JORGE LAPEÑA

El primer cuatrimestre de 2020 no es lo que parecía que iba a ser hace tan solo 100 días atrás; ni para Argentina, ni para el mundo. El Covid.19 –un verdadero cisne negro- introdujo en el mundo muerte descontrolada y al azar, y una fuerte recesión económica. La cuarentena trajo la caída de la demanda interna de bienes y servicios; la parálisis de la industria; el comercio; el transporte y los servicios.

La recesión económica es un fenómeno universal e incluye un derrumbe de la demanda de todos los energéticos; y de sus precios. El informe “Perspectiva Energética de Corto Plazo” publicado por el Departamento de Energía de los EE.UU el 7 de abril indica que el crudo WTI experimentó una caída del 50 % de su valor desde su cotización media en 2019 (57 u$s/b) respecto a los valores pronosticados para 2020. En EE.UU la baja en el precio del crudo se tradujo inmediatamente en disminuciones de 30% en la nafta y 18 % en el gasoil al público.

Una caída de precios y de demanda como el mencionado produce “urbi et orbi” ganadores y perdedores. Es obvio que la industria petrolera y su cadena de valor sufren; mientras el consumidor se beneficia de la baja de los precios en los países con mercados abiertos y competitivos. Los Estados están facultados -en emergencias- con políticas públicas para moderar ciertos impactos negativos en la cadena de valor para preservar el interés común.

Lamentablemente en Argentina a un problema global como el descrito, se le intenta dar una solución doméstica heterodoxa y poco transparente que tendrá como única víctima al consumidor sin que éste siquiera se percate. El mecanismo que se está implementando es la negociación cerrada entre “el grupo productor de petróleo” y el gobierno del Alberto Fernández. Es conocido que “el grupo” es pequeño y de gran fortaleza: está integrado por los gobernadores de Provincias petroleras nucleados en OFEPHI, los sindicatos petroleros, las empresas petroleras lideradas por YPF y otros actores menores.

Según ha trascendido los gobernadores proponen al Gobierno “negociar” un precio del crudo al que denominan “barril criollo” de 54 u$s/b, muy superior al precio internacional. Si bien ese precio es satisfactorio para los intereses de los solicitantes, será un “sobre precio” pagado por todos los consumidores argentinos que tendrá consecuencias para las economías familiares golpeadas, y también para la competitividad de la industria, el comercio y el agro nacional.

La solución en ciernes es presionar al gobierno para que fije “un precio de conveniencia” que minimiza los impactos de la crisis en “el grupo”, pero solventado por el resto de la economía. Se trata de un precio exorbitante y no justificado que surgirá en una “negociación” en la que el “universo consumidor/pagador” no estará sentado en la mesa de la negociación.

Es importante focalizar la “la mesa de negociación” de ese barril criollo. En una parte están los que piden: los gobernadores de las 8 provincias petroleras que no quieren resignar ingresos por regalías; los sindicatos petroleros que no admiten resignar ni puestos de trabajo ni remuneración de sus afiliados; las empresas petroleras que argumentan que no podrán sostener el nivel de actividad con esos precios de mercado. Del otro lado de la mesa está solo el Gobierno de Alberto Fernández.

Los que piden el “barril criollo” tienen un elemento en común: no quieren reducir nivel de actividad y se niegan a salir de su “zona de confort” lo que les permitiría continuar como si nada hubiera pasado. Pero si el Gobierno lo que busca es el consenso en una negociación asimétrica -donde no están representados los que pagan (los consumidores)- posiblemente termine repitiendo un caso similar al de “la compra de fideos en emergencia” y convalidando precios más altos que los de mercado en el marco de un gran escándalo nacional.

El gobierno debe entender que su función en la gran emergencia es regular para el petróleo un precio justo. Su función no es la negociación, sino la regulación de precios en situaciones extraordinarias como las actuales, tal como está previsto en el art. 6 de la ley de hidrocarburos 17319.

La regulación estatal del precio del crudo por cuenca debe tener como finalidad exclusiva retribuir costos de operación y mantenimiento para sostener un nivel de actividad de las empresas petroleras para abastecer una demanda fuertemente deprimida este año, sin despidos de personal en su planta operativa permanente. El Estado deberá atender a los reales costos de producción de cada cuenca en el momento actual y las empresas deberán presentar sus costos.

La regulación estatal de emergencia que propongo requiere como condición previa “sine qua non” la redefinición integral del Proyecto Vaca Muerta; y no se deberían mezclarse los problemas crónicos de este proyecto con los actuales de la explotación convencional en la pandemia.

Las provincias petroleras que sustentan gran parte de su presupuesto en la recaudación de las regalías, deberían canalizar sus requerimientos de equilibrio presupuestario por vía del Presupuesto Nacional con partidas compensatorias; y de ninguna manera presionar por precios en alza que perjudiquen a los consumidores que son sus votantes. Para ellas el “barril criollo” no resolverá el problema -como erróneamente creen- porque ha caído brutalmente la cantidad demandada.

Por su parte el Gobierno nacional debería ayudar exonerando el pago de los derechos a la exportación de crudo cuando existan excedentes exportables y se traduzcan en ingresos de u$s al país.