, cambia normas que regulan el sistema de educación pública, se abre un debate sobre las jubilaciones, se cambia la ley de inclusión financiera y se abarcan temas tan dispares como la creación de un registro de violadores o la modificación de la política de áreas protegidas por razones medioambientales.
Los primeros casos de coronavirus en Uruguay llegaron a mediados de marzo y desde el 12 de ese mes se declaró la emergencia y se dispuso una cuarentena voluntaria que ha paralizado la actividad casi por completo. El confinamiento temprano parece haber contenido el contagio de manera exitosa, hasta ahora se registran 12 muertes (al 24 de abril) y el sistema de salud no da señales de colapso. Pero la economía sí está duramente afectada, con miles de personas desempleadas y pronósticos sombríos para las empresas. Aunque los primeros datos de las exportaciones de materias primas son relativamente positivos, ya que Asia reanudó sus compras, la economía uruguaya y su equilibrio fiscal se sustentan en el consumo interno, que está desplomado y sin fecha de reactivación.
En este contexto, el Congreso ha quedado sumergido en un maratón legislativo que tuvo el pistoletazo de salida el pasado jueves 23 de abril y llevará a sesiones de trabajo presenciales de 9.00 a 18.00 de lunes a jueves en ambas cámaras (Diputados y Senadores, según la fase de tramitación) y decenas de comisiones que se desarrollarán en el Palacio Legislativo y sus dependencias. El parlamento uruguayo no puede tomar decisiones o realizar votaciones a distancia porque para ello tendría que modificar su reglamento y tener tecnología adecuada, algo que podría hacerse en el transcurso de la tramitación de la LUC, según avanzaron legisladores oficialistas, que presentaron una propuesta en este sentido esta misma semana.
Las fotos de los últimos días muestran a los diputados y senadores cubiertos con mascarillas o con protectores faciales, guardando una distancia de varios escaños entre unos y otros. Con una media de edad de 60 años, el Senado tiene una importante población de riesgo con casos de octogenarios. La situación entre los diputados es algo mejor, con una media de edad de 50 años.
A pesar de que la coalición de derechas que gobierna el país tiene la mayoría, la LUC ha llegado al parlamento sin que se cerrara un acuerdo entre los propios partidos que la componen, así que se esperan negociaciones que podrían suponer cambios en entre 50 y 100 medidas.
La oposición del izquierdista Frente Amplio (FA) rechaza la tramitación de urgencia y en bloque de las reformas gubernamentales. Los legisladores van a plantear que la LUC es inconstitucional por su extensión y porque no se justifica el mecanismo de aprobación tácita que requieren los momentos de emergencia.
La senadora del FA, Lucía Topolansky, señaló que "no hay antecedentes de que hubiera una ley de urgente consideración de tanta cantidad de artículos” en Uruguay, y considera que la LUC plantea “un antecedente peligrosísimo” ya que si “transcurren los cinco años, un partido 'X' gana las próximas elecciones, tiene sus mayorías y manda una ley de urgente consideración de 3.000 artículos, se acabó el Parlamento”.
Pero en esta etapa, la oposición tiene pocas o nulas posibilidades de frenar la ley, ya que el oficialismo tiene mayoría en las dos cámaras. Sectores del Frente Amplio plantean hacer una campaña de recolección de firmas para convocar un referéndum revocatorio y anularla en bloque una vez sea aprobada.
Organizaciones de todo tipo han expresado sus críticas hacia la LUC. Por ejemplo, Unicef considera que el proyecto de ley contradice los principios internacionales de protección de los derechos humanos y de los niños, ya que aumenta las penas de prisión para los menores de 2 a 10 años y elimina el régimen de semi libertad, entre otros. Según un documento de Unicef enviado a los parlamentarios, el oficialismo no tiene en cuenta la clara disminución de la participación de los adolescentes en los delitos que se viene registrando en los últimos años.
En otro ámbito totalmente distinto, juristas advierten contra los cambios de la actual Ley de Inclusión Financiera votada por el Frente Amplio para obligar a que los pagos de sueldos y otras transacciones se hagan por medios electrónicos. La LUC deroga esas disposiciones y autoriza las compras de bienes en efectivo con transacciones de hasta 10.000 dólares; Además, rebaja los mecanismos de control a los que estaban sometidos los actores de la cadena de pagos. En este contexto, Uruguay podría volver a estar en la mira de organismos como la OCDE, que en el pasado situaron al país en su lista gris.
La situación es tensa con la central única de trabajadores, el PIT-CNT, ya que la LUC restringe ciertos capítulos del derecho de protesta y al tramitarse en plena epidemia de la covid-19, los sindicatos tendrán poco margen para movilizarse.
