MARCIAL GARCÍA

La crisis del coronavirus ha frenado en seco gran parte de la economía mundial y llevado a la mayoría de instituciones a ajustar sus previsiones de crecimiento de este año para el Perú. No todas manejan la misma cifra, pero coinciden en que atravesaremos una recesión, luego de acumular 21 años de expansión continua.

Las repercusiones del COVID-19 sobre la economía peruana son diversas. En primer lugar, se han hecho sentir en las cotizaciones de las materias primas.

El cobre -nuestro principal producto de exportación- ha perdido 20% de su valor desde mediados de enero por una menor demanda de China, Estados Unidos y Europa. Esa terrible caída condiciona el ingreso de divisas, la actividad económica, la recaudación fiscal y la viabilidad de nuevas inversiones mineras.

En segundo lugar, están las presiones sobre el tipo de cambio y el mercado bursátil. El dólar se disparó en marzo alcanzando picos de hasta S/3,57, su mayor nivel en los últimos 16 años.

Si bien ha vuelto a retroceder ante el paquete de estímulos económicos de la Reserva Federal, la volatilidad de la divisa norteamericana sigue siendo un dolor de cabeza. En tanto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en lo que va del año registra una pérdida de -30%, por la elevada incertidumbre.

Quizá lo que más preocupe sea el daño colateral de la cuarentena decretada por el Gobierno para contener la pandemia. La falta de ingresos por el prolongado confinamiento ha golpeado con fuerza las finanzas de hogares y negocios de todo tipo.

La parálisis del aparato productivo podría llevar a que el PBI se contraiga por primera vez desde 1998, al despido masivo de trabajadores y a una potencial ruptura de la cadena de pagos, que podría conducir a la quiebra a numerosas empresas con problemas financieros. Todo esto para no hablar de la posibilidad de que aumente la pobreza, que no luce nada remota.

Frente a todos estos riesgos, es sin duda una buena noticia que el difícil escenario coja al Perú con una solidez macroeconómica envidiable para enfrentarlos. Para acelerar la recuperación económica, el Ejecutivo ha encontrado una buena herramienta en la política fiscal.

Al igual que en muchos países en el mundo, se han otorgado facilidades tributarias para intentar aminorar el impacto en el empresariado y en los trabajadores. El objetivo es brindarles liquidez para que sobrevivan.

Entre las medidas de alivio figuran la prórroga del vencimiento de obligaciones tributarias, la devolución de impuestos, la liberación de detracciones, la reducción de intereses y la suspensión de sanciones y cobranzas.

La mayoría está dirigida a mantener a flote a las pequeñas y medianas empresas, descuidando a las que operan a mayor escala, pese a que también han sido afectadas.

Estas iniciativas deben ser complementadas con otras de mayor calibre, sin hacer distinción del tamaño de la compañía. Y acá el Gobierno tiene la oportunidad de hacerlo mediante la delegación de facultades. Si no se hace bien la tarea, reactivar los motores de la economía tomará más tiempo del debido.