La joya del Estado argentino, YPF, está hoy en una situación difícil. Y si las circunstancias no mejoran (lo más probable), la estabilidad de la principal empresa del país dentro de la economía real podría tornarse muy grave. Y, en el largo plazo, terminal.

Todo dependerá de la evolución de la cuarentena, del grado de profundidad de la depresión de la economía argentina y de si el país entra o no en default con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera. La petrolera de bandera sufre, como el resto de las compañías del sector en todo el mundo, de la demolición del precio del petróleo; y del derrumbe de su valor como empresas; con una valoración de mercado cercana a los u$s1.000 millones, mucho menos que la deuda que la empresa tiene en la actualidad. Y muchísimo menos que los juicios internacionales que la amenazan.

La primera amenaza inminente es obvia: el precio del barril de petróleo Brent está en niveles de default mundial, impidiendo que la propia actividad petrolera sea negocio. De no mejorar la valuación del commodity, ni YPF ni ninguna compañía de combustibles del mundo será rentable este año. Y, en consecuencia, su ingreso en crisis o su rescate dependerá de las espaldas de los socios de esas compañías. En el caso de los privados, dependerá de la voluntad de ampliar capital, de inyectar dinero o de rescatar acciones.

En el caso de petroleras públicas o mixtas (como YPF), la respuesta está en la voluntad del Estado. La situación local se complica por la aplicación de la política del “barril criollo” que le garantiza a las provincias un valor mínimo del barril, que actualmente se encuentra entre 45% y 50%, cuando la cotización del Brent de referencia se encuentra navegando más cerca de los u$s20 que de los u$s25. 

Esto quiere decir que, hoy por hoy, la petrolera le debe garantizar a las provincias un subsidio de la mitad del valor del barril y, según los cálculos de la propia empresa, no podría garantizar un valor del barril local de más de u$s35 a u$s37, y únicamente para empatar la ecuación. Salvo que la cotización mundial del Brent mejore sustancialmente y el porcentaje de exportación de YPF aporte soluciones vía divisas. Algo que, mientras continúe la pandemia, parece lejano.

En poco tiempo Alberto Fernández tendrá que tomar una decisión: aplicar o no un primer rescate a YPF. y mantenerla o no en niveles sustentables para una empresa pública o privada. Dependerá si decide respetar los valores actuales del “barril criollo”. Si lo hace, se ganará la enemistad de muchos gobernadores de provincias petroleras, hoy aliados.

Si no lo hace, tendrá que echar mano al Tesoro Nacional y mantener el valor del “barril criollo” a 45 o 50 dólares, o reducir su valor a niveles más cercanos a los del mercado. Si la decisión es la de aceptar una reducción del precio del barril criollo, el problema lo tendrá con algunos gobernadores que sostienen que el dinero que reciben vía regalías es imprescindible para su supervivencia. En ambos casos, al final de la delgada línea decisoria, lo que tendrá que resolver Alberto Fernández es en qué dirección y con qué amplitud abre nuevamente las agotadísimas arcas del Tesoro Nacional. O si decide que sea la petrolera la que deba absorber los costos de sostener el barril ante un mercado internacional que no reacciona y que amenaza con continuar con una oferta controlada y a la espera de una recuperación del mercado imposible de prever en el tiempo.

Para el mediano plazo, hacia marzo del próximo año, el Presidente deberá resolver una situación aún más importante correspondiente a la petrolera de bandera. Si Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores de la deuda privada con legislación de Nueva York por u$s68.000 millones, y el país entra el default, todas las compañías de capital nacional (incluyendo las mixtas como YPF), tendrán serias (por no decir utópicas) dificultades para poder acceder a créditos internacionales. 

Esto implica que no habrá fondos para poder cubrir vencimientos de deudas ya emitidos y que deben cubrirse para que los propios privados no entren en default. Muchos menos se conseguirán fondos para inversiones en infraestructura. En el caso de YPF la situación empeora por una cuestión numérica: en marzo de 2021 la petrolera estatal debe hacer frente al vencimiento más importante de su historia, con pagos comprometidos por u$s1.000 millones.

La norma de civilidad de las compañías indicaría que ese dinero debería ser obtenido en los mercados voluntarios de deuda y, se supone, que para ese momento la situación del mercado petrolero mundial post-pandemia estará solucionado o en vías de llegar a la normalidad. Y, en consecuencia, con los precios del barril de petróleo algo más cercanos a la racionalidad que los de la depresión absoluta actual.

Sería el momento para que YPF vuelva a tomar dinero de los mercados para poder cubrir esa deuda, y continuar con sus planes de inversión a futuro; con el desarrollo de Vaca Muerta en el horizonte. Sin embargo, si el país ingresa en default por no haber llegado a un acuerdo con los acreedores, la posibilidad de tomar esos 1.000 millones del mercado se desvanecerá. La alternativa sería tomar ese dinero en el mercado local (difícil en el país de la post-pandemia); o, algo más lógico, que sea su principal accionista el que rescate a la petrolera. Debería aparecer entonces el Estado nacional con el dinero, cubrir la deuda y capitalizar el crédito o ejecutar un crédito de mediano o largo plazo.

El vencimiento será el 30 de marzo próximo. Pero también antes de esa fecha YPF debe hacerse cargo de saldar deudas por unos u$s300 millones. Es casi el mismo dinero que en los últimos tiempos se acumuló de pasivos provenientes de múltiples dependencias oficiales y los subsidios al transporte del AMBA; todas cuentas que durante la cuarentena tendrán la tendencia a profundizarse que a normalizarse.

Para el largo plazo las amenazas son mayores. Queda en los tribunales de Estados Unidos la definición de un megacausa heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años 60 y 70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año; pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey.

La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones. Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que los argumentos legales para defenderse son sólidos. Demandante y demandado esperan las definiciones del tribunal de Delaware, donde alguna vez el fondo buitre Elliott, de Paul Singer, llegó a perseguir a la Argentina en los años de Cristina Fernández de Kirchner haciendo presentaciones por la causa de la “ruta del dinero K”.

La causa comenzó hace 60 años, cuando se comprobó que Maxus Energy Corporation vertió en los años 50 pesticidas Dioxin, fabricados en la planta Diamond Alkali, en la ciudad Newark, en Nueva Jersey, fábrica que en esos momentos era de su propiedad. La denuncia la hizo el propio Estado local, al confirmarse que el río Passaic contenía este producto, altamente cancerígeno y uno de los más contaminantes de vías fluviales; y utilizado por los marines norteamericanos en la guerra de Vietnam.

El Diamond Alkali es uno de los componentes básicos del desfoliante Agente Naranja. Las primeras presentaciones datan de fines de los 60, pero fue luego durante toda la década del 70 donde el estado de Nueva Jersey profundizó las demandas. Ante el juicio, y por la mala imagen de la compañía, Maxus modificó su nombre rebautizándola Diamond Shamrock, empresa que luego fue vendida a Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. A fines de los ’80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

El caso continuó sin resolución durante décadas pero siempre estuvo activo. En 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, luego de la apertura de las acciones de la petrolera a los privados y durante la gestión de José Estenssoro como presidente de la compañía, compró Maxus por unos u$s762 millones con el objetivo de expandir a YPF dentro del mercado norteamericano. Y de allí convertirla en una empresa multinacional.

En 2012 (el mismo año de la renacionalización), la corte de Delaware falló en contra de Maxus y Tierra. Durante la gestión de Miguel Galluccio se ordenó un estudio puntual sobre la situación real de la petrolera y sus potencialidades cuyos resultados determinaron que lo mejor era el cierre de la empresa y su presentación en concurso. Galuccio dejó la conducción de YPF, pero el informe fue tan lapidario (Maxus no dio rendimientos en ninguno de los ejercicios en los que operó bajo el ala de la petrolera argentina), con lo que con la llegada de Miguel Angel Gutierrez como presidente de YPF se decidió avanzar con la quiebra definitiva.